Las comunidades del norte se rebelan contra la orden que prohíbe cazar lobos en España

Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, que este martes han presentado sus correspondientes recursos a la orden que fija la protección especial del lobo ibérico, han apelado a la ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, a que “no tenga miedo” y dialogue con estas regiones sobre esa decisión.

Los consejeros de las cuatro autonomías, que aglutinan el 95 % de las manadas de lobos, han escenificado su unión en una rueda de prensa en Santander junto a representantes de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UPA y COAG, que han afirmado sentirse “engañadas” y han advertido de que se movilizarán en las calles.

Estas autonomías, que han solicitado medidas cautelares para suspender la eficacia de la norma durante la tramitación del procedimiento, consideran que la orden del Gobierno central que sitúa al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), está “repleta de incoherencias”, “falta de motivación científica” e, incluso, que va “en sentido contrario” de la normativa europea.

Por ello, pedirán una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para exponerle el “ataque” del Gobierno de España a la política europea de flexibilización y “como ha ido más allá de lo que la propia Europa quiere que se vaya”.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha acercado a saludar y apoyar a los consejeros y representantes de las organizaciones en esta primera reunión, ya que habrá más. “No es necesario recordar que nuestro objetivo no es acabar con el lobo, somos absolutamente respetuosos con la conservación de una especie de interés comunitario”, ha afirmado el consejero cántabro, Guillermo Blanco.

El titular de Ganadería de Cantabria ha destacado que no permitirán que “esa obligación” suponga “despreciar a los ganaderos”, que “tienen su forma de vida amenazada por la expansión del lobo y su aumento de población”.

Además, tanto él como sus homólogos han afeado, por un lado, que la ministra y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, digan que no se ha querido abordar el asunto, cuando las comunidades lo han reclamado en varias ocasiones, y también que hablen de “millones de euros” en ayudas al sector, cuando la memoria económica de la orden sólo recoge 25.010 euros.

Blanco también ha mostrado su “profunda decepción” con el ministro de Agricultura, Luis Planas. “Nos gustaría pensar que aún hay espacio al diálogo, pero no vamos a permitir más avasallamiento”, ha dicho.

Por parte de Galicia, Ángeles Vázquez ha reivindicado “justicia y coherencia” porque las comunidades autónomas que hoy se unen suman 7 millones de españoles, el 28 % de territorio del país y, además, ha reclamado “respeto” por el trabajo hecho hasta ahora para que el lobo pueda gozar en estos momentos de “buena salud”.

Tanto ella como el consejero asturiano han alabado los planes de gestión de las comunidades del norte, que deberían ser “referencia” y que han logrado un “equilibrio perfecto” pese a la difícil situación que supone la convivencia entre el lobo y el ganadero.

“Queda una larga batalla. No nos queda otro remedio y no nos dieron otra alternativa”, ha afirmado, afeando además que la orden del Ejecutivo no incluya un periodo transitorio.

El titular asturiano de Medio Rural, Jesús Calvo, lamenta haber tenido que llegar a esta situación “de gran inseguridad jurídica” y que ha paralizado las posibilidades de gestión de las comunidades, que cree que tienen “razones, documentación y fundamentos jurídicos”.

“Nuestra posición no puede ser caricaturizada ni trasladarse la imagen de que no somos responsables. (...) Si la gente del medio rural siente que no se les tiene en cuenta en las políticas que les afectan, tendríamos un gran problema”, ha opinado.

“Esta medida se carga el modelo que ha permitido alcanzar una población de lobo que es la envidia de muchos países”, ha asegurado el consejero castellanoleonés Juan Carlos Suárez. Y ha criticado que “por primera vez en la historia de la democracia” se haya tomado una medida de este tipo sin contar con los territorios afectados. “No se puede decidir de esta forma autoritaria y despreciando a los territorios, políticamente es insostenible”, ha subrayado.

El secretario general de UPA, Román Santallana, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y la responsable de ganadería de COAG, Charo Redondo, han valorado y agradecido el apoyo a los cuatro consejeros. Respecto al Ministerio, se sienten “muy defraudados y engañados” y, además de apuntar a sus responsables, también creen que el presidente, Pedro Sánchez, es responsable.

“Mucha España vaciada, pero las medidas van en contra de la España rural”, ha afirmado Barato, al igual que Redondo, quien reprocha al Gobierno que lo “están vaciando ellos mismos”. Las organizaciones creen que el Ministerio aún está “a tiempo de volver para atrás y dialogar”, pero han advertido de que se movilizarán si hace falta.

Santallana ha avanzado que tienen que explicar mejor a la sociedad lo que está ocurriendo con el lobo para que ayude a los ganaderos y ha lamentado que Ribera “se haya apoyado en el ala más talibán del ecologismo español”. En su opinión, las movilizaciones “no se pueden hacer demorar”. Efe