La Agencia de Salud Pública podrá exigir datos clínicos a la sanidad privada

La futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) que el Gobierno quiere poner en marcha antes de que concluya la legislatura para hacer frente a futuras amenazas sanitarias, tras la devastación producida por la Covid-19, no se centrará solo en la vigilancia de las enfermedades infecciosas.

Entre sus funciones figurará también, por ejemplo, el control de elementos biológicos potencialmente peligrosos en los establecimientos que los manipulen o almacenen, ante la posibilidad de que agentes biológicos o sus toxinas puedan ser utilizados como armas, lo que constituiría un riesgo para la salud de la población y la seguridad nacional. La Aesap tendrá asimismo competencias en el análisis de riesgos para la salud de eventos medioambientales o derivados del consumo de alimentos. Así lo apunta el proyecto de ley por el que se crea este nuevo organismo con personalidad jurídica diferenciada, y patrimonio y tesorería propios, que estará adscrito orgánicamente al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Sanidad.

El proyecto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, subraya que la Aesap deberá «reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y su bienestar, y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias». «Para ello, en coordinación con las comunidades y otras administraciones públicas, con los diferentes actores y disciplinas, y con la sociedad civil, realizará un abordaje holístico y transdisciplinar de los problemas de salud y sus determinantes, actuando bajo el principio de una sola salud, sin perjuicio de las competencias asignadas a los departamentos con competencias en materia de salud animal, salud vegetal, seguridad alimentaria y protección ambiental», según reza el artículo 2, sobre su objetivo y fines generales.

Como se recordará, la puesta en marcha de esta agencia fue una promesa que realizó el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, antes de su marcha a Cataluña, una meta entonces incumplida que también anunció su sucesora, Carolina Darias, y que acaba de retomar con fuerza cuando está a punto de abandonar el departamento mediante la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley que le dará forma.

Su creación trata de suplir las serias carencias con las que se encontró en la pandemia el dispositivo que estaba llamado a realizar esta labor de vigilancia y control en España, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que depende de Sanidad y que aún dirige el polémico Fernando Simón.

A pesar de sus 41 páginas, el proyecto normativo que acaba de llegar al Congreso de los Diputados es parco en algunos detalles y remite la regulación de muchos de ellos a un futuro estatuto. Uno de los aspectos más espinosos tiene que ver con la obligación de suministro de datos, ante los obstáculos con los que se topó el CCAES para recabarlos de otros organismos y, sobre todo, de las autonomías.

Según el proyecto de ley, «todas las administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y privado, así como las personas físicas y jurídicas, estarán obligados a suministrar»a la futura Agencia cierto tipo de información. Entre ella, los datos necesarios «en el tiempo, forma y calidad requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de los fines generales de este órgano, en especial, evaluar el estado de salud de la población, realizar funciones de seguimiento y vigilancia en salud pública, así como la detección precoz y la evaluación de riesgos para la salud».

Estos datos serán establecidos mediante real decreto, «previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», lo que equivale a decir que serán las consejerías de salud las que avalen o no su transferencia a la agencia. El proyecto especifica que la Sanidad privada tendrá también que aportar la información que se le requiera en este contexto de preparación de respuestas a las emergencias de salud pública.

El texto emanado del Ministerio de Darias propone asimismo la confección de un plan estatal de preparación y respuesta frente a amenazas para la salud pública que será aprobado mediante real decreto. Este incluiría los mecanismos de declaración de una situación de emergencia de salud pública de importancia nacional, de su gobernanza y de las capacidades y recursos necesarios de respuesta.

En este sentido, especifica que la agencia ejercerá competencias de naturaleza técnico científica y, en particular, la coordinación y evaluación de la Red de Vigilancia de Salud Pública, la identificación, evaluación y comunicación de riesgos para la salud pública, así como la coordinación de la preparación y respuesta ante riesgos y emergencias sanitarias, «sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades». También prestará asesoramiento técnico a las administraciones y sociedad civil en el ejercicio de actuaciones de salud pública.

