Máximo histórico de condenas por violencia de género: las víctimas crecen un 9,3%

El número de mujeres víctimas de la violencia de género ha superado en 2021 las 159.300, lo que supone un aumento del 9,3%, con respecto a 2020, cuando se contabilizaron 145.731. Además, las denuncias experimentaron también un crecimiento el año pasado, en este caso de un 8%, al contabilizarse un total de 162.848, es decir, una media de 446 diarias, en 2021 frente a las 150.785 denuncias que se habían presentado un año antes.

Así lo recoge el Informe anual sobre violencia de género hecho público este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que señala que esta tendencia al alza observada en los principales marcadores de la violencia machista desde el levantamiento del estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19, se ha mantenido de forma sostenida a partir del segundo trimestre de 2021, lo que ha supuesto volver a cifras anuales similares a las de 2019.

Sobre las denuncias, el texto indica que el 73% fueron presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se situaron en el 13,7% de los casos, mientras que el número de denuncias presentadas por familiares de la víctima se mantuvo un año más en niveles muy bajos (1,56%), al igual que los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado (8,3%).

Del mismo modo, el CGPJ destaca que 10 de cada 100 mujeres renunció a declarar contra su agresor. En concreto, 15.720 casos la víctima de violencia de género se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje del 9,8% en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género y es cifra algo inferior a la registrada en 2020, en la que la tasa de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa fue de 10,2 por cada 100.

En este sentido, el informe indica que, durante 2021 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 43.736 órdenes de protección. De ellas, 37.270 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 6.466, por los juzgados de guardia. Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 31.212, lo que supone siete de cada diez órdenes solicitadas (71,3%), un porcentaje muy similar al de 2020, en el que las órdenes de protección acordadas.

Y, en materia de sentencias, el CGPJ indica que el 75,6% de estas fueron condenatorias, lo que ha supuesto un nuevo máximo histórico.

En concreto, el estudio señala que de las 54.318 sentencias dictadas, 41.073 fueron condenatorias y 13.245 (el 24,3 ), absolutorias. Así, explica que el mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo un año más en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 89,2% (casi un punto porcentual más que en 2020) y en las audiencias provinciales, con el 76,1%. Del mismo modo destaca que el porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situó en el 65,4%.

Por otras parte, el Observatorio recoge como un dato “muy significativo” el que se refiere a las medidas civiles dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos de las víctimas, que reflejan las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Así, durante 2021, los órganos judiciales adoptaron 2.008 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 137 % más que en 2020. En este sentido, señala que, en el último trimestre del año pasado, el incremento superó el 400 por cien.

Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (23.834), que representaron el 69,1% del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas y la prohibición de comunicación (22.414), un 65,7%. Si bien el conjunto de medidas penales dictadas disminuyó un 2,65% con respecto a 2020 y el porcentaje de órdenes de alejamiento y prohibición de las comunicaciones sobre el total de las medidas acordadas se mantuvo estable. Sí aumentó, según el informe, en un 137% la suspensión del régimen de visitas.

Además, los órganos judiciales dictaron 16.973 medidas cautelares civiles (un 10,3% más que en 2020), cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.539), que representaron el 19,9% del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (4.711), el 16,8%.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, asegura que los datos correspondientes a 2021 y a su cuarto trimestre ponen de manifiesto la mayor protección de la que gozan los hijos de las víctimas de la violencia machista tras la entrada en vigor, el pasado año, de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Según ha explicado, el año pasado fue “especialmente duro en lo que se refiere al número de menores asesinados”, que ascendió a 7 y supone más del doble que en 2020 y en 2019.

A su juicio, los datos que desde 2003 recaba el Observatorio no han dejado de poner en evidencia que la ruptura de la relación de pareja, e incluso el mero anuncio por parte de la mujer de su intención de separarse, es un factor que aumenta el riesgo para las víctimas de la violencia de género y para sus hijos. Es por este motivo que Carmona valora de forma “muy positiva” el aumento de la medida consistente en la suspensión del régimen de visitas, que en 2021 fue adoptada por los jueces de los juzgados de violencia sobre la mujer en 2.008 casos, frente a los 847 de 2020.

En relación con la imagen que muestran los indicadores de la violencia de género en 2021, la presidenta del Observatorio ha insistido en dos aspectos que son fundamentales: el apoyo a las víctimas por parte de aquellas personas que conforman su entorno más cercano, un respaldo dirigido a evitar el completo aislamiento de estas mujeres y a dirigirlas hacia la única salida posible de la situación de violencia, que es la denuncia. “Sólo así se pondrá en marcha la maquinaria de la Administración, cuya doble finalidad es proteger a la víctima y someter al agresor a la Justicia para que ningún acto de violencia machista pueda quedar impune”, ha declarado.

El segundo aspecto, según ha indicado, es el de la educación en valores que permitan a los niños “crecer en una sociedad donde primen la igualdad y el respeto”. “Esta tarea incumbe a todos, administraciones y empresas, ya sean públicas o privadas, colegios, universidades, medios de comunicación”, ha indicado.

“El reto de la educación se antoja cada vez más importante dado el aumento de la violencia de género en parejas jóvenes e incluso adolescentes”, ha indicado también la presidenta del Observatorio, quien ha recordado que, según los estudios realizados por el CGPJ suman casi medio centenar las mujeres menores de 21 años asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, informa Ep.