La escuela pública reabre las aulas con un déficit de 50.000 docentes y una interinidad del 27,4%

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado esta mañana un informe en el que destaca que la escuela pública ha vuelto a abrir esta semana sus aulas con graves problemas estructurales: déficit de plantilla, ratios elevadas que reducen la calidad que precisa el alumnado, clases sin refuerzos para apoyos y desdobles, y un caos organizativo derivado de la aplicación precipitada de la Lomloe: improvisación de currículos, aumento de burocracia y un largo etcétera.

La educación pública padece un déficit de más de 50.000 docentes desde los recortes de 2010, que todavía no se han recuperado. Por otro lado, se mantienen altos niveles de interinidad (superior al 27% de media) especialmente en la Enseñanza Secundaria y de Régimen Especial, con tasas que ascienden al 43,3 y el 39,3%, en los casos de Navarra y Canarias, respectivamente.

La tasa medida es muy elevada, teniendo en cuenta que no podrá superar el 8% a partir del 1 de enero de 2025, según recoge la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. CSIF exige la convocatoria de 100.000 plazas para reducir la temporalidad y 50.000 adicionales para paliar el déficit acumulado desde 2010, en los próximos tres años.

Según datos recabados del propio Ministerio de Educación, en la actualidad hay un déficit de 6.930 millones de euros, en comparación con la cifra que se destinaba en 2010 y teniendo en cuenta la inflación. A esta situación se añade la entrada en vigor de la nueva ley Educativa que ha provocado aún más caos en las comunidades autónomas (siete de ellas no han aprobado sus desarrollos curriculares) y entre los docentes, ya que implica para ellos una burocracia extraordinaria sin que se solucionen algunos de los problemas estructurales del sistema educativo. Esto tiene como consecuencia, según CSIF, que entre el personal docente haya una sensación de escepticismo, desilusión y cansancio porque no confían en la nueva norma y no piensan que la calidad de la educación vaya a mejorar, al no abordar los problemas estructurales: falta de inversión, ratios elevadas, ausencia de estabilidad legislativa y la necesidad de consolidación y mejora de las condiciones laborales del profesorado.

Por otra parte, es fundamental que la puesta en marcha de la nueva ley se realice de manera homogénea en todo el territorio, evitando agravar las diferencias ya existentes entre las comunidades autónomas en el derecho fundamental de la educación. Asimismo, exigimos altura de miras para que esta aplicación no sea una nueva guerra partidista que tanto perjudica a nuestro sistema educativo.

Desde CSIF reclaman al Ministerio de Educación y Formación Profesional que abra ya un proceso de negociación con las organizaciones sindicales para mejorar la educación pública de nuestro país, teniendo en cuenta la opinión de los profesionales:

• Convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para iniciar la negociación de las retribuciones, ante los niveles de inflación y pérdida de poder adquisitivo.
• Una vez que el Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, CSIF considera que se debe abordar ya el incremento de la financiación en la Educación para acercarnos al 7% del PIB, así como la actualización de los gastos de desplazamiento por razones de servicio, ante la subida de los carburantes.
• Que el Ministerio de Educación abra un proceso real de negociación para abordar la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Este proceso debería culminar con la aprobación de una Ley del Profesorado que recoja el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca las diferencias retributivas actuales entre comunidades autónomas, que ascienden hasta 700 euros mensuales y homologar las condiciones laborales del profesorado.

El próximo 24 de septiembre, el Sector Nacional de Educación de CSIF participará en la manifestación convocadas por el sindicato en Madrid contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y la calidad de los servicios públicos.