Desalojar la casa en 48 horas y aumentar las penas, dos de los métodos para terminar con la ocupación de viviendas

Potestad para desalojar en 48 horas, aumentar las penas, recuperar la casa en 10 días o resolver contratos de suministro, son algunas de las medidas “antiokupación” que proponen los economistas del grupo Acción Liberal para tratar de erradicar este fenómeno que está creciendo de manera preocupante en España ya que según los últimos datos disponibles, las ocupaciones ilegales en nuestro país se han incrementado en un 40% en los tres últimos años. En un reciente informe titulado ‘Erradiquemos la okupación en España’, los economistas realizan unas serie de propuestas encaminadas a erradicar el fenómeno “okupa” y a la vez, proteger la propiedad privada. Las medidas propuestas contemplan modificaciones de carácter civil, penal, administrativo y fiscal para proteger al propietario afectado.

Este grupo de economistas liberales proponen como primera medida reformar el juicio verbal, para que el propietario pueda recobrar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido okupado ilegalmente, de manera no consentida ni tolerada por el titular de la propiedad, tanto si es vivienda habitual como segunda vivienda. De esta manera, en un plazo inferior a un mes desde que se interpone la demanda, el propietario del inmueble debe poder disponer de él de nuevo.

Indican además que la ley tiene que ser más clara a la hora de delimitar la usurpación de vivienda habitual. No puede quedar una cuestión tan importante a expensas de la interpretación por los tribunales. Es necesario incrementar la respuesta penal en el caso de usurpación de inmuebles destinados a viviendas que no constituyan la vivienda habitual del sujeto. Para ello, se debe elaborar un registro de viviendas okupadas a nivel municipal y se debe habilitar a los ayuntamientos al desalojo inmediato de okupas en un máximo de 48 horas.

Desde el punto de vista legal, entienden que debe existir un delito de instigación y de apoyo a la okupación ilegal tipificado, incluyendo a todos los que la favorezcan, y esto incluye a cerrajeros que cambien las cerraduras de casas “okupadas”. Asimismo, la conexión ilegal a la red eléctrica debe de ser un delito tipificado. Para ello, deben existir mecanismos legales para que las compañías suministradoras de servicios básicos (luz, gas, etc.) puedan proceder a resolver los contratos de suministro cuando la vivienda se encuentre en el registro de inmuebles “okupados”.

En tienden los economistas de Acción Liberal que el propietario de una vivienda “okupada” ilegalmente no debe tener ninguna obligación fiscal. Y esto se aplica al IBI, al impuesto de patrimonio, etcétera. Además, debe existir una deducción sin límites de todos los gastos por reparaciones que el propietario tenga que afrontar en la vivienda después de que haya sido recuperada de una “okupación” ilegal. Se debería además dotar de capacidad jurídica a las comunidades de propietarios para ejercer la acción judicial contra la “okupación”, incluyendo la autorización para cortar los suministros sin que ello conlleve el delito de coacción. Finalmente, se propone endurecer la ley de arrendamientos urbanos para aquellos casos de los llamados “inqui-okupación”, donde el inquilino elude el pago de la renta al propietario pero sigue permaneciendo en la propiedad hasta que el juez estime el desahucio.

La Plataforma de afectados por la ocupación estima que hay 100.000 inmuebles ocupados en España. Según el Ministerio del Interior, en 2020 hubo 14.792 denuncias por ocupación de vivienda, un 40% más que en 2017, de las cuales 6.647 (el 45%) se produjeron en Cataluña, 2.381 en Andalucía y en Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid en torno a 1.300. “Una situación que requiere de medidas contundentes”, afirman los economistas de Acción Liberal. Entre otros economistas, ha participado en este informe José María García, viceconsejero de vivienda de la Comunidad de Madrid.