Los escollos jurídicos y científicos de la Ley de protección animal

Desde antropomorfizar y otorgar derechos al animal como ser sintiente, hasta decidir si los perros de caza deben excluirse de la ley o cómo controlar las colonias felinas, el debate en el Congreso de los Diputados sobre la nueva normativa de protección animal volvió ayer a enfrentar a expertos en animales y parlamentarios. Juristas, responsables de entidades defensoras de los animales, representantes del mundo de la caza y del medio natural participaron en una segunda sesión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad para debatir sobre el proyecto de ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y el de modificación de la ley orgánica del Código Penal en maltrato animal, ambas en tramitación parlamentaria.

Con posiciones muy dispares entre las posturas más filosóficas frente a las más utilitaristas, estos proyectos de ley que se tramitan en el Parlamento, con más de 6.000 alegaciones y cientos de enmiendas, llevan suscitando gran polémica desde su arranque, no sólo a nivel jurídico, científico y social sino también político, incluso dentro del Gobierno.

En general, según informa Efe, los detractores reprochan la redacción de los textos, no por su esencia –en la que todos coinciden– que es evitar el maltrato, sino debido a la indefinición de planteamientos, «incongruencias», paradojas legales, incertidumbres, falta de claridad, trabas innecesarias, intromisión competencial del Estado central y opacidad sobre el coste de las medidas para aplicarlas así como «las prisas» para tramitarla.

La mayoría considera sin encaje jurídico excluir a los perros de caza de la ley como ha planteado el grupo socialista en una enmienda particular al propio proyecto de ley aprobado por el Gobierno y desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales que preside Ione Belarra, de Unidas Podemos.

Los intervinientes opinaron que no se puede hacer diferencias en la protección de una especie únicamente por su actividad. Desde la Real Federación Española de Caza, una de las organizaciones más críticas con la ley, se ha precisado que la exclusión de los perros de caza no es suficiente, ni muchos menos, para solventar las muchas lagunas en las que incurre esta normativa.

En su intervención, María Luisa Fernández, consejera del área de animales de compañía del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, criticó que no se incluya en la protección de la ley a todos los animales, con sus particularidades específicas.

Sobre los animales dijo que estos «sienten lo que pasa a su alrededor porque tienen que relacionarse con el mundo en función de sus sentidos», pero es «un error antropomorfizarlos» lo que resumen en «una ley para el bienestar animal, sí, pero esta no».

Los detractores criticaron que se clasifique entre perros de primera y segunda según quien los trate.