Sanidad
La "ambiciosa" guerra al tabaco de Mónica García se queda en nada
Ni empaquetado genérico, ni subida de impuestos a los cigarrillos. El texto que llega hoy al Consejo de Ministros es un "quiero y no puedo" que no contenta a nadie
El texto del anteproyecto de Ley Antitabaco que llega previsiblemente hoy al Consejo de Ministros es de todo menos ambicioso. La cruzada de la ministra Mónica García contra el humo y la nicotina, que lleva anunciando desde que tomó posesión del cargo, se ha quedado en poco menos que una declaración de intenciones después de sufrir los hachazos de Europa, de Hacienda y del PSOE.
Las medidas esenciales que contemplaba en un inicio, como la subida de impuestos a los cigarrillos convencionales y el empaquetado neutro, se han ido perdiendo por el camino. Aunque nadie ha visto el borrador definitivo que se presenta hoy, queda meridiano que no regulará ninguna de estos dos aspectos.
El primero fue descartado por el Ministerio de Hacienda a finales de abril de 2024. Luz verde al Plan Antitabaco de Sanidad gracias al apoyo de las comunidades autónomasEs más, en esa reunión se introdujo como novedad que el dinero recaudado por aumento fiscal se destinara a la financiación de actuaciones contra el tabaquismo para que no se viera como una medida meramente recaudatoria. Después, se diluyó por la falta de acuerdo entre el departamento de María Jesús Montero y el de Mónica García, aunque nunca se explicó por qué.
El empaquetado neutro, que establecía que cajetillas y paquetes de tabaco de liar debían estar desprovistos de cualquier nombre de marca, guardar una apariencia uniforme y ser de un único color, entre dos a elegir, estaba en el borrador anterior, y se iba a introducir a través del real decreto de productos derivados del tabaco –otra normativa que vetará el uso de sabores y aromas en cigarrillos electrónicos– que el Ministerio confía en llevar al Consejo antes de fin de año.
Sin embargo, pese a que el texto que salió a audiencia pública contemplaba este punto, finalmente Sanidad la eliminó, alegando en todo momento que esa decisión correspondía a que la medida requería de un rango superior, es decir, de ley, por lo que se incluiría en la reforma de la misma.
Pero no ha sido así, ya que, por ahora, Sanidad renuncia a ella, aunque asegura que no descarta que pueda retomarse en la negociación parlamentaria.
Una excusa que no ha servido ante las organizaciones del sector de la lucha contra el tabaquismo, ya que el empaquetado genérico era una de sus reivindicaciones principales, además de una medida de demostrada eficacia para disminuir la prevalencia, especialmente entre los más jóvenes.
"Contribuye a evitar el inicio del tabaquismo en la adolescencia, un problema de salud pública que causa anualmente 60.000 muertes prematuras en España", señaló ayer el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que manifestó también su "alarma" ante el hecho de que se haya indultado esta medida, algo de lo que culpó a "la industria del tabaco" y a "sus presiones".
La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández, por su parte, se sumó a estas acusaciones y añadió una nueva, la política de "puertas giratorias" que presuntamente practica el sector para "comprar influencia en los pasillos del poder".
Críticas de la CNMC
Lo cierto es que no parece que hayan hecho mucha falta estas supuestas presiones, ya que la regulación antitabaco de García, centrada en prohibiciones y no en la educación en hábitos saludables, ya había recibido importantes críticas tanto en España como en Europa.
A principios de abril de este año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en el que cuestionaba con contundencia las medidas recogidas en el real decreto del Ministerio de Sanidad con relación a los productos de tabaco y relacionados, principalmente el cigarrillo electrónico y las bolsas de nicotina. El organismo advirtió de que las propuestas debían seguir los principios de buena regulación, estar debidamente respaldadas por evidencia empírica y respetar la libre competencia. A su juicio, eran desproporcionadas y no están debidamente justificadas, por lo que pidió a Sanidad que evaluara la viabilidad de alternativas regulatorias que minimizaran posibles efectos anticompetitivos.
Más duro fue el varapalo en la Comisión Europea, donde seis países (Rumanía, Hungría, República Checa, Italia, Suecia y Grecia) presentaron "exposiciones razonadas" sobre el proyecto en las que consideraban que las medidas propuestas por España les perjudicaban. Lo hicieron por medio del el procedimiento TRIS: el mecanismo europeo que revisa si los nuevos proyectos normativos de los Estados miembros afectan al mercado interior. Alegaban que algunas (como la eliminación de los sabores en los nuevos productos de nicotina –vapers, dispositivos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina) no estaban suficientemente justificadas, y que otras al respecto de las limitaciones en la venta de estos chocaban con la libre circulación de productos dentro de la UE.
La oposición de seis paises representa algo muy poco habitual, ya que España ha presentado en 2023 y 2024 unos 50 proyectos sobre regulaciones al TRIS y en ninguno de estos procesos ningún país ha presentado sus alegaciones. El Gobierno español respondió oficialmente a finales de julio, defendiendo que el decreto "no creaba barreras comerciales injustificadas, sino que busca proteger la salud pública en línea con la jurisprudencia del TJUE y los objetivos del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo"
Un largo camino por delante
Después del trámite de hoy en el Consejo de Ministros, el borrador deberá ser sometido nuevamente a consulta pública antes de ir a las Cortes. Un aspecto que puede ser peliagudo por las alegaciones de sectores como el del tabaco y la hostelería.
Hace poco menos de un mes, Hostelería de España presentó los resultados de una encuesta realizada a más de 1.600 ciudadanos en la que se mostraba el rechazo mayoritario a la prohibición de fumar en terrazas, apostando más por políticas de concienciación que por medidas restrictivas.
El estudio elaborado por la consultora 40dB, evidenció que casi 7 de cada diez españoles abogaban por priorizar la educación sobre alternativas menos nocivas al tabaco de combustión que cuenten con evidencia científica, frente a las prohibiciones.