Las «mentiras» detrás de la estabilización laboral en la Sanidad

El presidente del Gobierno lo anunció con ostentación: el Consejo de Ministros va a aprobar «la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación». Esto se traduce en la eliminación de la figura de eventual y en la estabilización del contrato de 67.300 profesionales sanitarios de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración. El objetivo de esta medida sería disminuir la temporalidad y la precariedad en uno de los sectores más afectados por esta situación. Esta aserción, lejos de ser recibida con satisfacción y de ser aplaudida como una solución trascendental a uno de los retos históricos de nuestro sistema de salud, ha producido un clima de malestar entre representantes de médicos y sindicatos. Algunos han catalogado este anuncio de «impostura», «mentira» y «manipulación», y han lamentado que genera «expectativas infundadas» y que «juega con los problemas de precariedad de los profesionales de los servicios de salud».

Es el caso de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). En declaraciones a LA RAZÓN, Tomás Toranzoniega que el Real Decreto-Ley que se ha sometido a aprobación en el Consejo de Ministros permita la estabilización de 67.000 sanitarios: «Ni por asomo. Es una mentira más». El presidente de la CESM explica que este órgano aprueba una modificación de la ley 55/2003 del estatuto Marco para que, «en el futuro, la temporalidad sea la imprescindible». Es decir, los sistemas de contratación temporales cambiarán a partir de que entre en vigor dicho Real Decreto-Ley, «pero las administraciones podrán seguir haciendo contratos temporales de un máximo de tres años en algunos supuestos», indica.

«El Gobierno nos manipula. Tenía que haber empezado a negociar con las comunidades autónomas y los sindicatos hace un año, pero el Ministerio de Sanidad ha estado dando largas y perdiendo tiempo. Se ha negociado en el último momento y sin apenas tiempo. De ahí que se intente implementar mediante Real Decreto-Ley. Esto les permite saltarse todo control parlamentario y apuntarse el tanto como si fuera del Gobierno», denuncia. Además, subraya que este Real Decreto-Ley parte de una «exigencia europea urgente».

El CESM explica que atribuirse el mérito de conseguir la estabilización de plazas es una «impostura», ya que el trabajo de gestión y negociación de plazas ha sido de las comunidades autónomas. «Los diferentes sistemas de salud ya han identificado las plazas que se ofrecerán a un proceso selectivo, a través de un concurso-oposición o un concurso de méritos, ambos de libre concurrencia. Eso ya está en marcha y cada servicio de salud ya ha publicado la correspondiente oferta pública de empleo y ahora está negociando cómo se materializan las convocatorias», señala.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha negociado con los sindicatos 9.577 plazas y una Oferta de Empleo Público de 23.000 plazas más, lo que suponen un total de 32.000 plazas. De ahí que Enrique Ruiz Escudero, consejero madrileño de Sanidad, haya calificado las palabras del presidente del Gobierno como una «apropiación indebida». En el proceso de estabilización, la Comunidad de Madrid quiere pasar del actual 55% de personal fijo al 83% en el año 2024.

Castilla y León también ha acusado al presidente del Gobierno de apropiarse del trabajo de las autonomías y de un «mandato europeo» en su decisión de hacer fijos a 67.300 sanitarios, mientras que Cataluña habla de «un anuncio más». Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Ejecutivo castellanoleonés, ha lamentado que las regiones solucionen los problemas «como las vacunaciones o la atención diaria», sin tener mucho apoyo del Gobierno para estos retos, «a pesar a que intenta apropiarse de ese trabajo».

El País Vasco y Galicia han enviado al Ministerio de Sanidad un manifiesto conjunto en el que reclaman medidas de choque urgentes para incorporar a más médicos de Atención Primaria a los sistemas de salud de todas las comunidades autónomas. «No hay ahora mismo en la sanidad española un problema más urgente ni una necesidad más acuciante», señalan en este manifiesto, en el que también reclaman que no se queden plazas desiertas MIR o que se creen otras especialidades para evitar el desplazamiento de profesionales de medicina familiar y comunitaria.

La reacción de Enfermería

El Sindicato de Enfermería (Satse) y el Consejo General de Enfermería (CGE) han sentenciado que la aplicación de esta norma «supone un paso importante para reducir la temporalidad en nuestro sistema sanitario». Ambas organizaciones entienden el anuncio del presidente como una previsión de las consecuencias que tendrá en el SNS la aplicación del Proyecto de Real Decreto-Ley aprobado para modificar el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Desde Satse consideran «que el Estatuto Marco aún debe ser mejorado en la negociación que el Gobierno se ha comprometido a abrir con los sindicatos en los próximos meses, incluyendo otras medidas que beneficien a los profesionales y al funcionamiento de la sanidad en su conjunto». Satse insistirá en que se regule la plantilla orgánica como instrumento de ordenación y planificación de los recursos humanos existentes. De esta forma, se podría «controlar» si la tasa de temporalidad se está reduciendo o, por el contrario, sigue aumentando. Asimismo, entre otras medidas, Satse pide incluir una regulación relativa a las plazas de difícil cobertura para algunas profesiones sanitarias y determinadas especialidades y establecer una regularidad en el acceso del empleo público, con la convocatoria bienal de los concursos oposición, es decir, un año sí y otro no como mínimo.