El plan de la Iglesia con las clarisas de Belorado: la excomunión y el desalojo

Ni monjas ni católicas. Desde ayer a mediodía diez de las quince mujeres que habitan el convento de Belorado no pertenecen a la Iglesia. Ya no son clarisas. El arzobispo de Burgos y comisario pontificio, Mario Iceta, decretaba la excomunión de las diez religiosas que enviaron un burofax el pasado viernes negándose a presentarse ante el Tribunal Eclesiástico para dar cuenta del llamado ‘Manifiesto católico’ firmado el 8 de mayo en nombre del grupo la ya ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad. Ese documento, en el que negaban la autoridad de cualquier Papa posterior a Pablo VI, llegaba en paralelo a su decisión de ponerse bajo el amparo del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas, fundador de la llamada Pía Unión San Pablo Apóstol.

A través de un comunicado, el Arzobispado detalla la declaración de “separación voluntaria” de las ya ex monjas ha llevado a Iceta, como representante legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio vinculados a la comunidad, a comunicar “el decreto de declaración de excomunión y la declaración de dimisión (expulsión) ipso facto de la vida consagrada a todas y cada una de las diez hermanas que han incurrido en cisma”. En la nota episcopal, se insiste en que la hermanas “han mostrado su decisión libre y personal de abandonar la Iglesia Católica”. Eso sí, se deja la puerta abierta a que vuelvan al redil, a la manera del “hijo pródigo”: “Es una acción jurídica considerada por la Iglesia como una medida medicinal, que mueva a la reflexión y a la conversión personal”.

Con la excomunión de las diez díscolas, no significa que la comunidad se vaya a disolver, puesto que, para el Arzobispado de Burgos, sí existiría una comunidad ‘auténtica’ en Belorado que está “ formada por las hermanas que no han incurrido en excomunión, al no haber secundado el cisma”. Estaría encabezada por las cinco hermanas mayores de las que nada se ha sabido hasta la fecha, junto a otras tres hermanas que, aunque en este momento no residen en el monasterio, pertenecen a la comunidad al estar incardinadas en ella. Entre ellas, sor María Amparo, que, según su propio testimonio, huyó tras negarse a someterse a los postulados de la abadesa defenestrada y del falso obispo. De hecho, el equipo de Mario Iceta confiesa en el comunicado que “las hermanas mayores siguen siendo una prioridad en nuestras preocupaciones”. Con esta premisa, anuncian que la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ya tiene prevista la fórmula para “atender de modo inmediato a estas hermanas en el mismo Monasterio de Belorado, desplazando para habitar en el monasterio a algunas hermanas procedentes de otros monasterios de la Federación”. Eso sí, ahora estará por ver si la ex abadesa abre la cancela para que estas clarisas puedan entrar.

Decretada la excomunión, las diez mujeres pasarían a ocupar de forma ilegal un espacio que pertenece a la Iglesia católica. Este hecho es el que llevará a la comisión gestora creada por Iceta a poner en marcha todos los protocolos necesarios para desalojar el convento. “No nos alteramos ni alteramos nuestra hoja de ruta, a pesar de que se trata de una situación tremendamente dolorosa para todos”, señalan a LA RAZÓN sobre la estrategia que abordarán a partir del martes para proceder a la expulsión de las diez mujeres que ya habrán dejado de ser monjas y católicas, así como a sus dos asesores espirituales, el falso obispo excomulgado Pablo de Rojas, fundador de la llamada Pía Unión San Pablo Apóstol, y su portavoz José Ceacero.

Eso sí, desde la Archidiócesis burgalesa reconocen que cuentan con judicializar el proceso, ante las señales dadas por unos y otros que hablan de un atrincheramiento conventual. Esta actitud hará, sin duda, que los tiempos se demoren. Máxime después de que este viernes los abogados de las consagradas propusieran en un comunicado una negociación, pero partiendo de la premisa de que “sus derechos personales y patrimoniales” estarían “siendo expoliados por el Arzobispado”.

“Los conventos no se tocan. Son innegociables. Y más, con las pistas sobre una posible trama inmobiliaria que podría haber detrás”, exponen desde el equipo de Iceta, sabedores de que, más allá de ese viaje al tradicionalismo preconciliar sedevacantista, sobre este cisma sobrevuela una trifulca inmobiliaria después de que Roma vetara una operación compraventa vinculada a la comunidad. Las clarisas de Belorado querían vender un monasterio en Derio (Bilbao) para poder rematar la compra de otro en Orduña (Vizcaya) perteneciente a las clarisas de Vitoria. En medio de este entuerto de falta de liquidez, irrumpió un benefactor hasta ahora desconocido que se ofreció a ayudar a las monjas de Belorado con la compra de Orduña, si ponía el monasterio a su nombre. Este desconocido donante emerge en paralelo a la irrupción del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas y su Pía Unión San Pablo Apóstol. Fue entonces cuando la Santa Sede impidió todo movimiento financiero. Semanas después, la ya ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, anunciaba su ruptura con la Iglesia católica.

Como respuesta, el Vaticano nombraba a Mario Iceta como comisario pontificio. Este nombramiento, no solo tiene un alcance como máxima autoridad pastoral, sino también civil. Gracias los acuerdos Iglesia-Estado, que entrelazan derecho civil y canónico, el arzobispo de Burgos, se convierte, en términos coloquiales, en la ‘abadesa’ temporal a todos los efectos. Así pues, como representante legal es el único que puede controlar las cuentas bancarias y los bienes patrimoniales.

“Las dueñas de los conventos no son estas monjas, es la Iglesia. Ellas solo han sido administradoras temporales de unos bienes que pertenecen a la Iglesia desde hace seis siglos”, explican desde la comisión gestora. De hecho, apuntan que “es como si, de repente, el arzobispo de Milán, que ha vivido veinte años en el palacio episcopal y ha celebrado misa dos décadas en la catedral, considera que, bien porque se jubila o porque quiere declarar otro cisma, tiene derecho a poner el palacio y la catedral a su nombre, y luego venderlo”.

La razón social de esta comunidad monástica aparecería registrada como ‘Monasterio Santa Clara de Belorado’ y ‘Monasterio de Santa Clara de Derio’, dos personalidades jurídicas que hasta el nombramiento vaticano tenía como representante a la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad. Ahora ya no tendría competencia alguna. Es más, desde el Arzobispado de Burgos detallan que, una vez que la abadesa anunció el cisma el 13 de mayo sin que este se respaldara en la preceptiva reunión capitular, como desveló sor Maria Amparo, la monja que se opuso una decisión que le vino dada, su autoridad habría quedado quebrada. Toda vez que el 29 de mayo su mandado preceptivo por la Santa Sede, no estaría legitimada para decisión alguna. Y, más aún, después de la excomunión.

Lo cierto es que a lo largo de este mes y medio, el grupo de religiosas, lejos de mostrar signo alguno de arrepentimiento frente a la mano tendida de Iceta, han multiplicado sus órdagos. Entre ellos, una denuncia interpuesta de madrugada en una comisaría de Logroño contra el arzobispo por supuesta usurpación de la representación legal, abuso de poder y vulneración de derecho de asociación. Eso, sin olvidar la expulsión, con Guardia Civil incluida, de los mediadores enviados por Iceta. A este complejo cóctel una posible sanción por contar con supuesto criadero ilegal de perros dentro del monasterio y el desmontaje mediático en relación a Pablo de Rojas y José Ceacero vinculado a las mentiras que van, desde los montajes de fotos con Carmen Polo hasta la falsa sede de la Pía Unión.