Reforma universitaria sin financiación asegurada

El Congreso rechazó ayer las peticiones de Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya de retirar el proyecto de ley orgánica del Sistema Universitario planteado por el Gobierno, con lo que ha sorteado su primer escollo y seguirá su tramitación parlamentaria.

El Pleno de la Cámara Baja ha tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por estos tres grupos parlamentarios por 193 votos en contra, 148 votos a favor y una abstención.

Los representantes de estos tres partidos fueron duros en sus intervenciones. Los populares afirmaron que las referencias a la financiación de la ley «son papel mojado». La diputada del Grupo PopularMaría Jesús Mor advirtió de que «el ministerio y el Gobierno no pueden ponerse de perfil y seguir con la técnica de yo invito y tú pagas. Pero además pagas con lo que se planificó en otro tiempo».

En la misma línea, el diputado del Grupo Vox Joaquín Robles aseguró que el texto «no aclara la financiación» y subrayó que las comunidades autónomas «favorecidas fiscalmente tendrán más oportunidad de dedicar más a financiación a la universidad. Esto ahonda mucho más en la división de los españoles. De esta financiación solo hemos sacado en claro que quiere endurecer los requisitos para la creación de universidades privadas».

La diputada de JutsxCat Mariona Illamola echó en falta un compromiso económico «firme» y resaltó que «es preciso asegurar la suficiencia financiera y su estabilidad económica, incluyendo sus costes en los Presupuestos Generales del Estado. La dotación presupuestaria impone muchos cambios en las comunidades autónomas pero, ¿cómo se van a pagar? ¿De dónde van a salir los recursos», preguntó la diputada.

Explicaciones de Subirats

El ministro de Universidades, Joan Subirats, intentó rebatir todos estos argumentos y defendió la nueva norma porque la vigente «no responde ya a las necesidades ni del sistema universitario en su conjunto, que se ha transformado enormemente en estos 20 años». Se necesita, dijo, una Universidad accesible a todos los ciudadanos y al servicio de la sociedad; suficientemente financiada; que ponga la calidad de la docencia al mismo nivel que el de la investigación, cuyas plantillas gocen de condiciones laborales «dignas». Recordó que la LOSU fija el compromiso de un mínimo del 1 % del PIB dedicado a universidades.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado socialista Roberto García Morís destacó que esperaba del PP «una aportación mayor» tras la «mano tendida del ministro». «Si hubiese sido por su grupo en esta legislatura no hubiésemos hecho política universitaria. Esta ley sí combate la precariedad, así como el resto de políticas que desplegamos esta legislatura, la causa de la precariedad está en las políticas universitarias del PP», atacó durante su intervención.