Setenta entidades presionan a Sanidad para que apruebe nuevo plan antitabaco tras 11 meses de retraso

Cerca de 70 entidades sanitarias y civiles pisan el acelerador para que Sanidad apruebe el Plan de Prevención del Tabaquismo, que lleva once meses de demora, y lo hacen presentando la declaración Endgame (Final de Partida) que aspira a una prevalencia de consumo del 5% en 2030 y a prohibir la compra a nacidos después de 2007.

En declaraciones a Efe, el presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), Andrés Zamorano, ha denunciado la “inacción” del Gobierno ante el Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (2021-2025) y ha considerado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, volcada en su candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado a un lado un plan “del que no quiere tocar un ápice y dilata su aprobación”.

Las 46 sociedades médicas, científicas y de pacientes que integran el CNPT se han sumado a la nueva declaración Endgame, que se presentará este martes, para mostrar la “fortaleza” de un texto de consenso que sea acicate para consolidar los espacios sin humo (100% en hostelería, incluidas terrazas) y en todos los medios de transporte, también privados, evitando en especial la exposición pasiva al humo de los menores.

Para sacar este plan del cajón y exigir al Gobierno medidas a corto y medio plazo que avancen en el final del tabaquismo, las cerca de 70 sociedades firmantes de la declaración insisten en consolidar los espacios sin humo en hostelería, lugares deportivos y campus universitarios.

También demandan perímetros de seguridad de al menos 10 metros en accesos a colegios, hospitales, centros comerciales, paradas de autobús, andenes de medios de transporte, playas, piscinas y espacios naturales donde haya agrupaciones de personas.

La declaración incide en la equiparación legal de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, los productos a base de hierbas para fumar, de tabaco por calentamiento y otros novedosos con los productos tradicionales del tabaco en términos fiscales (equiparación al alza en los impuestos) y legislativos (idénticas restricciones de consumo, comercialización y publicidad), con una mención explícita a las pipas de agua o cachimbas.

El documento aspira seguir la línea de Nueva Zelanda que fijó el objetivo de que los nacidos después del 1 de enero de 2009 no puedan comprar tabaco legalmente nunca, a fin de conseguir que el consumo de esta sustancia sea residual y con tendencia marcada a desparecer.

Para ello el texto plantea restricciones “lo más exhaustivas posibles” a la adquisición de tabaco o nuevas formas de consumo a todas aquellas personas nacidas en 2007 y en adelante, a partir del momento en que adquieran mayoría de edad en 2025.

Se trata, recoge el documento, de paralizar el flujo de entrada a la población fumadora y apostar por disuadir a las nuevas generaciones del hábito del tabaquismo.

En esa línea se propone eliminar puntos de venta en máquinas expendedoras, hostelería, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia y restringir la venta de cualquier producto de tabaco y similares a las expendedurías de tabaco del Estado.

Los firmantes de la declaración quieren suprimir las excepciones que figuran en la ley 28/2005 de medidas sanitarias de forma que se elimine la figura del club privado del fumador por ser normalizadora del consumo en quienes ya fuman.

Además quieren que se anulen las excepciones en los centros psiquiátricos ya que, según el presidente de la CNPT, estos pacientes han trasladado que pueden y quieren dejar el hábito de fumar.

Otros centros que saldrían de la excepcionalidad de la ley serían los penitenciarios y los residenciales de mayores o personas con discapacidad, de acuerdo con informes emitidos por expertos en cada uno de estos sectores, informa Efe.