Las competencias profesionales

Las competencias profesionales son la combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para llevar a cabo una función en un contexto determinado, en nuestro caso la Medicina. Un médico debe estar debidamente actualizado durante toda su vida profesional con el fin último de garantizar que los pacientes están seguros en nuestras manos. Un profesional con las competencias actualizadas no solo tratará de curar, sino también evitará o reducirá los efectos adversos inherentes o coyunturales en cualquier proceso asistencial.

Adquirir la competencia en Medicina requiere un mínimo de 11 años entre el aprendizaje universitario y el propio de cada especialidad médica y quirúrgica. Pero mantener la competencia requiere continuar en esta línea a lo largo de toda nuestra vida profesional mediante la formación médica continuada, absolutamente necesaria para mantener actualizada nuestra competencia.

Para ejercer la Medicina en España, todo profesional debe mantener y actualizar permanentemente las competencias que le permitan no solo la mejor actuación posible en cada lugar y ocasión, sino también asumir el liderazgo en la atención al paciente y, por tanto, una mayor responsabilidad en el proceso, sin perjuicio del absolutamente fundamental trabajo en equipos multidisciplinares, en cada uno de sus ámbitos de actuación, que contribuyen entre todos y con todos a la mejor calidad de la asistencia sanitaria.

En España, el proceso formativo que garantiza que los médicos adquieren los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les capacitan en las diferentes especialidades es el programa de la Formación Sanitaria Especializada, que se extiende entre 4 o 5 años dependiendo de la especialidad cursada y al que se accede a través del examen MIR, una exigente prueba selectiva en la que el doble de aspirantes compite por la mitad de las plazas ofertadas. Este excelente programa asegura, además, la igualdad de oportunidades, la cohesión del sistema sanitario, la unidad de la profesión médica y la calidad en la formación de especialistas.

A lo largo de esos mínimos 11 años, periodo muy superior al resto de profesiones sanitarias, el médico especialista desarrolla la capacitación que garantiza la seguridad clínica, siendo decisiva para el ejercicio profesional la posesión de las competencias debidas para la aplicación de cada técnica o intervención.

Parece que algunas administraciones públicas se plantean soluciones fáciles y excepcionales para problemas de difícil solución, al menos a corto plazo. Implantar medidas contrarias al riguroso proceso de formación establecido en nuestro país supone un cambio de paradigma no consensuado con los profesionales. Además, cualquier cambio debe ser aplicado al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) en su totalidad o, de lo contrario, se abrirían graves desigualdades entre profesionales y ciudadanos de un mismo país.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, corporación de derecho público, tiene la encomienda de gestión de la autorregulación de la profesión médica. Por tanto, nuestra responsabilidad reside en participar en la toma de decisiones que afecten a la práctica clínica y, con ello, a la calidad de la asistencia sanitaria.

Es nuestro deber recordar la importancia de legislar de manera adecuada en materia de la competencia profesional de los médicos. El objetivo único y final, tanto de la administración sanitaria como de las corporaciones profesionales, es la misma: la seguridad clínica del paciente y el bienestar de la ciudadanía. Al establecer las competencias de cada profesional se deben perfilar claramente los límites y campos de actuación y evitar que se pueda producir una desvinculación entre formación recibida, competencias exigidas y responsabilidad asumible por cada profesional.

Una vez más, desde la Organización Médica Colegial apelamos a la imperiosa necesidad de una cogobernanza real, en la que las medidas que adopte la Administración, y especialmente si se adoptan de manera extraordinaria, cuenten con el consenso de las diecisiete administraciones sanitarias autonómicas y con la adhesión de los profesionales implicados.

La legislación debe responder a un criterio de homogeneidad en todo el Sistema Nacional de Salud que contribuya, por un lado, a mantener la equidad en la asistencia sanitaria y, por otro y como consecuencia, al sostenimiento de nuestro actual modelo sanitario universal, público y gratuito, pilar esencial de justicia social y de eje de nuestro actual Estado del Bienestar.