Por otro lado, la norma no especifica qué organismos públicos ahora integrados en el Instituto de Salud Carlos III u otras dependencias administrativas quedarán adscritos a la agencia, aunque en la memoria subraya que las labores de gestión diaria de vigilancia por orden de Sanidad, la asesoría técnico-científica y el desarrollo de acciones técnicas pasarán a ser ejercidos por la Agencia. También asumirá la mayoría de las funciones del CCAES de Fernando Simón, aunque remite para su concreción al futuro estatuto que regirá su funcionamiento.

En principio, están previstas unas inversiones de 27,4 millones de euros para la constitución de la Red de Vigilancia en Salud Pública y de 9,45 millones de euros para dotar de equipamiento tecnológico al Centro Estatal de Salud Pública. Dicha Red Estatal estará constituida por un nodo central situado en la futura Agencia y nodos autonómicos ubicados en las consejerías de Sanidad.

Sobre su personal, el proyecto de ley apunta que la selección estará regida «conforme a la normativa aplicable» y «se basará en los principios de mérito y capacidad, publicidad, concurrencia, igualdad y el de acceso al empleo público de las personas con discapacidad». Añade que «en la selección del personal directivo, además de la aplicación de los principios anteriores, se valorará la idoneidad para asumir la responsabilidad en el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 2», ya mencionado, lo que abriría la puerta a la discrecionalidad en la política de nombramientos de ejecutivos.

La memoria recoge la previsión del coste de la creación de nuevos puestos de trabajo necesarios para su puesta en marcha y prevé la integración de 49 plazas procedentes del Ministerio y de 13 del Instituto de Salud Carlos III por un coste de 2,8 millones de euros, así como la constitución de otras nuevas por un valor de 9,095 millones. Sin contar el coste de la sede, cuya localización no ha sido aún determinada, el gasto total asciende a 14,266 millones de euros.

En total, contaría con 189 plazas, de las que 156 corresponderán a técnicos y 33 a personal administrativo. No obstante, el Gobierno expone la necesidad de una sede que pueda llegar a albergar a 330 empleados y un espacio útil de entre 3.500 y 4.000 metros cuadrados, según la memoria.

En la propuesta de Estatuto que ha elaborado el Ministerio de Sanidad, la Agencia contaría con una presidencia, que será ocupada por el titular de la Secretaría de Estado de Sanidad, un Consejo Rector, una Comisión de Control y una Dirección General, entre otros órganos. El director general será nombrado por el Consejo Rector, «entre una terna de personas candidatas propuestas por la Presidencia entre profesionales con titulación superior, atendiendo a criterios de competencia profesional, experiencia en salud pública y en las funciones desarrolladas por la Aesap y en puestos directivos de la administración pública, una vez oídas las sociedades científicas más representativas en el ámbito de la salud pública», subraya.

Requisitos que coinciden con el bagaje de Fernando Simón, cuyo nombre ha sonado en el Ministerio de Sanidad como posible director. «Las condiciones retributivas del personal contratado mediante contratos de alta dirección quedará determinada en el respectivo contrato de trabajo», apunta el estatuto propuesto enviado al Congreso.

Aval para que las empresas inyecten fondos en el nuevo organismo

La nueva Agencia Estatal de Salud Pública que el Gobierno quiere poner en marcha antes de que concluya la legislatura podrá financiarse con fondos privados. De hecho, es una de las vías para obtener ingresos contemplada en el proyecto de ley que acaba de remitir al Congreso.

En el artículo 4, especifica que sus recursos económicos estarán integrados por las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, pero también, entre otros, por «los ingresos propios que perciba como contraprestación por las entidades que pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposición legal, para otras entidades públicas, privadas o personas físicas».

El texto avala también «los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas, como consecuencia del patrocinio de actividades o instalaciones», «el rendimiento procedente de sus bienes y valores», los fondos comunitarios, «las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y otras aportaciones a título gratuito de entidades privadas y de particulares», y las tasas. Con respecto a estas, y referente a los plaguicidas de uso ambiental y en la industria alimentaria, así como todos los biocidas en general, la disposición adicional primera de la norma cuantifica los importes a percibir. Por ejemplo, la agencia percibirá 120.751,68 euros por la aprobación de una sustancia activa biocida y 60.000 por la de un microorganismo.