Bruselas quiere reducir las pruebas médicas entre países europeos

La pandemia del coronavirus ha evidenciado la necesidad de que la UE avance en el terreno sanitario, un ámbito cuyas competencias siguen recayendo en las autoridades nacionales de cada país. Por eso, el Ejecutivo comunitario ha propuesto hoy crear un espacio europeo de datos de salud en 2025 que permitirá a los pacientes tener un acceso fácil y seguro a su historial médico. El objetivo es facilitar los diagnósticos, evitar la burocracia excesiva y la repetición injustificada de pruebas médicas y también mejorar la investigación e innovación.

Por ejemplo, si un ciudadano de un país europeo se encuentra de vacaciones en otro y durante su viaje sufre algún percance médico, los sanitarios del país en el que se encuentre de manera temporal podrán acceder a su historial médico traducido. De esta forma, se ahorran sobrecostes en la realización de pruebas y se mejora la atención del paciente. Estotambién puede incluir la prescripción de recetas entre países y el mayor acceso de datos entre centros médicos del mismo Estado, que en muchas ocasiones tan sólo comparten información de manera parcial.

Según los datos de la Comisión Europea, la creación de este espacio único puede conllevar un ahorro de 5.500 millones de euros gracias a un mejor intercambio de datos sanitarios y 5.400 si esta información es utilizada de manera adecuada para mejorar la investigación. Además, Bruselas calcula que de los 14.000 millones de euros que se gastan en la UE cada año en imágenes médicas, un 10% no son necesarias, ya que se limitan a repetir las ya efectuadas en otro centro.

De momento, los países europeos ya han presupuestado 12.000 millones de euros en la digitalización de los datos dentro del fondo de reconstrucción post-pandemia, Next Generation EU, y Bruselas también contribuirá con 1.090 millones adicionales a través de otros programas.

Bruselas recalca la importancia del adecuado tratamiento de estos datos y promete que en todo momento los pacientes podrán restringir el acceso y conocer la identidad de los sanitarios que van a poder disponer de esa información. Los investigadores y las empresas privadas necesitarán un permiso especial, que será concedido por el organismo de gestión de datos sanitarios nacional y, en este caso, la información será anónima.