Los acusados del robo en Atrio rechazan declarar

Los acusados del robo de las botellas de vino del restaurante Atrio de Cáceres no han reconocido los hechos, ocurridos en octubre de 2021, y se han acogido a su derecho a no declarar en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Cáceres. Constantin Dumitru y Priscila Lara Guevara, que han sido trasladados desde la prisión de la capital cacereña donde se encuentran desde verano del año pasado, no han querido contestar a las preguntas de la fiscal ni de la acusación particular, informa Ep.

En el caso de Priscila tampoco a las de su abogada defensora, Sylvia Córdoba, pero Constantin Dumitru sí ha manifestado su intención de contestar a las preguntas de la abogada defensora, si bien ésta no ha querido formular ninguna cuestión a sus defendidos, por lo que su comparecencia se ha resuelto en un par de minutos.

Así las cosas, el juicio, que dio comienzo a las 9:48 horas en la Audiencia Provincial de Cáceres, ha tenido que hacer un receso a la espera de los primeros testigos, que estaban citados a las 10:30 horas en previsión del tiempo que ocuparían las declaraciones de los acusados de robar 45 botellas de vino valoradas en 1,6 millones de euros, según la carta del restaurante.

En el caso de los testigos, son 23 los que están citados, entre trabajadores del restaurante cacereño, policías y los dueños de Atrio, José Polo y Toño Pérez, pero uno de los testigos se encuentra en Brasil y Toño Pérez no puede asistir a la vista al encontrarse fuera de Cáceres en un evento gastronómico.

Negociar por la botella más cara

El que sí ha testificado hoy ha sido José Polo, quien ha considerado que el robo de 45 exclusivas botellas de vino en su negocio fue un "encargo" y ha mostrado su disposición a negociar con los acusados por la botella de Chateau d´Yquem de 1806, que se podría vender por unos 350.000 euros, debido a su alto valor sentimental.

"Ha sido un encargo, me quedaba la esperanza de que no lo hubiera sido y negociaran entonces con las botellas", ha declarado a los periodistas tras testificar en la vista oral en la Audiencia Provincial de Cáceres, según Efe.

"Si no negocian de aquí al final del juicio quiere decir que las botellas -a lo largo del juicio las partes las han cifrado en 45 pero el listado por Ministerio Fiscal en su escrito inicial registraba 47- ya las tiene la persona que se las encargó", y que son "peligrosas".

Aunque se ha mostrado dispuesto a negociar por la botella de la región de Burdeos Chateau d´Yquem de 1806, no lo ha hecho así por el resto de vinos, por los que, en total, ya han obtenido una indemnización de 753.454,46 por parte del seguro.

Además, ha recalcado que el precio de lo robado, en principio tasado por Atrio en 1.648.500 euros, es "relativo" y que depende del valor "histórico y sentimental".

Así, ha dicho que 24 de los vinos sustraídos los compraron en diciembre de 2000 por "7 u 8 millones de pesetas cada una".

Cuatro años de prisión

El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín González Casso, escuchará los testimonios de los testigos y peritos y, previsiblemente, los acusados se acojan a su derecho a la última palabra, una vez hayan escuchado los testimonios de todos los que están citados en este caso.

La fiscal Carmen Barquilla solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión para ambos, a los que considera coautores de un delito de robo con fuerza en establecimiento público que reviste una especial gravedad por la elevada cuantía de los objetos sustraídos.

Por su parte, la acusación particular representada por el abogado Rafael Montes, la aseguradora Reale que llegó a un acuerdo con Atrio y le indemnizó con casi 800.000 euros, pide el dinero abonado y que aparezcan las botellas.

Los acusados, un hombre de nacionalidad rumana y neerlandesa de 48 años y una mujer de nacionalidad mexicana de 29 años, fueron detenidos en julio de 2022 en la frontera de Croacia cuando intentaban entrar en el país en coche. A los pocos días fueron trasladados a España para declarar ante la jueza, que decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza en el centro penitenciario de Cáceres, donde continúan desde entonces.