Los recortes sanitarios a los funcionarios de Muface ponen en alerta al Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado actuaciones de oficio con las mutualidades de funcionarios civiles de funcionarios del Estado, administración de Justicia y Fuerzas Armadas (Muface, Mugeju e Isfas), con el fin de recabar información acerca de los recortes detectados tras la firma del nuevo concierto con aseguradoras privadas para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas y sus beneficiarios. En un comunicado, el Defensor asegura que también quiere conocer el seguimiento que están llevando a cabo las mutuas para garantizar la continuidad asistencial que contempla el acuerdo firmado con los grupos privados.

“Según los datos de los que dispone el Defensor del Pueblo, las entidades privadas están dando de baja a médicos y hospitales, que atienden a los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas. Esta situación estaría afectando sobre todo a las especialidades de oncología y psiquiatría, así como a los servicios de diálisis”, afirma. Su actuación se produce después de la denuncia formulada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a raíz de estos recortes.

Como informó ayer LA RAZÓN en su edición digital, la organización que dirige Miguel Borra ha destapado que se ha producido “una pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción definitiva de la cartera asistencial”. CSIF denuncia además las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos en Hospitales Madrid, “que, a partir de ahora, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales. En muchos casos, después de años siendo tratados por el mismo equipo médico, tienen que buscarse otras alternativas, con las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad”.

En un escrito remitido a las tres mutualidades, el Defensor afirma que “dichos recortes suponen una pérdida en la continuidad asistencial y generan incidencias en la asistencia sanitaria. Así, al dejar de ofrecerse determinados servicios, los mutualistas afectados no podrán acudir a sus revisiones médicas en sus centros habituales, con las implicaciones que ello supone para el seguimiento de su enfermedad”. La institución recuerda además a las mutuas su obligación de velar por los derechos de los titulares y beneficiarios adscritos, y de garantizar una asistencia sanitaria con el mismo nivel de calidad que la sanidad pública.