A espaldas del sello energético en viviendas

Una familia española gasta de media 990 euros al año en energía. Un coste que varía según la orientación y el aislamiento térmico del piso. De ahí que fuera tan importante el Real Decreto de Certificación Energética en Inmuebles que entró en vigor el pasado 1 de junio. Pero ha pasado un mes y medio y cosecha incumplimiento, fraude, e incluso denuncias.

Aunque en la actualidad los portales de alquiler y venta de viviendas, como Idealista, han puesto en marcha el cajetín para poder indicar dicha información, lo cierto es que gran parte de los inmuebles publicitados no cuenta con la etiqueta. Un sello que permite saber, como con los electrodomésticos, qué hogares son los que menos despilfarran («A») y cuáles, los que más («G»).

Incumplimientos

«Hemos detectado que se está incumpliendo el Real Decreto 235/2013, ya que exige que en el momento de promocionarlo se especifique la etiqueta, ya sean inmobiliarias o particulares», dicen desde el Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales.

Además, se están expidiendo certificados sin que el técnico visite presencialmente el inmueble y realice mediciones de eficiencia energética que exige la norma, como el consumo de energía, las emisiones de CO2, la calidad del aire interior, las condiciones de control térmico y lumínico, el gasto de calefacción, estudio de sombras, así como la envolvente térmica, denuncian desde el Consejo. Este fraude explica los precios. A modo orientativo se estima que un certificado energético de un piso estaría entre 150 y 300 euros. Si bien, se están promocionando incluso por 60 euros.

«Nuestros técnicos nos están alertado de que los clientes les están diciendo que otras empresas les ofrecen hacer los certificados por 60 euros. No te van a visitar, sino que te piden los datos por teléfono. Eso es un fraude, es obligatorio ir a hacer una inspección visual», denuncia Antonio López Nava, gerente de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e).

Coincide con él el presidente del Consejo, Jesús Rodríguez: «El precio para certificar de algunos anuncios denota que no se están haciendo las cosas bien. Con ese coste no se puede ni visitar una vivienda». Anuncios por cierto que ya pueden verse en webs que publicitan vía e-mail actividades lúdicas. Ahorro ponen, un 70 por ciento. Coste, 89 euros. La explicación del Consejo es que, aunque el precio es libre, se estima que para hacer estas mediciones son necesarias entre 6 y 8 horas para una vivienda de 120 metros cuadrados.

«El problema no es sólo el precio, sino que nos están llegando ofertas que dicen que te aseguramos mínimo una 'B'», denuncia Rodrigo Morell, director general de Creara.

Diferencias entre CC AA

Los problemas no acaban aquí. La libertad dada por la normativa a las CC AA ha hecho que «en Cataluña los ingenieros de Caminos no puedan hacer la certificación, ya que sólo pueden hacerlo ingenieros industriales, ingenieros técnico, arquitectos y arquitectos técnicos», precisa López. «De hecho –prosigue–, van a interponer una demanda en este sentido, no sé si de forma individual o todo el colectivo». Otra diferencia se da en los controles. «País Vasco quiere hacer la verificación de los sellos dados contratando personal externo. Mientras que en Cataluña lo van a hacer los funcionarios y vigilarán inmuebles con etiqueta ''A'', ''B'', ''C'' y ''D''», añade.

Otra deficiencia de la normativa es que «no exige qué equipo hay que utilizar. En vez de llevar un analizador de gases o un medidor de espesor de vidrio, se están haciendo los certificados llevando solo la cinta métrica. De modo que los cálculos los hacen a ojo», concluye Morell.