Las incógnitas sin resolver del espeluznante crimen del “cráneo de Castro Urdiales”

La Audiencia Provincial de Cantabria juzga desde este lunes el llamado caso de “la cabeza de Castro Urdiales”. En el banquillo se sienta Carmen Merino, acusada de matar y decapitar hace tres años a Jesús María Baranda, un jubilado vasco de 67 años con el que mantenía una relación sentimental. El cuerpo aún no ha sido encontrado.

El crimen se destapó cuando una amiga de la procesada abrió un paquete que tiempo atrás le había entregado para que se lo guardase en su casa, alegando que contenía juguetes eróticos y con el pretexto de que no quería que los viesen los agentes de la Guardia Civil en los registros que estaba practicando después de la desaparición de su pareja, informa eP.La víctima, un banquero bilbaíno jubilado de 67 años, había desaparecido en el mes de febrero, aunque sus familiares no interpusieron la correspondiente denuncia hasta abril.

La mujer abrió la caja de cartón ante el mal olor que desprendía, en la que descubrió una cabeza humana, dentro a su vez de una bolsa de plástico y recubierta asimismo con una página de periódico con un pasatiempos. Desde el descubrimiento, la sospechosa solo ha declarado una vez: en noviembre de 2020 en el Juzgado que ha instruido el caso, el número tres de Castro Urdiales. Merino negó su participación en los hechos, asegurando que no tuvo “nada que ver” con la desaparición y fallecimiento de su novio. Añadió que no tenía “ni idea” de qué había “podido ocurrir” al hombre, con el que llevaba siete años viviendo en un piso de la calle Padre Basabe de Castro Urdiales, y que ambos “se querían muchísimo”.

Además, de acuerdo con la testifical de una mujer- hermana de la que abrió la caja con el cráneo- Merino le había asegurado tras el descubrimiento que había podido “guardar” la cabeza de su pareja y el “secreto tan gordo” de lo ocurrido meses antes “gracias a las pastillas”. El hallazgo del cráneo desató todo tipo de conjeturas sobre lo sucedido y su identidad se determinó días después de su aparición por las pruebas forenses que se practicaron.

Durante las jornadas siguientes, la Guardia Civil de Cantabria, con apoyo de especialistas de Madrid y con ayuda de perros, inspeccionó el piso de la pareja, terrenos que tenía el fallecido en la zona, y hasta se desplazó al vertedero de Meruelo, el más grande de la región, para informarse sobre tratamiento de residuos. El juez decretó el secreto de las actuaciones y lo prorrogó durante varios meses, hasta el 30 de junio de 2020 cuando se levantó, es decir, nueve meses después del descubrimiento del cráneo. Cuando se cumplieron casi dos años de la apertura del procedimiento, fue transformado para que se juzgue por la Ley del Jurado, a petición de la nueva defensa, que sustituyó al anterior letrado cuando renunció al caso.

Todavía quedan por despejar muchas dudas en torno a este suceso, como el motivo del crimen, dónde se produjo o dónde se encuentra el resto del cuerpo del fallecido. En el auto de hechos justiciables se considera que sobre el 13 de febrero de 2019 Carmen Merino estaba con Jesús María Baranda en la vivienda de él en la que ambos convivían desde 2012 en el marco de la relación sentimental “estable” que mantenían desde hacía años. Así, aprovechando que residían ellos dos solos y que “no había terceras personas que pudieran auxiliar” al hombre, la mujer le suministró una “elevada cantidad de diazepam”, somnífero que le dejó “adormilado, eliminando de ese modo sus posibilidades de defensa, todo ello con la intención de acabar con su vida”. Añade que ella “causó intencionadamente la muerte de Jesús María Baranda, con la intención de aprovecharse económicamente de sus bienes” y utilizó una “motosierra” para “deshacerse del cuerpo” de su pareja, que la había nombrado “heredera universal” en su testamento. En la resolución también se pone de manifiesto que “no se sabe” en qué circunstancias murió el hombre ni cuándo o dónde se produjo el crimen, ya que hasta ahora solo se ha encontrado su cráneo.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, que ejercen los hijos de la víctima, consideran a la acusada autora de un delito de asesinato con alevosía (imposibilidad de defensa) y con la circunstancia agravante de parentesco. El fiscal pide para la mujer una condena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante todo ese tiempo, mientras que la acusación particular opta por la prisión permanente revisable, y subsidiariamente la solicitada por el ministerio público. Además, la Fiscalía solicita que indemnice a los dos hijos, el hermano y el primo del decapitado con 20.000 euros para cada uno por el daño moral, mientras que la acusación pide 35.000 euros para cada uno de los hijos.