El caos de Sanidad deja sin antivirales orales a los mutualistas de Muface

El reparto de los antivirales orales para tratar a los pacientes infectados por Covid-19 con riesgo alto a progresar a formas graves de la enfermedad está siendo especialmente complejo. Debido a que Sanidad ha decidido no fijar un criterio único de distribución a nivel estatal, cada comunidad autónoma está estableciendo sus propios circuitos. Además, algunos pacientes ni siquiera están incluidos como beneficiarios del fármaco en el reparto que ha hecho el ministerio. Es el caso de los grupos poblacionales que tienen sanidad exclusivamente privada, como los funcionarios mutualistas y los extranjeros.

Los antivirales orales frente a la Covid-19 comenzaron a llegar a las oficinas de farmacias y a la farmacia hospitalaria de nuestro país el pasado 4 de abril tras resolverse todos los problemas burocráticos que impedían el acceso a los mismos. En ese momento, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, órgano al que comúnmente corresponde la fijación del precio de los medicamentos y productos sanitarios y las condiciones especiales de prescripción y dispensación de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, decidió adjudicar a las Comunidades Autónomas la decisión sobre la forma de distribuir los medicamentos. Estas debían pronunciarse en base al mecanismo que considerasen más eficiente en su región. Así, mientras algunas comunidades autónomas como Andalucía, Navarra o Cataluña decidieron hacer el reparto a través de farmacia comunitaria; otras, como la Comunidad de Madrid, permiten el acceso a estos tratamientos a través de la farmacia hospitalaria. Las autonomías restantes se encuentran todavía protocolizando los circuitos de distribución de estos fármacos.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), por ejemplo, ha comenzado a dispensar las 2.129 unidades del fármaco a través de sus 4.000 oficinas de farmacia mediante el modelo de receta electrónica. Solo es necesario tener la prescripción de un especialista de atención hospitalaria o de un médico de atención primaria. Previamente a esta dispensación, tal como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad, se realiza una validación por parte de las estructuras farmacéuticas del SAS. Andalucía considera que este modelo de dispensación con receta electrónica ofrece una mayor accesibilidad del paciente al tratamiento y permite una mayor facilidad para el procedimiento de seguimiento y contabilidad de casos.

Por su parte, en Madrid el acceso se realiza a través de las unidades de farmacia hospitalaria. Los pacientes que necesiten acceder a uno de los 1.696 tratamientos de la pastilla de Pfizer contra la Covid-19 que han llegado en esta primera remesa deben contar con la prescripción de un especialista.

Los profesionales sanitarios han calificado esta situación como “caótica” y denuncian que el reparto competencial entre Sanidad y las comunidades está frenando el acceso de los pacientes españoles a terapias validadas, atentando contra la igualdad y dilatando los tiempos recomendados para que el medicamento sea efectivo. Según la indicación del mismo, debe administrarse lo antes posible tras el diagnóstico de Covid-19 y dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas.

Del mismo modo, lamentan que las autonomías no hayan sabido prever los mecanismos para su distribución pese a que el anuncio de la compra de estos tratamientos se conoce desde hace cuatro meses. Concretamente, fue el 10 de enero cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que a finales del mes de enero llegarían a España los antivirales orales de Covid-19 producidos por Pfizer (Paxlovid) que permitirían reducir en un 88% la hospitalización de los pacientes contagiados más vulnerables. Pedro Sánchez respondía así a urgente llamada de auxilio de los profesionales sanitarios que, a través de un artículo publicado el 7 de enero en LA RAZÓN, hacían hincapié en la necesidad de disponer de estos tratamientos. Esta situación se producía en un momento en el que los índices de incidencia y transmisibilidad se encontraban disparados, alcanzando la segunda cifra más alta de contagios de toda la pandemia.

Sin antivirales para los funcionarios mutualistas

La falta de un criterio único a nivel estatal para asegurar un acceso heterogéneo a los tratamientos antivirales orales no ha sido la única imprevisión de Sanidad. El organismo público ha olvidado orquestar un mecanismo que permita que todos los pacientes accedan en igualdad de condiciones a los fármacos. Estas terapias están disponibles para los adultos vulnerables con seguridad social o para los dobles asegurados. En este segundo caso se produce una duplicidad que amenaza con producir una mayor saturación de la atención primaria. Y es que, los pacientes con doble aseguramiento -un 25-30% de la población acude a la Sanidad privada habitualmente- a quienes su especialista les haya prescrito el tratamiento a través de centros privados necesitarán que este sea confirmado por un médico de cabecera de la Sanidad Pública.

De este reparto, han quedado excluidos los grupos de población que tienen sanidad exclusivamente privada, como los funcionarios mutualistas y los extranjeros. Estos pacientes no tienen acceso a los tratamientos antivirales hoy por hoy debido a que la adquisición de los mismos se ha realizado a través de compra centralizada y en exclusiva por el Estado. Es decir, dado que los fármacos se han comprado con fondos públicos, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios interpreta que solo pueden tener acceso a ellos las personas que los soliciten a través de la sanidad pública.

Los profesionales sanitarios urgen al Ministerio de Sanidad a que busque una solución y que esta inequidad quede como una anécdota más de las muchas que se han vivido durante la pandemia a nivel de política sanitaria. Esperan que la situación se regularice y se unifique antes de recibir la remesa de tratamientos prevista para el segundo trimestre del año. Según el acuerdo firmado entre el laboratorio y la compañía farmacéutica, a los 50.000 tratamientos recibidos en el primer trimestre les seguirán 90.000 en el segundo, 100.000 en el tercer y 104.000 en el cuatro trimestre del año.