
DANA
Bustinduy prohibirá a los servicios funerarios de Valencia subir los precios
Derechos Sociales también destinará casi 400.000 euros a subvenciones directas de emergencia a protectoras de animales, entre otras acciones

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que destinará una partida de 50 millones de euros para que los ayuntamientos de las zonas devastadas por las inundaciones en Valencia refuerzen los servicios sociales. Los fondos serán trasferidos directamente a los consistorios como parte de lo que el ministro, Pablo Bustinduy, ha denominado "Red de protección social". La iniciativa forma parte del Real Decreto Ley aprobado este lunes en el Consejo de Ministros.
"El objetivo es que los servicios sociales dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida que ha generado esta catástrofe y que se van a traducir también en situaciones de privación material y riesgo severos de exclusión social para miles de personas", ha señalado.
En materia de Consumo, Bustinduy ha introducido un artículo que prohíbe a los servicios funerarios ofrecer precios superiores a los vigentes o los anunciados con anterioridad al 28 de octubre de 2024. De esta manera- ha señalado el ministro- se garantiza que toda persona que lo necesite pueda acceder a los servicios de velatorio y ceremonias fúnebres "en condiciones de equidad", y se continúa protegiendo los derechos que tienen todas las personas afectadas en el ámbito del consumo. "Una tragedia de estas características no puede ser un contexto que dé lugar al beneficio económico de ningún operador", ha destacado.
Subvenciones a protectoras de animales
Por otro lado, el Real Decreto Ley recoge, en materia de Derechos Sociales, subvenciones directas de emergencia a protectoras de animales, "por primera vez en la historia". Según informa el Derechos Sociales, estás cuentan con una dotación de 390.000 euros y tienen como objetivo reconstruir las infraestructuras de este tipo que han resultado dañadas en la DANA y que son claves para la atención a mascotas y para enfrentar el peligro de salud pública que se ha generado en las zonas afectadas, donde se ha multiplica el número de animales.
Al peligro para los propios animales se añade el riesgo que suponen para las salud humana. Y es que su presencia en las calles es uno de los factores que agrava la proliferación de bacterias. "Los animales beben del agua contaminada y hacen sus necesidades en ella, generando más riesgo de infecciones", señalaba a este periódico hace unos días Rafael Toledo, catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia.
Cinco millones para ONGs
Así mismo, Bustinduy ha incluido una concesión directa de 5 millones de euros a la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades en toda España, como Cruz Roja, Caritas, CERMI o Plataforma del Voluntariado, muchas de ellas con implementación en la Comunidad Valenciana.
También una concesión directa de 700.000 euros al Consejo General de Trabajo Social para el despliegue del Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales en los municipios afectados, donde profesionales de este grupo, especializadas en atender a personas víctimas de catástrofes, "ya llevan varios días trabajando, yendo puerta por puerta en las zonas más necesitadas".
Por último, Derechos Sociales también ha introducido en este Real Decreto Ley la flexibilización del plazo para tramitar subvenciones a proyectos de entidades del tercer sector que se hayan visto afectados, tanto en su ejecución como en su justificación, bien porque sus instalaciones hayan sufrido daños, porque haya afectado a sus trabajadoras/es, porque sus plantillas están mermadas o porque han relegado esos proyectos para colaborar con las tareas de emergencia.
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