Los plataneros de La Palma tardarán cuatro años en recuperar su actividad normal

De las 1.200 hectáreas de cultivo previo al volcán, 220 se encuentran bajo las coladas de lava. Una superficie que los agricultores quieren recuperar con la ayuda de las administraciones y volver a poner en producción, para reponer al cien por cien una de las principales actividades económicas de La Palma que da trabajo directo e indirecto a 11.000 personas, en una isla de 85.000 habitantes aproximadamente y que aporta 135 millones de euros anuales en ingresos del exterior, según datos de los productores.

La Palma, cuya producción normal era de 140 millones de kilos anuales, el 32 por ciento del plátano de Canarias, ha visto mermadas sus exportaciones en 53 millones de kilos por el efecto del volcán. La isla cuenta con 5.300 productores, de los 7.300 que hay en el archipiélago, y la superficie de cultivo es de 2.747 hectáreas, de las 8.600 de todas las Islas Canarias.

Ahora mismo, un 10% por ciento de esas hectáreas están ocupadas por las coladas. «Acondicionar el terreno sobre la lava para cultivar forma parte de la historia de Canarias, se llama sorribar. Se hizo sobre las coladas del volcán de San Juan en los años cincuenta y sesenta del siglo XX y se puede hacer ahora», comenta Domingo Martín Ortega, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan).

Hay que roturar el terreno para que el agua de riego tenga drenaje, nivelarlo, levantar paredes o taludes para formar terrazas e incorporar una capa de suelo de sesenta o setenta centímetros con tierra fértil. «La mayor limitación es encontrar tierra de cultivo disponible, y parece que la hay», afirma Domingo Martín.

«La zona donde se obtiene la tierra hay que dejarla en condiciones adecuadas de conservación para no causar ningún daño ecológico. Se necesitan aproximadamente 1,5 millones de metros cúbicos de tierra de cultivo», explica el dirigente de los plataneros canarios. Esta operación podría costar unos 100 millones de euros y Asprocan quiere implicar a las administraciones, incluida la europea, en la financiación de esta reconstrucción, puesto que se trata de reponer una actividad económica que ya existía y que fue arrasada en una catástrofe natural.

Una solución jurídica

El coste de esta operación no es el único obstáculo: hay que encontrar una solución jurídica para la ordenación y la concentración de parcelas, negociar con los propietarios e incluso vencer la resistencia de quienes defienden proteger todas las coladas, algo que, según los plataneros «sería abusivo».

«Es una zona muy extensa, son más de 1.200 hectáreas y aquí se habla de poco más de 200 para una actividad agrícola que aporta directa o indirectamente el 30 por ciento de la economía de una isla que tiene pocas alternativas», argumenta Domingo Martín.

Según sus cálculos, en el mejor escenario todo este proceso de sorriba llevaría unos cuatro o cinco años. Por el momento, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias está realizando un estudio de viabilidad técnica y jurídica que estará listo en marzo de 2023.

«Esta sería la parte más complicada y larga en la recuperación de la catástrofe volcánica. Son daños de largo plazo, con unos 500 agricultores afectados», afirma Martín.

Los daños a corto plazo se produjeron fuera de la zona de la erupción, sobre todo por la caída incesante de cenizas durante tres meses, que afectaron al aspecto y a la calidad del producto y que tumbaron con su peso numerosos invernaderos, pero esta limitación ya estará corregida en la nueva cosecha que empieza ahora.

También hubo daños de medio plazo en unas 300 o 400 hectáreas que no fueron cubiertas por la lava, pero que quedaron aisladas por las coladas, sin acceso viario o sin riego por la rotura de las tuberías. Hay unos 450 productores afectados por esta situación.

En esto se ha estado trabajando desde que terminó la erupción en diciembre, sobre todo el acceso al agua de riego, lo que permitirá que estas fincas estén a pleno rendimiento en el plazo de uno o dos años. Para entonces se habrá recuperado el 90 por ciento de la producción previa a la erupción, a la espera del otro diez por ciento que aportaría la reconstrucción de las plantaciones cubiertas por la lava.

Gracias al agua de las desaladoras, agricultores como Francisco Calero, cuya finca en Puerto Naos se vio directamente afectada por la imposibilidad de acceder debido a los gases, hoy está dando fruto y ha recuperado parte de su cosecha perdida. «El agua de las desaladoras es un buen agua, el problema es que la cantidad de riego es menor que de forma natural», afirma Francisco, que añade que «gracias a eso, hoy he podido recuperar algo de la cosecha».

El descenso en la producción por el volcán ha producido además un problema de oferta comercial que ha disgustado a los consumidores, admite Domingo Martín. La falta de producto canario ha elevado los precios en los estantes de los supermercados y ha permitido a la banana ampliar su cuota de mercado.

Las organizaciones plataneras son conscientes de que habrá que recuperar terreno comercial y este invierno, en el que ya se irá normalizando la producción, también lo harán los precios, aunque probablemente aún no al nivel anterior. Por eso Domingo Martín insiste en la importancia de reconstruir todas las fincas cubiertas por la lava.

No existe una superficie alternativa para nuevas plantaciones y el plátano es estratégico para La Palma y para la recuperación no solo desde el punto de vista social y económico, sino también logístico, por su implicación en el precio del transporte de mercancías.

«Todo lo que sea exportar mantiene el precio de los transportes», afirma Martín. Si llegan barcos a la isla a traer mercancías y no hay salida de exportaciones, los costes del transporte y, por tanto, de las importaciones aumentan.

En conjunto, según los cálculos de Asprocan, los daños causados por la erupción volcánica en el cultivo del plátano alcanzan los 100 millones de euros, incluida la pérdida de renta de los agricultores.

Aunque entre los afectados directamente «hay nervios por la incertidumbre», parece que las ayudas de las administraciones, que hasta ahora han aportado 13,5 millones de euros, se están implementando sin problemas.