Darias maquilla su ley sanitaria para contentar a los apoyos del PSOE

El Congreso tramitará una norma ambigua sobre «privatizaciones» y con excepciones para mantener los conciertos en Cataluña y País Vasco. Podemos se conforma con «colar» algunas enmiendas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, antes del Pleno en el Congreso
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, antes del Pleno en el Congreso FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Es «una vergüenza». Así calificó ayer la diputada del Grupo Parlamentario Popular Ana Pastor el proyecto de ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocido como «Ley Darias». Durante las intervenciones sobre su tramitación lamentó que el Ejecutivo «pretenda que nos traguemos lo que quieren con este diálogo de besugos. Lo que necesita la Sanidad española es, sobre todo y por encima de todo, su defensa pero no desde el sectarismo».

Finalmente, la tramitación logró la «luz verde» gracias al respaldo de Junts y el PDeCAT, que retiraron las enmiendas de totalidad que habían presentado a la ley tras pactar con el Gobierno que no va a afectar al modelo sanitario catalán, en el que priman los conciertos. También apoyaron la norma Más País, Teruel Existe, ERC y parte del Grupo Mixto. Son los que votaron en contra de las enmiendas de totalidad que registraron Vox y Ciudadanos, rechazadas por 191 votos en contra, 88 abstenciones y 64 a favor.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendió la ley atacando al PP: «Para la derecha esto puede ser no importante, pero como progresista, como socialista, me siento orgullosa de que esta ley proteja la salud de los más vulnerables, a los que menos tienen y a los que la política es la esperanza más palpable de tener oportunidades de vida. Por eso, y por lo que esta ley puede significar para mejorar la vida de la gente merece la pena estar aquí y todos los esfuerzos», aseveró Darias.

El pasado 14 de junio el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley que modifica normativas sanitarias como la Ley General de Sanidad o la Ley de Cohesión y, a su vez, deroga la Ley 15/97, que en su día fue apoyada por el propio PSOE.

En teoría cierra la puerta a nuevos copagos y amplía la excepción del ortoprotésico a los colectivos más vulnerables –personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas con hijo a cargo–, al igual que se hizo en su momento con los copagos farmacéuticos.

En realidad la ambigüedad y las excepciones que incluye este proyecto de ley apenas cambiará el fondo de las leyes actuales «privatizadoras», a falta de las enmiendas parciales. De hecho, permite que la gestión de los centros sanitarios sea «indirecta», es decir, a través de modelos privados de forma «complementaria y de apoyo». «Nunca sustituirían a la pública», advirtió Darias. Solo se podrá externalizar la gestión sanitaria «cuando no sea posible la gestión directa» y se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como «la optimización de recursos sanitarios» o la «insuficiencia de medios propios para prestar los servicios». Un cajón de sastre que permite a las regiones seguir con sus conciertos sanitarios con solo mencionar que sus recursos públicos son escasos y no dan para cubrir sus necesidades fundamentales.

Cambios condicionados

Incluso la norma más «socializadora», la posibilidad de realizar una «modificación legislativa y normativa» a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir «privatizaciones» de centros sanitarios, se condiciona a que sea «en las mejores condiciones posibles».

Otros partidos, al igual que el PP, criticaron con dureza la «ley Darias». El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, durante la defensa de su enmienda a la totalidad, avisó de que esta ley es una «aberración» y llamó «hipócritas» al Gobierno y al PSOE porque «tienen conciertos en todos los sitios donde gobiernan». El diputado del Grupo Parlamentario de VOX Juan Luis Steegmann recordó que «los funcionarios y nosotros los diputados disfrutamos de una capacidad de elección entre la pública y la privada que el resto de los ciudadanos no tienen», y consideró al proyecto de «inoportuno y carece de fundamento porque es partidista y genera menos equidad, menos accesibilidad y más enfermedad».

La intervención más esperaba era de los representantes del socio de Gobierno del PSOE, el Grupo Parlamentario de Podemos. Aunque días atrás había amenazado con dejar caer la norma, al final su representante, Rosa Medel, se limitó a pedir al Gobierno que tenga en cuenta sus propuestas en la tramitación de la normativa. «No queremos esta ley pero necesitamos derogar la 15/97 y esperamos que acepten nuestras enmiendas porque estamos defendiendo la calidad y seguridad en la asistencia sanitaria».

Pese a estas críticas la normativa fue aprobada con apartados como que todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo conlleven una evaluación sobre su impacto en la salud, sobre todo en materia laboral, de vivienda, transporte, ordenación del territorio, agricultura o salud animal. Y que en el Sistema Nacional de la Salud (SNS) se establezca la evaluación de las políticas públicas por medio de indicadores, extremo muy reclamado desde distintos colectivos sanitarios para mejorar la atención, recoge Ep.

También se regula formalmente la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial. Concretamente, el Foro Abierto de la Salud, que existía hasta ahora de manera temporal, adquirirá ahora naturaleza «permanente».

Amenaza de más costes y retrasos en listas de espera

La ofensiva anunciada, pero luego rebajada, de Unidas Podemos contra la colaboración público-privada en Sanidad podría tener consecuencias devastadoras para el actual SNS. En caso de una colaboración meramente residual hasta abocar a su práctica desaparición, como pretende la formación morada, se dispararían aún más las listas de espera para diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, y aumentaría el coste que desembolsa el Estado por la asistencia médica de cada ciudadano. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que integra al sector sanitario privado, calcula que las listas de espera para primeras consultas subirían hasta un 153%.