Luz verde al aborto sin permiso paterno y a la píldora del día después gratuita

La reforma de la Ley del Aborto, impulsada por el Ministerio de Igualdad, será aprobada hoy en el Consejo de Ministros. Esta norma vio la luz verde del Ejecutivo en el mes de mayo y, tras recibir los informes preceptivos de la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado, así como las aportaciones de otros ministerios, regresa hoy al Consejo de Ministros para culminar esta primera fase de su tramitación, antes de pasar al Parlamento.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó ayer su deseo de que la reforma del aborto – y la Ley Trans– sean «una realidad a finales de año». También justificó su tramitación por la vía de urgencia. «Es muy urgente para nuestro país, no sólo para hacer todas las modificaciones que tienen que ver con el derecho al aborto, sino también todos los derechos reproductivos; si no puedes decidir sobre tu propio cuerpo no puedes definir tu proyecto de vida», señaló en una entrevista radiofónica.

El texto es menos ambicioso de lo que Igualdad hubiera querido, dado que, en su primer paso por el Consejo de Ministros el pasado mayo, se quedaron por el camino dos asuntos: la reducción del IVA para los productos de higiene femenina (tampones, compresas...) y la persecución penal para las personas que recurran a la gestación subrogada fuera de España.

Acceso al aborto

La principal novedad que presenta esta norma es que las menores de entre 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad de contar con el permiso de sus padres. Se recupera, por tanto, lo que establecía la ley de plazos aprobada por Zapatero en 2010, y que Rajoy cambió en 2015 –sólo en este punto– para exigir autorización paterna a las menores.

También se eliminan los tres días de reflexión obligatorios desde que una mujer pide abortar para reafirmarse en su decisión. El sobre con información y recursos para ser madre sólo le será entregado a las mujeres que lo soliciten expresamente.

Por otro lado, pero en la misma línea, las mujeres que interrumpan su embarazo tendrán derecho a un periodo de baja y se incorpora la provisión de asistencia y acompañamiento integral y especializada en los casos de interrupción del embarazo. Además, los centros de salud y los servicios de salud sexual y reproductiva distribuirán la píldora del día después de forma gratuita.

Objeción de conciencia

La ley garantizará que en los hospitales públicos haya siempre personal disponible para practicar abortos. El objetivo es evitar que una mujer tenga que desplazarse hasta cientos de kilómetros para ir a otra provincia o comunidades autónoma. Del mismo modo, establecerá la objeción de conciencia –que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia– para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además, la norma recoge que quien se declare objetor, se aplicará en la sanidad pública y privada.

Salud menstrual

La reforma de la Ley del Aborto también trata la conocida como pobreza menstrual. Así, las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina.

Por otra parte, la ley regula –por primera vez en un país europeo– el derecho de una mujer que sufra reglas muy dolorosas a cogerse una baja laboral. Se incluirá en el catálogo de causas que generan incapacidad temporal. Estará financiada íntegramente desde el primer día por el Estado, y no por la empresa. Además, no se exigirá a la trabajadora ningún número mínimo de días cotizados a la Seguridad Social para acceder a ella, como sí ocurre en otras causas.

El texto también garantiza que, en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, se repartan gratuitamente productos de salud menstrual –como tampones, compresas o copa menstrual– con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual. «Es importante que la menstruación esté presente en el debate público y deje de ser un tabú, un estigma», señaló al respecto la titular de Igualdad.

Respecto al embarazo y la maternidad, la nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.

Violencia reproductiva

Dentro del concepto de «violencia reproductiva», el primer borrador de la Ley establecía que se considerara la gestación subrogada –llamada coloquialmente «vientre de alquiler»– como una forma de violencia contra las mujeres. Igualdad pretendía que se persiguiera con penas de cárcel a los padres de hijos nacidos por este método, aun habiéndolo hecho en países donde es legal. Finalmente, el Ministerio de Justicia tumbó esa propuesta, que quedó excluida del texto final del anteproyecto.

Lo que si se mantiene es que se considerará violencia contra las mujeres la esterilización forzosa para las discapacitadas, los embarazos y abortos en contra de la voluntad de la mujer, las malas prácticas durante el parto y la anticoncepción forzada.

Educación sexual

La educación sexual será integral en las principales etapas educativas con el foco en el consentimiento y los buenos tratos. El texto establece medidas como el reparto de forma gratuita de métodos barrera de anticonceptivos en centros educativos, vinculado a campañas sobre educación sexual.

También se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica, así como formación en educación sexual y menstrual a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.

Menos abortos

En España han abortado 100.000 mujeres de media al año desde que entró en vigor la actual ley de plazos de 2010, que permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14, aunque en los últimos años la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral.

La tasa media de los últimos diez años ha sido de 11 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. En 2020, último año con cifras, abortaron 88.269 mujeres en España. El año anterior lo habían hecho más de 99.000. Desde 2011 ha descendido el número de mujeres menores de 20 años que han abortado en nuestro país.