Las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 5,7% en España en 2022

Las emisiones de gases de efecto invernadero en España en 2022 fueron 305 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone un 5,7% más que en 2021, cuando fueron de 288,6 millones, según el último informe «Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España» del Observatorio Sostenibilidad.

En el año 1990, las emisiones del año base eran de 290 millones de toneladas de CO2 equivalentes, mientras que las del año 2005 ascendieron a 442 millones de toneladas de CO2 equivalentes.

La crisis desatada por el coronavirus supuso la mayor disminución de las emisiones en 2020, lo mismo que sucedió con el PIB, el empleo o el aumento de la deuda pública, pero la vuelta a la normalidad han supuesto ya un «importante crecimiento», a pesar de la guerra en Ucrania y los altos precios del gas natural, el petróleo y la electricidad, informa Ep.

El estudio refleja que las emisiones sujetas al Comercio Europeo de Emisiones (ETS, en sus siglas en inglés) supusieron un 32% del total. Por su parte, los sectores difusos representaron un 67% de las emisiones totales, y la aviación un 0,7%, según datos preliminares.

La disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica se quebró en 2022, con un aumento del 60%, aunque ya representa una fuente «marginal», a diferencia del consumo del gas natural en las centrales de ciclo combinado, que creció un 61% en 2022, a pesar de los altos precios provocados por la invasión de Rusia a Ucrania.

El documento resalta que los aumentos de 2021 y 2022 ya observados «obligan a aumentar los esfuerzos de descarbonización de aquí a 2030 y permiten aumentar la ambición de los objetivos de reducción de la Ley de Cambio climático para conseguir una economía descarbonizada y más competitiva». También apuesta por revisar los procesos de decisión para «lograr una descarbonización estructural y no coyuntural, en el sector eléctrico y del gas (precios elevados, recuperación de centrales hidroeléctricas, reserva de energía, etcétera).

La energía fotovoltaica en tejados en pequeñas instalaciones, naves industriales, centros comerciales debe, según subraya el texto, de “ser potenciada y permitirse el balance neto para que la población se beneficie de esta tecnología y así evitar el impacto de las grandes instalaciones sobre el territorio”.

El documento también recomienda que las instalaciones fotovoltaicas sobre el territorio deben de realizarse sobre zonas mineras, vertederos, escombreras y utilizando otras zonas antropizadas como infraestructuras lineales, carreteras, autopistas o invernaderos ya consolidados, que “posibilitarían una implantación rápida y sin conflictos”.

Una mayor penetración de fotovoltaica permitiría, según refleja el informe, “eliminar parte de la eólica con mayor impacto sobre la biodiversidad y mayor contestación social”.

El estudio advierte de que es “especialmente negativo fue no asignar nueva potencia de energía termosolar, que es gestionable, en la última subasta realizada por el Gobierno, por el límite del precio que impide una mínima rentabilidad a las empresas del sector”.

“Parece que se prefiere pagar mucho más por el gas natural importado, que garantizar un precio a la termosolar que garantice amortizar el coste de su instalación y reducir el coste, como ocurrió con la eólica y la fotovoltaica”, critica el informe.

Asimismo, ha resaltado la “fuerte caída” de la cogeneración (-32%) y de la energía solar térmica, (-13%) que pesar de ser la “hermana pequeña” de la fotovoltaica también “debería aumentar de una forma importante para la descarbonización”.

Finalmente, considera que “debe de aprovecharse la magnífica oportunidad de los fondos NextGeneration para finalmente descarbonizar la economía y permitir una recuperación verde baja en carbono”