Avalancha de hombres que piden el cambio de sexo

Apenas hace una hora que han abierto las puertas del registro civil de un municipio al sur de Madrid y ya han recibido dos solicitudes para cambio de sexo. «Esto es así todos los días desde que se aprobó la Ley Trans la semana pasada. Hay algunos que vienen en persona y otros prefieren llamar por teléfono para que les indiquemos los pasos a seguir. Lo que nos ha llamado la atención es el 100% de las solicitudes que hemos recibido son de hombres que quieren registrarse como mujeres. Cuanto menos resulta sospechoso», indican a este diario los funcionarios del registro. Además, añaden que ninguno de los solicitantes ha preguntado sobre el cambio de nombre en el registro, «solo lo hacen por la identidad de género».

«Desde el punto de vista del fraude, esta ley puede dar lugar a claros ejemplos, de hecho, es la impresión que nos ha dado en este tiempo con gran parte de los hombres que han venido a solicitar el cambio. Hasta que esta ley fue aprobada habíamos recibido solicitudes por parte de hombres y mujeres de una manera más o menos equilibrada. Lo de ahora es desorbitado», apunta uno de los trabajadores de este registro civil.

Y lo sorprendente es que esta tendencia a pequeña escala parece extrapolarse al resto de España. Según datos a los que ha tenido acceso este diario, por ejemplo en el registro civil de A Coruña en una semana han recibido 40 peticiones para cambio de sexo, «la mayoría de hombres». En la capital asturiana, las cuatro que han recibido han sido de varones.

Aunque todavía son datos provisionales y es necesario analizar la situación con una mayor horquilla temporal, a priori lo que se puede confirmar, tanto en registros civiles de grandes ciudades como en pequeñas poblaciones, es que más del 90% de los solicitantes son hombres. Esa tendencia se suma al notorio dato de solicitudes en general para cambio de sexo. Así , por ejemplo, solo en Zaragoza han registrado 35 en siete días. Y en las capitales de provincia catalanas suman más de una veintena.

¿Cuál es el motivo de que las peticiones sean de hombres? ¿Es acaso que la disforia de género se expresa mayormente en los varones? ¿Hay acaso alguna intención más allá de la solicitud de cambio de género? «Nosotros sospechamos que hay casos en los que se busca sacar provecho a través del nuevo género, que precisamente es el femenino. Nunca habíamos notado tanta descompensación en este sentido. Sin embargo, nosotros no podemos hacer ninguna apreciación al respecto, tan solo gestionar la asignación del nuevo género», dicen varios funcionarios a este diario.

Y es que frente, por ejemplo, a los resortes y mecanismos legales para evitar los matrimonios de conveniencia, en el desarrollo de esta ley no existen mecanismos para detectar fraudes. De hecho, la ministra Irene Montero ha asegurado que sí existen, pero la realidad de la aplicación de la Ley Trans es que es un procedimiento que no requiere más que la voluntad del solicitante. Los mayores de 16 años pueden hacerlo sin el permiso de nadie (ni tutor legal, ni informes médicos), aquellos entre los 14 y los 16 años deberán contar con el consentimiento de sus progenitores y los que deseen registrar este cambio entre los 12 y los 14 años deberán aportar un aval judicial.

Dejadez ministerial

«Una vez que el mayor de 16 años llega al registro civil, en teoría deberíamos facilitarle un formulario que todavía no nos han hecho llegar desde Justicia, por lo que solo es necesario el DNI y la partida de nacimiento. Su decisión debe ser ratificada por el solicitante tres meses después, mientras que la Administración tendrá un mes más de plazo. Es decir, el proceso durará unos cuatro meses como máximo», explican a este diario. Además, la nueva ley también recoge la posibilidad de que una persona trans pueda solicitar regresar a su género original de la misma manera que lo pidió. En el caso de que quisiera modificarlo por tercera vez, entonces tendría que pasar por un juez, quien dirimiría si hay visos de un fraude de ley.

Los funcionarios de Justicia, que critican la falta de instrucciones claras que ha dado el Ministerio de Justicia para estos trámites, temen también que cualquier apreciación de fraude que puedan intuir a la hora de recibir las solicitudes pueda volverse en su contra. Y es que los artículos 79 y 90 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cualquier acción que pueda tener tintes discriminatorias está penada, en caso de ser grave, de 10.001 a 150.000 euros. «Y esto sin contar con las posibles sanciones o expedientes disciplinarios que abrirían a quien osara a poner en duda un caso de cambio de género ante las sospechas de fraude», aseguran con preocupación a este diario.