El PP pide a Darias que explique en el Congreso la compra de test en la sexta ola

Nueve días antes de fijar el precio máximo en 2,94 euros Sanidad adquirió cinco millones de pruebas rápidas a 3,1

Una farmacia del centro de Barcelona anuncia la venta de test de antígenos
Una farmacia del centro de Barcelona anuncia la venta de test de antígenos FOTO: Alejandro García EFE

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia de la ministra Carolina Darias ante la Comisión de Sanidad para que rinda cuentas sobre la compra de test de antígenos realizada por el Gobierno durante esta sexta ola de la pandemia de Covid-19. La petición se produce después de semanas de desabastecimientos y precios desorbitados en el mercado en plena explosión de contagios de la enfermedad, y después también de que trascendiera que el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), adquirió cinco millones de pruebas a la multinacional farmacéutica Abbott por un importe de 15,5 millones de euros –a razón de 3,1 euros cada una–, a través de un contrato que arroja numerosas sombras. La adjudicación se materializó el 5 de enero de este año, apenas ocho días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su intención de rebajar el precio de los test de autodiagnóstico, y nueve días antes de que el propio Ejecutivo, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, acordara un importe máximo de venta final para este tipo de productos sanitarios de 2,94 euros.

Como publicó ayer LA RAZÓN, Sanidad ha vuelto a utilizar en esta compra de pruebas diagnósticas de la covid un procedimiento negociado sin publicidad acelerado, el mismo exactamente que empleó en decenas de contratos suscritos durante los estados de alarma, con Salvador Illa como ministro, y que tantas críticas recibieron por su opacidad, la falta de concurrentes –en algunos casos, con omisión de las direcciones sociales de los mismos–, los sobreprecios abonados y el retraso de meses en su comunicación pública a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El anuncio de adjudicación correspondiente a este contrato de compra de test de antígenos incurre en una seria contradicción con este último. El Gobierno hace constar en dicho anuncio, publicado en la Plataforma de contratación del Sector Público el 11 de este mes a las 16:44 horas, que la presentación de la oferta fue «manual», que sólo hubo una oferta recibida y que ésta no procedía de ninguna pyme, por lo que la multinacional Abbott sería la única empresa que acudió al proceso en el que resultó adjudicataria, una tónica común a decenas de compras de material sanitario durante las primeras olas de la pandemia, dando lugar a fuertes críticas. Sin embargo, en el contrato suscrito el 5 de enero entre Belén Hernando Galán, por parte del Ingesa, y José Antonio Leal, por parte de Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L., el Gobierno subraya que «la selección de la oferta más ventajosa se ha realizado a partir de las ofertas recibidas de distintas empresas del sector, facilitadas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, una vez fomentada la concurrencia entre, al menos, siete empresas». Sin citar cuáles, añade que «para la selección de la oferta más ventajosa llevada a cabo por el órgano de contratación, a partir de la propuesta de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, se han tenido en cuenta criterios de disponibilidad inmediata y precio, por lo cual el producto seleccionado se detalla en el antecedente administrativo siguiente».

La cuestión del precio también ha causado sorpresa en el sector desde que empezaron a conocerse los detalles de la operación. De acuerdo con el contrato, el objeto es el suministro de cinco millones de test de detección rápida de antígeno de SARS-CoV-2 Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device Nasal 25/ NS (ref. 41FK11) y las estimaciones de entrega son de dos millones de unidades en la semana del 10 de enero; un millón en la del 17; otro en la del 1 de febrero y otro más en la del 7 de febrero. El importe máximo es de 15,5 millones de euros, con un IVA del 0%. Esto significa que por cada uno de estos test Sanidad pagará 0,16 euros más que los 2,94 euros impuestos a las farmacias como precio de venta tope a los ciudadanos. Si se aplicara este último precio a la compra efectuada por Sanidad, el coste total para el Estado habría sido de 14,7 millones de euros, 800.000 euros menos.

Sin embargo, fuentes sanitarias matizan este dato, ya que la rebaja aprobada por Sanidad se aplica a los test de autodiagnóstico y a los test profesionales de autodiagnóstico que se autorizaron a comercializar a las farmacias, y los adquiridos a Abbott son test profesionales a secas, dirigidos en principio a su uso en centros de salud. Según las mismas fuentes, ambos tipos son muy parecidos. De hecho, la fiabilidad es la misma. Sin embargo, a los segundos se les exigen mayores controles. No serían así comparables con los comercializados por las boticas o los comercios de otros estados.