Cada trabajador con covid está de baja una media de 15 días

El «tsunami» de bajas laborales desatado en España en estasexta ola de la pandemiamarcada por la variante Ómicron no sólo amenaza el funcionamiento normal de las empresas y los servicios esenciales como la Sanidad y la Educación por el elevado número de partes que se están tramitando desde los centros de salud –más de 570.000 sólo el pasado diciembre–, sino también por la duración que arrastran los procesos.

Desde que se inició esta grave crisis de salud pública en nuestro país, en marzo de 2020, hasta la actualidad, la duración media de las bajas finalizadas de incapacidad temporal por Covid-19 se sitúa en más de dos semanas. En concreto, alcanza 15,41 días. Se trata del tiempo que el trabajador tarda en regresar a su puesto de trabajo desde que arroja positivo en un test o en una PCR y recibe la consiguiente baja laboral.

Según los datos en poder de las mutuas de accidentes de trabajo, cuya población protegida es de alrededor de 14,52 millones de trabajadores, durante el primer año de la pandemia en España la duración media de las bajas fue de 16,33 días de media por persona de baja.

En ese tiempo, el coste para las arcas públicas de los 2,46 millones de bajas tramitadas fue de más de 1.711 millones de euros, cantidad que no incluye el gasto directo en el que tuvieron que incurrir las empresas ni el de los bienes y servicios que pudieron dejarse de producir por parte de las mismas. En 2021, el segundo año de la pandemia, la duración de las bajas laborales se ha reducido algo con respecto al primero, pero no tanto como hubiera podido esperarse a la vista de la amplitud del proceso de vacunación.

Las estadísticas de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social muestran que la duración media en este último año ha sido de 14,43 días, a falta de los datos cerrados de diciembre, 1,9 días menos que hace dos años. El coste público también se ha reducido, situándose en alrededor de 1.343 millones de euros, correspondientes a los más de 2,1 millones de bajas tramitadas, a falta de los datos cerrados de un mes que batió todos los récords de incapacidades temporales por covid coincidiendo con las fechas navideñas.

De todos los meses transcurridos de pandemia, el que registra las bajas más prolongadas fue junio de 2020, cuando se prolongaron casi 41 días –40,97, exactamente–. En los meses anteriores, en pleno estallido de la covid en España, la duración fue muy inferior. En el fatídico marzo de 2020, duraron 10,27 días de media; en abril, 20,83 días, y en mayo, 29,48 días. En 2021, sólo en dos meses las bajas sobrepasaron una duración de 20 días.

Curiosamente, fue antes de iniciarse la vigente sexta ola. En septiembre, los procesos finalizaban de media a los 22,64 días de iniciarse, mientras que en octubre llegaron a rozar los 28 días, para descender después en noviembre, justo el mes en el que llegó a España la variante Ómicron del virus, que ha multiplicado las infecciones al ser mucho más transmisible que su antecesora, la variante Delta. El coste conjunto de ambos años para el Estado supera holgadamente los 3.055 millones de euros.

Con respecto precisamente a las bajas, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó ayer que ya están «empezando a declinar» tras los picos alcanzados por los contagios por la variante Ómicron.

En rueda de prensa para presentar el avance de datos de afiliación de enero, Escrivá reconoció que, aunque los datos de incapacidades temporales no se actualizan de una forma tan ágil como otros sí que se perciben descensos en un conjunto amplio de sectores y en muchas comunidades autónomas. «Estamos por detrás de los máximos de forma generalizada», apuntó Escrivá.

El ministro aludía así a la discordancia entre las cifras de procesos de incapacidad temporal correspondientes al mes de diciembre recabadas por la Seguridad Social y las difundidas un día después por las mutuas de accidentes de trabajo, muy superiores a las primeras.

El aluvión de bajas a finales del pasado año y la falta de iniciativa por parte del Gobierno para desatascar los centros de salud del colapso burocrático que origina su tramitación ha llevado a numerosas autonomías a improvisar en los que llevamos de años medidas propias que, además, alivien la situación de empresas y sectores esenciales, que han perdido numerosos efectivos.

Por ejemplo, las residencias de mayores aseguran que una de cada cinco empleados de sus plantillas se encuentran en situación de baja, alcanzando este porcentaje el 28% en comunidades como Cataluña, según los datos de la patronal.