Un “absurdo” y “discriminatorio” reparto de antivirales

Adía de hoy, todos los pacientes infectados por covid-19 con riesgo alto a progresar a formas graves de la enfermedad tienen permitido el acceso a los fármacos innovadores que les posibilitarán tener mejores perspectivas de recuperación, reducir ingresos y, sobre todo, evitar fallecimientos. Esta generalización incluye a las personas que tienen sanidad exclusivamente privada, como los funcionarios mutualistas y los extranjeros. Sin embargo, pese a que Sanidad ha enmendado el error de excluir a estos grupos poblacionales como beneficiarios de las terapias, varios colectivos siguen denunciando que el reparto competencial entre Sanidad y las comunidades autónomas atenta contra la igualdad y frena el acceso de los pacientes españoles a estas terapias.

Tras la denuncia publicada por LA RAZÓN por excluir a los pacientes vulnerables con seguro exclusivamente privado del acceso a los fármacos, el Ministerio se ha hecho eco de esta situación y, a través de una nota de prensa, anunció que se ha establecido «un circuito específico para las personas mutualistas que optan por una compañía de seguro privado, siendo el acceso total para todos los colectivos. A fecha 12 de abril de 2022 se han dispensado desde las comunidades autónomas 108 envases, que supone el tratamiento de 108 pacientes».

En este comunicado, el departamento de Carolina Darias también afirma que «la dispensación de este medicamento está organizada y ordenada y se adecúa a las realidades y circuitos asistenciales efectivos en cada territorio, con el fin de acercarlo al paciente en tiempo útil y que se dispense con la máxima calidad y seguridad». Y que la prescripción del mismo «se realiza siguiendo unos criterios comunes para su aplicación al paciente, equitativos y coherentes en todo el SNS, establecidos por profesionales expertos».

Ni el Partido Popular ni el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), representante de la sanidad privada, apoyan estas afirmaciones. Manifiestan que sigue sin establecerse un criterio único o una estrategia integradora para el acceso heterogéneo a los tratamientos en condiciones de igualdad ni tampoco se han resuelto las ineficientes trabas burocráticas para acceder a los tratamientos. Así pues, aunque el fármaco se prescriba por un centro privado, debe ser confirmado por un médico de cabecera de la sanidad pública.

Ante estas carencias, el grupo Popular ha pedido la comparecencia de la Ministra de Sanidad a la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para «rendir cuentas sobre cómo está garantizando el acceso en condiciones de igualdad a los antivirales y a los anticuerpos monoclonales para tratar a los pacientes infectados por covid-19 en el Sistema Nacional de Salud».

Por su parte, el IDIS lamenta que el sistema sanitario «ha ido mostrando síntomas de agotamiento por cuestiones de interés político que no se han querido abordar. Es el caso de los problemas de accesibilidad al sistema de salud, la falta de equidad entre comunidades autónomas (con 17 sistemas de salud independientes), el abandono del sector sociosanitario o la falta de colaboración con el sector privado, entre otros aspectos».

El organismo señala que la situación existente «genera una pérdida de tiempo, de dinero y de recursos para todo el mundo, lo cual incide en una falta de eficiencia a la vez que agrava aún más si cabe el evidente problema de financiación y de recursos aplicados a la cobertura sanitaria de todos los ciudadanos».

Además, califican de «absurdo y discriminatorio» que las prescripciones de los profesionales del sector privado relacionadas con antivirales frente al SARS CoV2 precisen ser validadas por un facultativo de la sanidad pública. La patronal se basa en que el sector sanitario privado atiende hoy a cerca de 10 millones de personas (sin contar a los mutualistas).

En este sentido, reprochan que «el incremento de la burocracia injustificada e innecesaria provocada por la redundancia de citaciones –primero en la sanidad privada y después en la atención primaria de la sanidad pública para la validación o autorización de una prescripción realizada en la sanidad de titularidad privada– no haría sino aumentar la abultada lista de espera y, por lo tanto, la presión asistencial en la denominada puerta de entrada al sistema público de salud, que ya de por sí es en este momento excesiva y preocupante. Además, es necesario tener en cuenta que en el caso de Paxlovid® hay que administrarlo en un tiempo muy concreto tras el diagnóstico para garantizar su eficacia y si esto no se hace así, por ejemplo, por demoras injustificadas, el perjuicio es sin duda para el paciente», apuntan desde el IDIS.

Esta organización apuesta por la necesaria integración y complementariedad del sector privado y el Sistema Nacional de Salud.

Además, proponen que la supervisión o validación del medicamento antiviral en los casos de dualidad de aseguramiento y provisión pública (obligatoria) y privada (voluntaria) se haga como en el caso de los funcionarios de la administración central del estado (mutualistas) por parte de la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), lo cual dotaría de agilidad al proceso y evitaría de esta manera la sobrecarga de la atención primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS).