El 50% de los funcionarios sufre recortes sanitarios por la asfixia financiera de Sánchez a las mutuas

El pasado mes de febrero el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, decidíaactuar de oficio con las mutualidades de funcionarios, con el objetivo de obtener información sobre los recortes detectados tras la firma del nuevo concierto con las aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria a los mutualistas y sus beneficiarios. Recortes que llegaban a afectar incluso a pacientes oncológicos.

Ahora, son tres organizaciones, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil quienes han entregado miles de quejas al Defensor del Pueblo antelos recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (Isfas) en toda España. Quejas que también harán llegar a las tres mutuas. “Hemos perdido especialidades en distintos ámbitos, se han reducido nuestros cuadros médicos, se han retirado grupos hospitalarios de asistencia, hemos tenido problemas de autorización ante intervenciones médicas y, en definitiva, se ha reducido la cartera asistencial”, ha denunciado el presidente de CSIF, Miguel Borra

Y es que, según los datos recabados por estas tres organizaciones, tras realizar 5.000 encuestas, el 50% de los funcionarios han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14 por ciento ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médicao por continuar recibiendo un tratamiento. Si hablamos de la pandemia, un 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección de covid.

Esta pérdida de médicos o especialidades en algunas localidades conlleva un mayor número de desplazamientos en busca de atención sanitaria y, por ende, un aumento de las listas de espera. Las áreas más afectadas, según las quejas de los funcionarios, son las de Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.

Recortes a los pacientes oncológicos

Pero son los pacientes oncológicos quienes han sufrido un revés más duro. Tal y como informó este diario, son muchos los enfermos de cáncer que sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales y tendrán que buscar otras alternativas, después de haberse tratado durante años con el mismo equipo médico. A su delicado estado de salud hay que sumar ahora la incertidumbre que genera este tipo de cambios en el seguimiento de su enfermedad.

Ante esta situación, CSIF, Jupol y Jucil no descartan emprender acciones jurídicas por “el incumplimiento” de la continuidad asistencial que establecen los conciertos. Además, han anunciado la convocatoria de protestas ante la merma de derechos sanitarios, cuyo origen no eso otro que la infrafinanciación por parte del Estado. En este punto, hacen hincapié en que “el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia, como sí se ha hecho en el caso de las comunidades autónomas”. Sea como fuere, la primera de las protestas será el próximo 18 de abril a las 12:00 horas, ante la Dirección General de Muface.

Asfixia financiera del Estado

Pero más allá de esa asfixia financiera provocada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, las tres organizaciones exigen a las mutuas que “tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia” del número total de afectados por estos recortes. Además, exigen que se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria.

Ya en el caso concreto de los pacientes de cáncer, solicitan a las mutuas que faciliten el número de personas atendidas por esta enfermedad en 2021 y cuántas de ellas siguen en tratamiento. Y finalizan exigiendo una solución efectiva para aquellas personas que a día de hoy no están en tratamiento, pero requieren de revisiones.

Cómo afecta a policías y guardias civiles

El secretario general del sindicato policial Jupol, Aarón Rivero, ha asegurado que llevan tiempo haciendo hincapié “en la pérdida de condiciones sanitarias” que tienen policías y guardias civiles, en este caso, por parte del Gobierno. “No tenemos la suficiente aportación para Muface, lo que supone una pérdida muy importante en los derechos asistenciales y sanitarios de los policías”, ha matizado.

Desde este sindicato, señala Rivero, se han realizado encuestas a 2.000 policías, que ponen de manifiesto la efectiva pérdida de las coberturas sanitarias. “El mutualismo es un derecho de los funcionarios y es una obligación del Gobierno mantenerlo”, concluía.

En la misma línea, el secretario general de la asociación de guardias civiles Jucil, Ernesto Vilariño, ha tachado de “sangrante” los casos en los que se detienen los tratamientos oncológicos. En el caso concreto de los guardias civiles, la dispersión rural de su colectivo hace que muchos agentes tengan que hacer desplazamientos de más de 50 kilómetros para continuar con sus consultas y tratamientos médicos. “Hacemos un llamamiento para que el Gobierno no deje abandonados a los funcionarios en un tema tan importante como la sanidad”, ha finalizado Vilariño.