Muface tendrá que subsistir con un alza mínima de tarifas

El Ministerio de Hacienda autorizará un importe de 3.521,7 millones de euros para el nuevo convenio de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) de cara al periodo comprendido entre 2022 y 2024, con el que se despliega la prestación sanitaria a funcionarios de la Administración General del Estado al margen del sistema público de salud. Con esta decisión, que, previsiblemente será aprobada hoy en la sesión del Consejo de Ministros, el Gobierno intenta “salvar” el modelo, que integra también la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), y que permite que se celebren conciertos con aseguradoras para dar cobertura sanitaria en centros privados a los funcionarios.

En concreto, y como adelantó LA RAZÓN hace unos días, se estipula un aumento del 8% para el año que viene, que se elevará al 8,75% para 2023 y al 10% en el tercer año (2024) con relación a la prima del ejercicio 2020-2021. Incrementos que son justificados por el aumento del número de mutualistas, al envejecimiento del colectivo y la inclusión de nuevas prestaciones comunes al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Sin embargo, esta subida es considerada “insuficiente con objeto de adecuar la remuneración en la prestación de estos servicios”, en opinión de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). El motivo que alegan es que “las condiciones deficitarias actuales de remuneración hacen insostenible la colaboración del sector privado en una situación de grave tensión entre las tarifas del concierto y los costes, tanto de la provisión de material sanitario como del mantenimiento de los profesionales adecuados”. Los datos que aportan para sustentar esta afirmación están incluidos en un informe sobre el impacto del cambio de modelo de las mutualidades que ha elaborado la Fundación IDIS.

De acuerdo con sus cifras, el ahorro que se genera por cada mutualista para las arcas públicas es mucho mayor cuando la prestación se realiza a través de la Sanidad privada. En concreto, la prima media en el modelo es de 917 euros anuales por cada asegurado. El gasto sanitario público per cápita es, en cambio, de 1.368 euros, lo que suponen 451 euros más por persona.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra (Unidas Podemos) ha trasladado al departamento de Hacienda unas observaciones críticas, tanto a la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos. Entiende que dicha explicación «no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo de Gobierno».