La Guardia Civil desmantela en el País Vasco una trama que trasladaba residuos peligrosos a África

- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al traslado ilícito de residuos de todo tipo hacia diversos países del continente africano: Nigeria, Ghana y Guinea Ecuatorial fundamentalmente. Como consecuencia de la operación, se ha detenido e investigado a 18 personas cuyo entramado estaba perfectamente asentado en nuestro país desde hacía años.

Fruto de las labores que lleva a cabo el SEPRONA en materia de traslados transfronterizos de residuos, los investigadores detectaron varias parcelas valladas en las afueras de la localidad de Vitoria (Álava) donde se acopiaban grandes cantidades de todo tipo de residuos en distintos grados de conservación, entre los que destacaban neumáticos a final de su vida útil, vehículos a motor, bombonas de gas, y una gran cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Tras las primeras investigaciones se constató que un grupo de personas de origen africano estaban sacando del circuito legal cantidades ingentes de residuos, principalmente eléctricos y electrónicos, los cuales eran acopiados en distintas localizaciones a la intemperie, para posteriormente ser estibados sin ningún tipo de seguridad en contenedores de transporte marítimo para su exportación al continente africano. Los residuos eran declarados como artículos de segundo mano para poder eludir los controles aduaneros y poder así ser transportados a África como chatarra electrónica.

Desde el País Vasco, los residuos eran introducidos en grandes contenedores de transporte marítimo y conducidos por carretera en camiones hasta el puerto de Bilbao. Al mismo tiempo, de manera fraudulenta, se formalizaban las autorizaciones de salida a través de la Aduana de Almería. Esta descentralización en las operaciones aduaneras dificultaba en gran medida que la mercancía fuese fiscalizada, saliendo sistemáticamente todas las semanas desde Bilbao sin ser inspeccionados los contenedores.

Los residuos salían de España como aparatos de segunda mano, cuando en realidad se trataba de residuos que no habían sufrido ningún tipo de transformación previa. De esta manera el beneficio de la organización criminal era doble, toda vez que a la supresión de los gastos derivados de la gestión de los residuos se sumaban los ingresos. Se destacan los más de 500.000 kilos de RAEE, por los gases contaminantes que la mayoría contiene en su interior.

La Guardia Civil ha realizado siete registros a distintas sociedades mercantiles y naves en toda España. La investigación arroja resultados de los últimos cuatro años, si bien, se han obtenido indicios de que el grupo criminal vendría realizando estas operaciones de exportación desde al menos hace nueve años, por lo que la investigación continúa abierta.

De los registros practicados se detectaron cantidades ingentes de distintos tipos de residuos peligrosos listos para ser enviados a la costa africana. Entre los residuos detectados, cobran mayor relevancia las cerca del millar de bombonas de gas butano y propano almacenadas en dos naves y en sendos contenedores de transporte marítimo. Dichos contenedores fueron retenidos en el puerto de Bilbao cuando iban a ser cargados en un barco para su salida de España rumbo a África.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº4 de Vitoria-Gasteiz (Álava) e impulsada por la Sección delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Vitoria (Álava).

La operación ha contado con la colaboración de la Agencia Tributaria, el Órgano de Inspección de Residuos del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava, el Ayuntamiento de Arrigorriaga, el Cuerpo de Bomberos de Bizkaia, S.O.S Deiak y la Policía Local de Vitoria entre otras.

Se ha contado también con la colaboración de EUROPOL e INTERPOL en el análisis de las comunicaciones y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones con otros países, movimientos de divisas e información de envíos; así como con la colaboración de la Subdirección General de Economía Circular del MITERD (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) en equipos de trabajo conjuntos encaminados al estudio sobre la ilegalidad de los envíos.