El maquinista del Alvia, entre sollozos: «No pude evitarlo»

Francisco José Garzón señala que los sistemas de protección en el recorrido deberían haber estado en pleno funcionamiento

Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren que el 24 de julio de 2013 impactó contra un muro de hormigón en la entrada a Santiago con el saldo de 80 muertos, declaró esta mañana entre sollozos que frenó, pero que fue imposible que no se desencadenase el accidente: «No pude evitarlo». Su testimonio no duró ni una hora ya que solo contestó a las preguntas de su abogado, Manuel Prieto. También se vino abajo cuando al ser cuestionado si con las medidas de seguridad que actuales la tragedia se hubiese producido: «No, imposible», afirmó compungido. Y añadió sobre los sistemas de protección con los que él no contó que «siglos hacía que existían» y que deberían haber estado en pleno funcionamiento.

Garzón Amo remarcó que no había ninguna señal, ni semafórica, ni baliza, ni de limitación, nada que le conminase, de una manera escalonada, a reducir la velocidad a la que iba. Solamente se topó con los 80 kilómetros por hora cuando estaba en la curva de A Grandeira, donde se produjo el descarrilamiento que no pudo sortear.

El conductor de aquel tren contó que la llamada de servicio del interventor de a bordo, a la que «es obligatorio contestar», lo dejó desubicado. De hecho, su abogado dedicó buena parte de su interrogatorio a aspectos sobre el uso de los teléfonos móviles en cabina. El maquinista afirmó que la empresa (Renfe) le dotó de uno corporativo «que es una herramienta de trabajo más» y que no existía protocolo sobre su utilización.

Aquel 24 de julio de 2013, Garzón recibió la llamada del interventor, que era «de servicio», por lo que era «habitual» responder. En concreto, se interesaba por unos viajeros que iban a Pontedeume y sobre cómo entrar en aquella estación. «¿Dejó de prestar atención a la vía?», le ha inquirido Prieto. «En ningún momento, respeté todas las señales y todas las limitaciones que había en la vía. Seguí prestando atención», contestó el maquinista, quien, a continuación, precisó que la llamada le hizo desorientarse. «Me desubicó. Creí que estaba en el túnel anterior». Perdí la conciencia situacional», añadió con referencia a este término que incorporó en la causa uno de los informes periciales presentados por Prieto durante la instrucción. De hecho, la pérdida de conciencia «espacial» o «situacional» fue mencionada en varias ocasiones por Francisco Garzón.

Ya consultado acerca de si lo que a él le ocurrió podría haberle sucedido a otros maquinistas de Renfe, zanjó con un «a cualquiera». Garzón Amo encaró la curva de A Grandeira a más del doble de la velocidad permitida (191 km/h frente a 80).

La declaración del ex alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, acusado junto al maquinista por el accidente, se ha pospuesto hasta el próximo jueves 13 para que «pueda reponerse» tras el «incidente» registrado en la jornada de arranque del juicio. Así lo comunicó la jueza Elena Fernández Currás al término de la declaración del maquinista.

El calendario previsto por el tribunal reservaba tanto el resto de la jornada de ayer como la de hoy para la comparecencia de Cortabitarte, pero su abogado aseguró a la jueza que «todavía sigue afectado por lo que sucedió ayer». Como se recordará, el padre de una chica fallecida en el siniestro le golpeó a la salida del edificio judicial. «Pedimos que pueda declarar la próxima semana», reclamó a la jueza el letrado del exdirectivo al que se imputan 80 supuestos homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave ya que era el encargado de velar por la seguridad en la vía.

Toda vez que la declaración de Cortabitarte será «notablemente más larga» y tras manifestar su defensa que «no se encuentra en condiciones por ese incidente, añadido a la propia tensión» por encontrarse como acusado en la causa, según ha señalado la propia jueza, que ha aplazado su comparecencia, ya que «existen días más que suficientes» y para que «pueda reponerse». Según varios abogados, entre ellos el de la plataforma de víctimas y el del maquinista, la estrategia de la defensa de Cortabitarte pidiendo el aplazamiento consiste en ganar una semana para preparar su declaración con base en lo dicho ayer por Garzón.

Esta segunda jornada, de hecho, el dispositivo policial fue modificado para tratar de incrementar la seguridad, de modo que el paseíllo por el que entraban tanto acusados y abogados como el público y periodistas queda reservado solo para los primeros, mientras que los segundos deben acceder bordeando el edificio judicial. Aún así, a la salida de Cortabitarte varios familiares de víctimas le increparon con gritos de «asesino» y «sinvergüenza». «¡Nos has robado la vida!».

El presidente de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, valoró que el maquinista que manejaba el convoy «una vez más» pidiese disculpas en su declaración durante el juicio. «Ha pedido perdón. Nosotros somos un colectivo con todo tipo de sensibilidades. Habrá gente que le perdone y habrá gente que no, es un tema que yo no puedo valorar», reconoció Domínguez en declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la segunda jornada del juicio.

Sobre las cuestiones técnicas de las circunstancias del siniestro que ha explicado Garzón, el presidente de la Plataforma de Víctimas ha destacado que «se demuestra una vez más la prisas que hubo por inaugurar la línea de alta velocidad».

Asimismo, Jesús Domínguez subrayó que la formación que recibió Garzón para manejar el tren «fue por la vía 2, en la que el semáforo estaba en amarillo» y en la que «el accidente nunca habría ocurrido». Por esto mismo, el exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte permanece como el otro acusado.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras.

La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.