Bruselas quiere reducir en un 75% las muertes prematuras por contaminación

Bruselas está decidida a mejorar la calidad del aire que respiran los europeos con el objetivo de evitar, en los próximos diez años, un 75% de las muertes prematuras. Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, actualmente la contaminación del aire causa 300.000 muertes en los Veintisiete y el desarrollo de enfermedades como asma, cáncer de pulmón y otras dolencias cardiovasculares.

Para atajar este problema, el Ejecutivo comunitario ha propuesto unos objetivos más estrictos para restringir contaminación atmosférica, en aras de que en el año 2050 los europeos puedan respirar un aire libre en su totalidad de este tipo de partículas dañinas. La Comisión Europea pretende rebajar en el aire la presencia de estas sustancias contaminantes, concretamente a más de la mitad de manera anual desde los 25 µg/m³ en la actualidad a 10 µg/m³ en 2030.

Este objetivo será revisado de aquí al año 2050, la primera vez en el año 2028 y serán los Estados miembros los encargados de diseñar las medidas. Para Bruselas, no hay tiempo que perder. “Cuánto más esperemos para reducir la contaminación, más nos costará como sociedad. Para 2050, queremos que nuestro medio ambiente está libre de sustancias contaminantes dañinas”, ha asegurado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans.

Además, la Comisión Europea también ha puesto sobre la mesa un novedoso enfoque por el que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales si viven en un territorio que no respeta los estándares europeos y demuestran que su salud se ha visto agravada por ello.

La iniciativa presentada este miércoles pretende poner en macha una nueva legislación por la que los pacientes puedan recibir una compensación y ser representados por organizaciones no gubernamentales mediante acciones colectivas. Se pretende también mejorar el acceso de la justicia a los ciudadanos, que las sanciones resulten efectivas y que haya una mejor información para el público general sobre la calidad del aire de la ciudad en la que viven.

Según las estimaciones de la Comisión Europea, la contaminación atmosférica supone un coste de 231.000 y 853.000 millones de euros a lo que se suma 8.000 millones en la pérdida de días de trabajo. Por el contrario, poner en marcha las medidas propuestas por el Ejecutivo comunitario tendría un coste inferior al 0,1 del PIB. Según las estimaciones de Bruselas, en el año 2030 los beneficios netos se situarían entre los 42.000 y 121.000 millones al año comparado con el coste de 5.500 millones anuales.

Además, el documento presentado en rueda de prensa este martes también pretende mejorar la gestión de las aguas residuales urbanas y una actualización de la lista de sustancias contaminantes para un mejor control de las aguas superficiales y subterráneas.

En cuanto al primer objetivo, la Comisión quiere extender la obligación de tratar las aguas a todas la poblaciones con al menos 1.000 habitantes frente a la regulación actual algo más laxa que tan sólo cubre los municipios de 2.000 habitantes. Además, para protegerse de las lluvias torrenciales que se están haciendo más frecuentes debido al cambio climático, Bruselas pretende que las grandes ciudades implanten gestiones de residuos centralizadas. Con la meta también de aprender las lecciones extraídas del coronavirus, el Ejecutivo comunitario quiere poner en marcha análisis sistemáticos de las aguas residuales para detectar virus y la resistencia a los microbios.

Además, teniendo en cuenta que el 92% de las sustancias tóxicas encontradas en las ciudades provienen del sector farmacéutico y cosmético, este nueva regulación pretende extender la responsabilidad de estos productores para que se encarguen de su limpieza. Este principio de que “el que contamina paga " busca incentivar la investigación en contra de los productos tóxicos a la vez que hacer más justo el coste del tratamiento de las aguas y que. el gasto no recaiga tan sólo en los sufridos contribuyentes

Además, se quiere incentivar la producción del biogás – producido por la descomposición de la materia orgánica- y la reutilización de las aguas residuales.

Según los cálculos de Bruselas en este apartado, los beneficios también superan ampliamente los costes. El gasto de poner en marcha esta medidas supondrían tan sólo el 3,8% (3.800 millones al año en 2040, frente a las ganancias de 6.600 al año).

En cuanto a la ampliación de la lista de sustancias prohibidas tanto en las aguas subterráneas como las superficiales, el Ejecutivo comunitario incluye desde químicos utilizados en la ropa, muebles , productos de higiene y cuidados y utensilios de cocina así como el glifosato, el Bisphenol A que se utiliza como plástico, algunos medicamentos antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos hasta un total de 20 compuestos químicos.

Esta propuesta debe pasar ahora mismo el visto bueno tanto de las capitales europeas como de la Eurocámara para su entrada en vigor con metas progresivas para 2030, 2040 y 2050.