Si hay algo que preocupa hoy en día a los propietarios de viviendas en España es la ocupación ilegal, especialmente en un contexto económico incierto y con un sistema judicial cada vez más saturado. Según datos de las Fuerzas de Seguridad, el tiempo medio para ejecutar un desalojo ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años. En 2018, el proceso tardaba de media 11,7 meses, pero en 2020 ya alcanzaba los 16,7. En 2021, tras la pandemia y en medio de una nueva crisis económica, la espera media superó los 18 meses. Esta dilación no solo genera una enorme frustración entre los afectados sino que también plantea un problema estructural que afecta a la seguridad jurídica y al acceso a la vivienda en el país.

El aumento de los plazos judiciales ha coincidido con un repunte en el número de ocupaciones, lo que agrava aún más el fenómeno. En 2024 se reportaron 16.426 casos en todo el territorio nacional, lo que supone un incremento del 7,4 por ciento respecto al año anterior. A este ritmo, la ocupación deja de ser un asunto marginal para convertirse en una amenaza tangible que está alterando el mercado inmobiliario. Las aseguradoras han comenzado a ofrecer productos específicos ante este riesgo y algunas comunidades de vecinos están optando por contratar vigilancia privada. La respuesta institucional, sin embargo, sigue siendo lenta, lo que deja a muchos propietarios en una situación de indefensión prolongada.

De esta manera, ante la inoperancia de políticas que defiendan los derechos del propietario, como sucede en otros países europeos, la única solución pasa por encontrar los resquicios legales que te alejen de la posibilidad de una futura ocupación. Si bien no existen muchas enmiendas que aclaren estos casos, la realidad es que según queda legislada la vivienda, el ciudadano puede recurrir a determinados "vacíos". En este sentido, el supuesto que hoy nos concierne guarda relación con una situación que cada ves más común: aquellos inquilinos que, tras meses de impago de la renta, deciden quedarse de manera ilegal en los domicilios. Pero, ¿hay algo que se pueda hacer para protegerse ante este movimiento?

El contrato de alquiler que protege de los okupas

Con el fin de prevenir la estancia de okupas en tu domicilio alquilado, los expertos recomiendan alquilar por habitaciones. Esta variable no solo mejora la rentabilidad sino que también ofrece al propietario un mayor control sobre el espacio. Al tratarse de contratos que se rigen por el Código Civil y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario conserva un uso parcial del inmueble, especialmente en zonas comunes o estancias no arrendadas, tales como la cocina o el salón. Este marco legal más flexible permite detectar con mayor rapidez cualquier uso indebido del espacio y actuar con agilidad frente a intentos de ocupación ilegal.

Sin embargo, esta modalidad no otorga carta blanca al propietario para entrar en cualquier momento. Las habitaciones arrendadas, aunque formen parte de un inmueble compartido, se consideran domicilio del inquilino, por lo que su entrada sin permiso puede constituir una vulneración del derecho a la intimidad. El acceso a zonas comunes también debe realizarse con cautela, preferiblemente previa comunicación, para evitar conflictos o incluso denuncias. En este delicado equilibrio entre control y legalidad, el alquiler por habitaciones emerge como una opción eficaz para prevenir estas indeseables situaciones, siempre que se gestione con rigor contractual y respeto a los derechos individuales.

Las ventajas de alquiler por habitaciones

Esta modalidad permite obtener mayores beneficios económicos que el arrendamiento tradicional, ya que el ingreso conjunto por cada habitación suele superar el precio que se lograría alquilando la vivienda entera. Además, ofrece una ventaja clave en términos de estabilidad financiera: si un inquilino deja de pagar o abandona el contrato, los demás continúan generando ingresos, lo que reduce el impacto de la morosidad. En ciudades con alta movilidad laboral o una importante población estudiantil, la rotación de inquilinos no es una amenaza, sino una oportunidad para reajustar precios o seleccionar nuevos perfiles de forma continua.

A esta dinámica se suman otros factores que refuerzan su atractivo. Los contratos individuales por habitación ofrecen mayor flexibilidad legal al propietario, que puede adaptarse a diferentes situaciones sin tener que renegociar el uso total de la vivienda. También es habitual que se introduzcan servicios extra como limpieza o mantenimiento, que permiten mejorar la experiencia de los inquilinos y aumentar los ingresos mensuales. Esta tendencia, cada vez más extendida en grandes núcleos urbanos, refleja un cambio en el modelo de convivencia y plantea nuevos desafíos para el marco legal vigente, que aún no contempla con claridad las especificidades del alquiler por estancias dentro de una misma propiedad.