Los sindicatos denuncian el maltrato a los investigadores

Las calles de Madrid vivieron ayer otra concentración: la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reunió frente al Ministerio de Ciencia e Innovación a cientos de manifestantes para reclamar al Gobierno garantías para la financiación de la investigación y la carrera profesional del personal técnico, de gestión y laboral investigador.

El sindicato teme que los escasos recursos que se destinan en estos momentos a ese sector sean recortados con las nuevas medidas económicas, sobre todo, las condiciones laborales. En el caso de ayer, la futura ley de Ciencia, actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso, no contempla esa carrera profesional. Y exige que sea el propio Estado quien explote y se beneficie de los resultados de la actividad investigadora que se genere con personal y fondos públicos.

Desde CSIF se han planteado enmiendas a esta norma para mejorar la carrera profesional y la financiación de la actividad investigadora en nuestro país, propuestas que han sido trasladadas a los diferentes grupos parlamentarios para que tomen como prioridad para el sistema español de ciencia, tecnología e innovación (Secti) que la ley contemple la carrera profesional para el personal técnico y de gestión de una manera similar a la que ya reconoce la propia ley para el personal investigador.

Este personal, mayoritario en las plantillas de muchos centros de investigación públicos y responsable de las tareas de gestión y apoyo a los investigadores, sigue sin ver reconocida su carrera profesional lo que, para CSIF, es discriminatorio.

Para el sindicato, es el momento de visibilizar su trabajo y exigir dicha carrera.

Asimismo los concentrados ayer no consideran lógico que la inversión pública en ciencia genere al final beneficios para el sector privado. La futura ley de la Ciencia «debe garantizar que el Estado tenga participación en los beneficios que se puedan generar en la forma que reglamentariamente se determine», aseguran desde el sindicato.

Respecto al empleo, esperan que se garantice la financiación para las líneas de investigación con el objetivo de favorecer también la estabilidad en el empleo. Solamente así el nuevo contrato de actividades científico-técnicas que prevé la ley «será de verdad un contrato indefinido y no un contrato por obra o servicio (derogado por la Reforma Laboral) camuflado».

En paralelo, el secretario de Acción Sindical del CSIF, Francisco Lama,se reunía con la secretaria de Justicia y Función Pública del PSOE, Llanos Castellanos, para intentar fortalecer los servicios públicos, en especial los sanitarios y científicos, y que no salgan perjudicados de esta situación con «eventuales recortes».

El sindicato aboga por realizar un plan de recursos humanos para mejorar las plantillas, eliminar la tasa de reposición de vacantes, desarrollar las ofertas de empleo público, culminar la estabilización de plazas interinas, mantener el mutualismo administrativo y avanzar en la recuperación del poder adquisitivo «en un plazo razonable».