La Ley de Universidades, otro guiño al nacionalismo: prevé financiación extra por singularidad lingüística

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha presentado el Proyecto de Ley de Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que será aprobado en próximas semanas por el Consejo de Ministros y que persigue «que las universidades estén más conectadas con la sociedad con un marco normativo que ofrece herramientas para adaptarse a la nueva época».

El proyecto de ley, que incorpora cambios importantes respecto al proyecto elaborado por su antecesor, Manuel Castells, también incluye concesiones importantes a las comunidades autónomas, sobre todo a las que tienen lengua propia, como Cataluña y País Vasco. De esta manera un profesor podrá conseguir una plaza de funcionario previa evaluación de méritos y competencias de la agencia de calidad autonómica, cuando, hasta ahora, esta función la ejercía la agencia evaluadora estatal, la ANECA, que ahora hará convenios con las autonómicas para que hagan por ella la labor que siempre ha venido desempeñando.

En el ámbito universitario son muchos los que creen que este cambio «servirá para que las autonomías coloquen a sus afines y romperá el carácter estatal de los cuerpos docentes», aseguran fuentes consultadas. Sindicatos como CSIF opinan que este nuevo procedimiento, «será más caótico y problemático».

Pero las concesiones no acaban aquí. La ley también prevé financiación «por singularidad lingüística» y que las universidades «fomenten y faciliten el conocimiento y uso de las lenguas cooficiales» como por ejemplo, el catalán, un asunto, este último, que no es baladí, teniendo en cuenta el conflicto que existe en Cataluña con la imposición del catalán en las aulas.

A esto se une que los estudiantes tendrán más control y derechos. Serán relevantes a la hora de seguir y exigir la calidad de la docencia y dispondrán de acceso a la evaluación del profesorado. «Las evaluaciones de los docentes no tenían ninguna consecuencia, pero ahora los alumnos podrán hacer un seguimiento del profesor en las comisiones donde se habla de planes docentes y guías docentes», dijo Subirats. Su opinión será vinculante. Sin embargo, el ministro aseguró que aunque «no decidirán qué examen deben ponerse, porque sería un uso abusivo del término vinculante, será negociado, hablado y discutido con ellos en la forma en que se pueda resolver». Su participación en los órganos de gobierno de la universidad, como el claustro o los consejos de facultad o departamento tendrá que ser de un porcentaje mínimo del 25%, cuando en la antigua ley (LOU) no tenían ningún porcentaje asignado.

Los estudiantes tendrán derecho a la huelga o paro académico sin que eso repercuta en sus calificaciones o que afecte en algo su falta de asistencia a clase. Tendrán derecho a atención psicológica y emocional e incluso podrán gestionar servicios universitarios dirigidos a los alumnos.

Apoyo a la mujer

Cualquier universidad, tanto pública como privada, deberá contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso. Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias, y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios (mujeres y hombres). Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para promocionar con igualdad de méritos al sexo menor representado.

«Cuidar» al antiguo alumno

La ley prevé que las universidades «cuiden de sus egresados» de tal manera que la relación con la universidad no se acabe cuando un alumno sale de la universidad con su título debajo del brazo. Los antiguos alumnos «tendrán prioridad para actualizar sus estudios para que cuando se obtiene la licenciatura no se acabe el contacto», explicó el ministro.

Grados de tres años

La ley no marca un tiempo de duración de los grados. Como norma general los grados durarán cuatro años, “excepto cuando haya acuerdos con universidades extranjeras que acrediten un título propio y que ese acuerdo incorpore los tres años”, ha dicho Subirats. De esta manera, la idea es flexibilizar la duración de los grados para que puedan coexistir las carreras de tres años (180 créditos, el 3+2) con las de cuatro años (240 créditos, el 4+1), como ocurre en algunos países europeos, un modelo que algunos consideran que puede favorecer la internacionalización, aunque hay quien piensa que puede encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.

Fijo en diez años

El Ministerio de Universidades ha previsto una carrera académica más predecible, más clara y más corta de tal manera que una persona que inicia sus estudios de doctorado podrá tener plaza fija en un plazo de diez años. Ahora, una persona que decidía hacer carrera académica no encontraba estabilidad antes de los 46 años, con lo que se pretende un rejuvenecimiento de las plantillas y atraer talento internacional.