El protocolo del «latido fetal» de Vox enfurece a la izquierda

Las medidas antiaborto anunciadas el jueves por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, han generado un nuevo tsunami. Su propuesta de establecer un nuevo protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios ha suscitado una inmediata reacción en la esfera política y social. El político de Vox insistió ayer que, además, «se aplicarán inmediatamente» según lo consensuado con la Consejería de Sanidad, dirigida por el Partido Popular.

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, aseguró que su partido ejercerá acciones legales para evitar la coacción u hostigamiento por administraciones o personas a las mujeres que quieran interrumpir un embarazo y que recurrirá los acuerdos en ese sentido que tomen los gobiernos autonómicos. En una rueda de prensa en la sede del PSOE, Montero indicó, según recoge Efe, que cuando crean «que se conculcan los derechos de las mujeres» o que su derecho a interrumpir un embarazo se vea «alterado, coaccionado u hostigado por alguna administración o alguna persona», entonces ejercerán «las acciones legales oportunas para evitarlo». Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, acusó a Vox de querer convertirse en «comisarios de la virtud de las mujeres» con estas medidas.

Sin embargo, no todo fueron críticas, desde el PP, con quien Vox gobierna en Castilla y León, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que «nadie puede criticar» que se ofrezca a las mujeres «toda la información» necesaria para que «tengan todos los elementos de juicio» pertinentes a la hora de decidir continuar con un embarazo o abortar.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó la coyuntura del debate sobre el aborto para anunciar la creación de un teléfono de información para mujeres embarazadas «a favor de la vida y no en contra de nadie». «Aunque la izquierda piense que no, son las mujeres quienes deben libremente decidir qué información desean recibir», aseveró Ayuso

Lo que todavía falta por saber es cuándo se debería realizar esa ecografía «extra» para escuchar el latido del feto. García-Gallardo, ante los periodistas, aseguró no tener el dato ya que «yo no sé mucho de embarazos».

«Lo que nos sorprende es que haya gente que en un drama como el aborto no quiera dar información, asistencia y alternativa a las mujeres. Nosotros nos vamos a mantener firmes», afirmó el líder de Vox, Santiago Abascal.

Por su parte, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, avisó a Vox de que su formación no va a «tragar con cualquier cosa» y que expresará su rechazo con las medidas con las que no está de acuerdo y se quieran «imponer». A su entender, son «perfectamente compatible las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer».

Amparo legal

Sobre el asunto la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran practicar abortos, el artículo 19 de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ya recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia.

Castilla y León ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la tasa de abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, con 7,17. En el conjunto nacional, la tasa es del 10,70. El número de interrupciones voluntarias del embarazo repuntó un 7,2 % en esta Comunidad en 2021 respecto al año anterior, con 2.597, por debajo de los 2.674 que anotó en 2019, según recoge Efe. Solo 59 de 2.597 los abortos de Castilla y León en 2021 fueron en hospitales públicos y el grueso se practicaron en centros extrahospitalarios, en concreto 2.380. Del total de abortos (2.597), nueve casos fueron en menores de quince años y 236 entre mujeres de entre 15 y 19 años.