Nuevo revés para Irene Montero: la gestación subrogada sale indemne en la nueva ley del aborto

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley del aborto, que se tramitará por la «vía de urgencia», según señaló la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo que reducirá a la mitad los tiempos para su aprobación, y que costará a las arcas públicas 104 millones de euros. De esta cantidad, la ministra indicó que la mayor parte (unos 57 millones) se destinará a sufragar el permiso preparto a partir de la semana 39 del embarazo, mientras que a las bajas por dolor mentrual incapacitante se destinarán unos 24 millones.

La propia titular de Igualdad reconoció las diferencias existentes dentro del Gobierno para sacar adelante este anteproyecto de ley: «Ha habido debates desde enero y hay cuestiones que quedan fuera», y destacó especialmente la negociación con el Ministerio de Sanidad, con el que «se ha trabajado duro». No obstante, se mostró satisfecha con el resultado porque consideró que se ha conseguido una «buenísima ley», de la que destacó la puesta en marcha de la incapacidad temporal por reglas dolorosas: «Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar», declaró Montero.

La realidad es que de las principales novedades que estaba previsto que entraran en el texto se han caído algunas de las principales, ya quela eliminación o la reducción (del 10 al 4%) del IVA de los productos de higiene femenina se ha quedado fuera, hecho que ha sido criticado los propios partidos de izquierdas.

El documento tampoco incluirá finalmente, en contra de lo que se había anunciado, la persecución a las parejas que acudan a la gestación subrogada en otros países, y se limita a declarar esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer.

El permiso a las jóvenes de 16 y 17 años a que aborten sin consentimiento paterno en realidad no es nuevo, ya que la nueva norma recupera una medida que ya incluía la ley del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno de Zapatero. El aborto de las menores sin permiso paterno fue derogado por el Partido Popular tras su llegada al poder en 2015.

Tras su aprobación por parte del Gobierno, el texto deberá ser analizado por los ministerios, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver de nuevo al Consejo de Estado para ser llevada al Parlamento.

A continuación diseccionamos algunos de los puntos más destacados del anteproyecto:

► Acceso al aborto: Las mujeres que deseen interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el hospital público «más cercano a su domicilio». Las mujeres con discapacidad podrán acceder a esta práctica sin consentimiento paterno y ya no serán necesarios los tres días de reflexión estipulados hasta ahora antes de abortar.

► Objeción de conciencia: El texto estipula la necesidad de que siempre haya «profesionales sanitarios disponibles» en los centros sanitarios para interrumpir la gestación, aunque por el momento, y como ha sucedido con la ley de la eutanasia, no ha habido consecuencias prácticas para los médicos que se opongan a esta práctica. La idea es hacer «compatible» el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia (que tendrán que serlo tanto para la sanidad pública como para la privada) con el de la mujer a poder abortar.

►Bajas por reglas dolorosas: Gestionadas como incapacidades temporales especiales, deberán ser diagnosticadas por el médico, no tendrán límite de días, serán asumidas por el Estado desde el primer día y no será necesario un mínimo de tiempo cotizado.

La ley incluye además la baja de la mujer a partir de la semana 39 del embarazo.

►Píldora del día después: El documento amplía el acceso gratuito a este fármaco (cuyo coste estimado es de unos 20 euros) de los hospitales y centros de salud a los centros de nueva creación de salud sexual y reproductiva. El anteproyecto contempla asimismo que las píldoras anticonceptivas de última generación vuelvan a estar cubiertas por la Seguridad Social, después de que la sanidad pública dejara de financiar varias de ellas en 2013. Se promocionarán los anticonceptivos masculinos.

►Educación sexual: Esta materia estará presente de forma obligatoria en los centros educativos desde la primera infancia, para que las relaciones sexuales estén basadas en los buenos tratos y en el consentimiento.

►Acompañamiento: La norma contempla también la atención a la mujer en el proceso de posparto, y el acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.