Abortar sin el «sí» de los padres

El próximo martes se aprobará la reforma de la ley. El Ejecutivo busca blindarse ante el recurso del PP en el Constitucional. La norma reconoce el derecho a la interrupción del embarazo a partir de los 16 años

La ministra de Igualdad, Irene Montero
La ministra de Igualdad, Irene Montero FOTO: A. Pérez Meca Europa Press

Abortar sin el permiso de los padres para las chicas de 16 y 17 años será ley. El Gobierno prevé aprobar la próxima semana en Consejo de Ministros la reforma de la Ley del aborto en primera lectura, según confirman fuentes del Ministerio de Igualdad, que dirige la ministra Irene Montero, quien logrará derogar el principal cambio que implementó el expresidente Mariano Rajoy en 2015 y que dejó así sin efecto el artículo de la ley de plazos aprobada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, que planteaba el aborto según la semana de gestación.

La ley fue recurrida por el PP hace ya doce años y se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional, por lo que el Gobierno logra blindar su ley ante una posible resolución a favor del recurso del PP, ya que cuando el veredicto del Alto Tribunal se emitiese, la nueva ley orgánica ya estaría aprobada.

Hasta ahora las menores de edad necesitaban el consentimiento paterno para interrumpir el embarazo, pero una vez que la norma reciba luz verde por parte del Ejecutivo, estará garantizada la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública. Además, según el borrador de la ley –adelantado por la Cadena Ser– el Ejecutivo abre la puerta a que las mujeres que necesiten llevar a cabo dicha medida puedan hacerlo en una clínica privada que esté acreditada. La propia ministra de Igualdad reivindicó esta permisividad: «Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos», esgrimió hace meses.

La modificación eliminará, además, la obligación de reflexión de tres días que hasta ahora se encontraba contemplada en la norma. Hasta ahora, en su artículo 14 se recogía que el embarazo podrá interrumpirse de forma voluntaria dentro de las primeras 14 semanas de gestación siempre que la mujer haya sido informada sobre derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y hayan transcurrido al menos tres días desde que recibe esta información hasta la realización de la intervención quirúrgica.

Otra de las medidas más polémicas que contempla la ley es convertir en «compatible» el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con el derecho a la objeción de conciencia del personal médico emulando la regulación al respecto que hay en ley de eutanasia. Y este punto es uno de los que más preocupación ha causado entre los especialistas. De hecho, el Consejo General del Colegio Oficiales de Médicos ya expresó sus quejas tras conocer las intenciones de Igualdad y reivindicó que la objeción de conciencia del personal sanitario es «un derecho individual» que debe ser garantizado. Ante las quejas, la ley contempla que se creará un registro de objetores para conocer qué médicos presentan objeciones y así reforzar el equipo profesional dispuesto a prestar este servicio.

En la reforma de la Ley del aborto, que según fuentes de Igualdad se encuentra a punto de solventar los flecos pendientes con los ministerios competentes (Sanidad, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), se pondrá el foco en la gestación subrogada para considerarla como una forma de violencia. Es decir, quienes la practiquen y usen los llamados «vientres de alquiler» serán perseguidos judicialmente. También será castigada la publicidad de las agencias intermediarias con este fin.

El texto, según indicó la ministra de Igualdad, también incluye medidas que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como una mejora de la atención, un avance en el reconocimiento de permiso maternal preparto o actuaciones para prevenir y erradicar la violencia ginecobstétrica, informa Ep. En palabras de la ministra Irene Montero, «la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres, y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos».

Baja por menstruación

El borrador de la ley contempla reducir el IVA actual del 10 por ciento para los productos de higiene femenina u ofrecer artículos gratuitos para mujeres en riesgo de exclusión social. Sin embargo, todavía no hay acuerdo para la reducción al 0 por ciento del IVA para los productos de primera necesidad como tampones, compresas o pañales de bebé.

La ley también abordará el posible desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina para que las mujeres no sean las que siempre asuman la responsabilidad en esta materia. Dentro de esta reforma también se ha tratado la posibilidad de que exista una baja laboral por dolores de menstruación severos, para que las mujeres con este cuadro médico puedan guardar reposo en casa o se flexibilice la jornada laboral.

Desde la oposición, el PP cargó contra el Ejecutivo por usarla para «marcar» la actualidad y para tapar la «crisis de las instituciones» que, según el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha provocado el Ejecutivo tras ceder «al chantaje» de los independentistas con la destitución de la jefa del CNI por el caso del espionaje al Gobierno y al mundo independentista.