Hace un par de meses, Sophia solicitó la eutanasia en su país, Canadá, para poner fin a una situación que para ella era ya insostenible. Ocho días antes de morir, publicó un video en las redes sociales para explicar el por qué de esta decisión. «El Gobierno me ve como basura prescindible, quejosa, inútil y un dolor de cabeza», aseguraba esta joven que también confeso que ocultaba su nombre real para evitar el sufrimiento de su familia. Pero, ¿por qué esta mujer de Ontario de 51 años culpaba al Gobierno canadiense de su desesperada situación? Pues bien, Sophia había sido diagnosticada de sensibilidad química múltiple (MCR), una condición en la que los productos químicos comunes, como los del humo del cigarrillo y los detergentes para ropa, pueden provocar náuseas, dolores de cabeza cegadores y, en algunos casos extremos, «shock» anafiláctico.

Por este motivo había argumentado que una vivienda especializada, donde el flujo de aire estuviera más controlado, aliviaría sus síntomas. Pero tras años de lucha, seguía sin conseguirlo. Incapaz de trabajar y con una situación económica por debajo del umbral de la pobreza vio que la única vía posible era la eutanasia. La enfermedad y su situación de pobreza la abocaron a solicitar la muerte asistida. Le fue concedida y falleció.

Según revela CTV News, la mujer habría dejado varias cartas dirigidas a los servicios sociales en los que suplicaba una vivienda digna y libre de humos en la que pudiera residir.

Su caso incendió el debate sobre la eutanasia y ahora ha vuelto a resurgir tras una segunda historia igual que la suya. En este caso, el de Denise, que también ha solicitado terminar con su vida después de no poder encontrar una vivienda adecuada y luchar para sobrevivir con los pagos por discapacidad que sufre. De hecho, padece la misma enfermedad que Sophia.

Para los activistas, estos casos ponen el foco en la falta de atención de Canadá a sus ciudadanos más vulnerables y han planteado un debate público sobre cómo se aplican las leyes de suicidio asistido. Por su parte, los expertos advierten que los casos de Sophia y Denise están siendo utilizados por grupos que se oponen a la asistencia médica en la muerte (Maid) en un intento de reducir la legislación, en lugar de buscar cómo los gobiernos pueden mejorar a las personas que viven con discapacidades.

«La vivienda inadecuada no es uno de los motivo de elegibilidad para recibir la eutanasia. Si bien las circunstancias de vida de alguien pueden contribuir a su sufrimiento, no constituyen la condición médica grave e irremediable que debe existir», explica la doctora Chantal Perrot al diario «The Guardian. Además, añade que « si bien la vivienda podría haber pesado en su decisión, era solo una parte de una lucha más amplia contra su enfermedad crónica».

Cuando Canadá introdujo la legislación sobre el suicidio asistido en 2016, varios expertos mostraron su temor a que las poblaciones vulnerables pudieran convertirse en víctimas o que los médicos se vieran obligados a anular los juramentos que habían hecho para proteger al paciente. El año pasado, los legisladores revisaron los criterios de la ley después de que la Corte Suprema del país dictaminara que una versión anterior de la misma, que excluía a las personas con discapacidad, era inconstitucional.