España

El Tribunal de Cuentas ve “incidencias” en el 22% de contratos que Sanidad firmó en 2020 por la pandemia

Advierte en algunos contratos una “insuficiente verificación” sobre la “solvencia técnica” de las empresas suministradoras del material sanitario

El exministro de Sanidad Salvador Illa, en el Parlamento de Cataluña
El exministro de Sanidad Salvador Illa, en el Parlamento de Cataluña FOTO: Quique García EFE

El Tribunal de Cuentas considera que casi uno de cada cuatro (un 22,44 por ciento) de los contratos de emergencia suscritos en 2020 por el Ministerio de Sanidad, con el entonces ministro Salvador Illa al frente, durante los primeros meses de la pandemia presentaron “incidencias”. Así lo pone de manifiesto en un informe de fiscalización en el que concluye, no obstante, que todos los contratos analizados, 73 expedientes por una cuantía que supera los 551 millones de euros, “estuvieron directa o indirectamente vinculados a la situación de excepcionalidad” y que su tramitación de emergencia “resultó ajustada a Derecho”.

No obstante, el documento señala que en ese 22,44 % de los contratos fiscalizados, correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, firmados todos en el inicio de la crisis sanitaria por la Covid-19, “se produjeron distintas incidencias en la ejecución”.

Por ejemplo, apunta, en cuatro de los expedientes fiscalizados (un 8,16 %) se acordó la resolución anticipada por incumplimiento del contrato imputable al contratista, dando lugar a las correspondientes reclamaciones, que se encuentran aún en tramitación para conseguir “la recuperación de los fondos anticipados, intereses devengados y, en su caso, daños y perjuicios producidos”.

Contexto de “desabastecimiento global”

En otros dos expedientes (un 4,08 %) se produjeron modificaciones no previstas en los contratos, como el suministro de otro modelo de mascarillas aunque con el mismo precio y características en un caso y suministro de otro tipo de test-Covid, igualmente efectivos pero más caros. Además, en cinco expedientes (un 10,20 %) se produjeron “retrasos en los plazos de entrega de los suministros”.

El tribunal fiscalizador cree que estas incidencias en estos once contratos pueden ser achacables a una “insuficiente verificación” por parte del INGESA sobre la capacidad de producción y de suministro y, en definitiva, “de la solvencia técnica de algunas de las empresas adjudicatarias en el inicio de la pandemia”. No obstante, precisa, esas adquisiciones fueron realizadas en una situación de emergencia excepcional y en el contexto de desabastecimiento global.

En esta fiscalización el Tribunal de Cuentas ha examinado 73 expedientes de contratos de emergencia adjudicados en el ejercicio 2020, por una cuantía global de algo más de 551 millones de euros (551.214.876,96 euros IVA, incluido), lo que representa el 94,07 % del importe total de los expedientes de emergencia tramitados en el ejercicio 2020 por la totalidad de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la fiscalización. Los contratos adjudicados por el INGESA constituyen el 97,68 % del importe global de todos los expedientes de emergencia fiscalizados, y suman una cuantía de 538 millones.

Precisamente la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga al director del Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, y a otros dos altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia por la compra de material sanitario en los primeros meses de la expansión del virus.

El mercado asiático, último recurso

Los contratos gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se financiaron en su mayor parte con el crédito extraordinario de 1.000 millones de euros habilitado por el Ministerio de Sanidad mediante la previsión del decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, correspondiendo, aproximadamente, la mitad de dicho crédito a contratos gestionados por el propio INGESA y la otra mitad por el Ministerio de Sanidad.

El documento cuestiona igualmente que los expedientes examinados “no dejaban constancia documental en relación con los criterios de adjudicación aplicados” por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, aunque no considera este hecho “irregular o ilegal al tratarse de contratos de emergencia”. De hecho, asegura que Sanidad “remitió información sobre dichos criterios en el curso de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas”. Una información en la que el departamento que dirigía Illa precisó que la selección de las empresas adjudicatarias se realizó previas consultas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a las Secretarías de Estado de Hacienda y de Comercio, al ICEX, al Instituto de Salud Carlos III y a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

Sólo cuando las necesidades del Sistema Nacional de Salud no pudieron ser satisfechas por esta vía, explicó Sanidad, “se acudió al mercado asiático siguiendo las directrices formuladas por el Ministerio de Hacienda, el ICEX y la Oficina Comercial de la Embajada de España en Pekín”.

246 millones en mascarilas, guantes y gel hidroalcohólico

En total, Sanidad gastó a través del INGESA 246 millones de euros (246.403.159,36 euros) en mascarillas FFP2, FFP3 y quirúrgicas, guantes de nitrilo y el gel hidroalcohólico, . No obstante, el 91,69% del importe contratado fue destinado a la adjudicación de mascarillas.

El precio medio unitario de adquisición de las mascarillas FPP2 en marzo fue de 2,62 y en abril de 1,40. El coste más elevado se desembolsó con la compra de 500 mascarillas realizada el 3 de abril de 2020, cada una de las cuales costó 4,17 euros. La mayor adquisición de este material realizada a un único proveedor fue de 56,2 millones de unidades por un precio medio de 2,67 euros cada una. Un importe que constituyó el 95,14 % del total del gasto realizado en este tipo de suministro.

Respecto de las mascarillas FFP3, el precio medio unitario fue de 4,31 euros, destacando el contrato de suministro adjudicado a un mismo proveedor, el 8 de abril de 2020, para la compra de 2,5 millones de unidades por un precio que fue de hecho el más elevado del ejercicio (4,68 euros por unidad) y que representó el 88,55 % del importe total contratado en este tipo de suministro.

El tribunal fiscalizador concluye que del análisis de los precios se desprende, con carácter general, “una tendencia al alza en el precio unitario de adquisición de las mascarillas FFP3 en los meses de marzo y abril”.

Cien millones de guantes por 6,6 millones de euros

En el acopio de guantes de nitrilo destaca, por su volumen, el contrato de suministro adjudicado el 26 de marzo de 2020 de 100 millones de unidades por importe de 6,65 millones de euros. El informe señala que los precios unitarios más elevados del ejercicio son los que se corresponden con los tres contratos en los que se adquiere un mayor número de guantes.

Por último, en la adquisición de gel hidroalcohólico el contrato más importante por el volumen de unidades adquiridas (1.015.000 unidades en envases de 600 ml y 20.000 unidades en recipientes de 750 ml), fue el adjudicado el 19 de marzo de 2020, cuyo importe ascendió a 1,57 millones euros, por un precio medio de 1,52 euros la unidad. Asimismo, en el contrato celebrado el 26 de marzo de 2020 se registró el precio unitario más elevado (3,46 euros la unidad).