La pandemia ha reducido las rentas de las mujeres un 4% más que las de los hombres

El Consejo Económico y Social de España (CES) estima que la pandemia ha reducido las rentas de las mujeres un 4% más que las de los hombres, tal y como recoge el Informe sobre “Mujeres, trabajos y cuidados: propuestas y perspectivas de futuro”, aprobado por el Pleno y presentado esta mañana por su presidente, Antón Costas, a los medios de comunicación durante una Jornada en la que también ha participado la Presidenta de la Comisión de Trabajo que ha elaborado el informe, Elena Blasco.

En este sentido, el Consejo lamenta que las políticas sociales no hayan podido impedir que el impacto global de la crisis fuera mayor en las mujeres, por lo que subraya la necesidad de seguir avanzando desde una perspectiva de género más a largo plazo. En especial, recalca la importancia de proseguir fomentando la implantación, desarrollo y aplicación efectiva de medidas dirigidas a reducir la brecha salarial y la de las pensiones para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En opinión del CES, administraciones públicas, empresas y la sociedad en su conjunto deben implicarse para crear entornos más favorables a una distribución más justa en perspectiva de género de los tiempos, los trabajos y los cuidados -en torno a los que defiende una nueva economía para repartirlos de manera más equitativa-.

Una realidad opaca o invisible

En líneas generales, el Consejo pide intensificar los esfuerzos para hacer de España un país más igualitario y recuerda que, antes de la pandemia, nuestro país ocupaba la sexta posición de la Unión Europea en igualdad entre mujeres y hombres.

Por otra parte, al Consejo le preocupan el aumento de la proporción de jóvenes que niegan la existencia de la violencia de género (que ha pasado del 12% en 2019 al 20% en 2020) y el auge del ciberacoso, un problema que afecta en la UE a una de cada diez. Y en este escenario, lamenta que la realidad de las mujeres siga siendo bastante opaca o invisible en diversos ámbitos, pues a lo largo de la realización del informe ha constatado carencias que no permiten conocer bien la situación de las mujeres y las desigualdades persistentes.

En cualquier caso, el CES considera que la persistencia de la violencia contra las mujeres durante la pandemia acrecienta la necesidad de incrementar los recursos públicos para erradicarla así como un ejercicio continuo de evaluación de la eficacia de los dispositivos de protección existentes.

Otra de las conclusiones del Informe es que las mujeres en España presentan una clara desventaja respecto a la media de la UE en cuanto al mayor tiempo dedicado a las actividades relacionadas con cuidados (15ª posición); los escasos avances en los ámbitos del empleo (12ª posición) y en el ámbito monetario (17ª).

Más vulnerables frente al contagio

El CES también indica la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al contagio, por estar más expuestas al patógeno, lo que se ha traducido en una mayor incidencia femenina de la enfermedad por Covid 19.

De igual modo, sostiene que la pandemia ha aumentado la secular desigualdad en la distribución del trabajo de cuidados en nuestra sociedad, habiendo recaído fundamentalmente sobre las mujeres suplir la limitación parcial o total del acceso a servicios de cuidado de menores y personas adultas dependientes o de la ayuda informal.

En paralelo, el Consejo pide orientar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para cerrar la brecha de género. En concreto, ve fundamental reforzar la participación y el liderazgo de las mujeres en todas las dimensiones de la transición ecológica, favoreciendo su acceso a los estudios, el empleo, el emprendimiento y los puestos de decisión en sectores asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Participación activa de los interlocutores sociales

En definitiva, el Consejo cree que la confluencia de la aplicación del PRTR con el nuevo Plan estratégico de igualdad efectiva entre hombres y mujeres debería alimentar las sinergias para que ese nuevo impulso permee en todas las políticas públicas y favorezca resultados visibles y evaluables. Pero para ello, ve imprescindible la participación activa de los interlocutores sociales.