Al menos 140 funcionarios de prisiones fueron agredidos en 2015

En los últimos diez años, se han registrado más de 2.000 agresiones, precisan desde la Central Sindical Independiente de funcionarios (CSI-F).

El pasado año se produjeron en prisiones al menos 140 agresiones a los funcionarios, según los datos recabados por la Central Sindical Independiente de funcionarios (CSI-F). A pesar de que el índice de agresiones es demasiado elevado, se trata de uno de los años con menor violencia. En concreto, es el segundo por detrás únicamente del año 2009, cuando se registraron 17 agresiones graves y 19 leves, años muy alejados de las más de 200 agresiones que prácticamente se registran anualmente. Y es en los últimos diez años, se han registrado más de 2.000 agresiones, precisan desde CSIF.

“Desconocemos cuántas de estas agresiones han sido leves o graves, ya que sobre 2015 no se nos han facilitado oficialmente los datos y la cifra la hemos obtenido mediante un descarte de los accidentes laborales. En cualquier caso, la mayoría son agresiones físicas, muchas de ellas graves mediante el uso de arma blanca”, explica a este periódico María Ángeles Mur, secretaria de Igualdad y Responsabilidad Social del CSI-F.

Por ello, desde el sindicato solicitan la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que fue publicado en “diciembre pasado en el BOE y del que se ha excluido a Prisiones al considerar que ya existe un régimen disciplinario, pero nosotros lo que queremos en un protocolo de prevención para evitar o frenar las agresiones”, precisa Mur. De ahí que ya hayan presentado la reclamación a la Defensora del Pueblo. El citado protocolo se basa en identificar las posibles conductas antisociales e implementar una metodología para el análisis y registro de la violencia y seguimiento de los casos, con el fin de realizar un diagnóstico de la situación que permita adoptar las medidas de actuación necesarias. Para el CSI-F, las causas de esta violencia están en la falta de personal, en la saturación de los centros, el envejecimiento de la plantilla, la falta de profesionales de la psiquiatría (en torno al 45% de la población reclusa tiene alguna patología psiquiátrica) y la falta de formación específica en determinados perfiles de presos.