¿A favor o en contra?

El combustible nuclear gastado, ya utilizado en las centrales nucleares, debe ser almacenado durante un tiempo largo en condiciones seguras antes de decidir sobre su reprocesamiento o disposición final. En los países avanzados, la práctica habitual es disponer de un almacenamiento centralizado, que es la solución más eficiente desde los puntos de vista técnico, económico y de seguridad. Eso es precisamente el ATC, instalación que ha cobrado recientemente notoriedad por la oposición de algunos grupos políticos a su construcción en el emplazamiento elegido por el gobierno, Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca. ¿Tienen sentido los argumentos de quienes se oponen?

Resumiendo la cuestión, los argumentos que se han esgrimido en su contra se reducen a tres: el procedimiento de selección del emplazamiento, la seguridad del mismo, sobre todo desde el punto de vista geológico, y la seguridad.

Los criterios para elegir el emplazamiento quedaron definidos por la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 771/2006 de 23 de junio. La convocatoria pública para la selección de municipios se hizo mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 23 de diciembre de 2009. El Consejo de Ministros aprobó el emplazamiento elegido el 30 de diciembre de 2011. Como puede verse por las fechas, toda la tramitación del ATC se hizo durante el gobierno del PSOE. El hecho de que la fecha de aprobación fuera la segunda semana de gobierno del PP, a finales de 2011, no cambia nada, pues aquella aprobación se apoyaba en la larga tramitación durante el gobierno anterior. Es decir, este proyecto se trató, hasta entonces, como lo que era, un asunto de interés público, un asunto de Estado. Que hoy se opongan al ATC altos cargos del PSOE sólo puede suscitar la risa, pero también una profunda tristeza porque parece que sigue vigente la regla de que algunos políticos tienen patente para politizar y tergiversar cualquier asunto, por importante que sea, con tal de hacer oposición. En cuanto a la seguridad, recordemos que se trata de almacenar combustible nuclear gastado, después de su utilización en los núcleos de los reactores de las centrales nucleares que operan en España. Ese combustible es susceptible de reprocesamiento pero, si no se desea reprocesarlo, la solución es almacenarlo en condiciones seguras, lo que significa mantenerlo en cantidades unitarias limitadas dentro de contenedores o sistemas que blinden el ambiente exterior de la radiación remanente y que permitan una refrigeración adecuada para disipar el calor residual de los elementos de combustible. Eso es todo. Las tecnologías de almacenamiento son perfectamente conocidas y están probadas en los países que cuentan con centrales nucleares y que ya tienen combustible gastado almacenado en instalaciones similares a la que se va a construir en nuestro país. Incluso en países mucho más densamente poblados que España, no ha habido una oposición como la que hay en algunos sectores políticos de España. En cuanto a las condiciones geológicas del emplazamiento, la sismicidad de éste (Villar de Cañas) es inferior a la de otros que se presentaron en la convocatoria pública citada, y además, hay suficientes informes geológicos favorables. No se trata de una instalación tan exigente, en este terreno, como una central nuclear, y no ha habido argumentos técnicos contrarios. Se ha argumentado que un informe concreto no recibió la difusión adecuada, pero no se trataba de un informe geológico, sino de un comentario sobre si algunas partidas de costes se habían evaluado correctamente, lo que nada tiene que ver con la seguridad. Sorprendentemente, algunos opositores han cuestionado los conocimientos técnicos de los consejeros de Enresa para aprobar el emplazamiento. Lo cierto es que los consejeros no aprueban el emplazamiento (lo aprobó el gobierno, que tiene la competencia y la responsabilidad para ello). La responsabilidad del consejo de Enresa es precisamente dar luz verde a la continuación del proyecto sobre la base de esos informes técnicos. Este mismo argumento permitiría cuestionar cualquier decisión de cualquier consejo de administración de cualquier empresa de cualquier país, o impedir que nadie llegase a ministro o a secretario de Estado sin un profundo conocimiento técnico de las materias de su departamento. Asuntos como éste estarían mucho mejor libres de cualquier politización.

*Presidente de Madrileña Red de Gas