Sociedad
Capacitada para votar
Un juez devuelve el derecho al sufragio a Dolors Torrents, quien hace diez años lo perdió por imposición judicial.
Para Dolors Torrents, la política siempre ha sido algo esencial. Su interés por la actualidad, los gobiernos y los partidos viene de lejos. Y cada vez que se celebraban unos comicios, fueran locales, autonómicas o generales, acudía como una ciudadana más. Sin embargo, hace más de diez años que no va al colegio Boix, en su barrio de Badalona, para encontrarse con las urnas.
Por su discapacidad intelectual, Dolors fue incapacitada en 2006 para que tuviera una protección legal ante los contratiempos que pudieran surgir a la hora de firmar contratos o bien algún documento bancario. Sin embargo, la sentencia incluía otros puntos que no esperaba que también estuvieran recogidos en el mismo «lote», como la denegación del derecho a voto. Cuando quiso conocer todos los detalles del documento judicial, tiempo después, descubrió ese «pequeño apartado». Contra su voluntad, se veía privada de algo fundamental para ella. «Me sentía, de alguna forma, discriminada. Era como si los demás no tuvieran interés por mí».
Hace dos años realizó un curso de formadora en derechos para personas con discapacidad organizado por la Federación de Discapacidad Intelectual de Cataluña (Dincat). Ahí supo que su situación no tenía un fundamento sólido y decidió comenzar su lucha particular. Ayudada por Jordi Grinyó, abogado del Grupo Aspanin para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, presentó una demanda en el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Badalona para reivindicar aquello que le habían quitado. Y desde entonces aparecieron algunas piedras en el camino. Como recuerda el letrado, al comienzo del proceso «hubo un incidente». El juez no aceptó la demanda porque consideró que, en virtud de su incapacidad, ella misma no podía pedir la recuperación del derecho al voto sino que tenía que ser su tutor. Consecuentemente, necesitó presentar un recurso de apelación en la Audiencia Provincial que le dio la razón frente al «error» del primer juez. El caso seguía adelante y, aunque en un primer momento Dolors tuvo serias dudas de salir exitosa, su optimismo fue aumentando progresivamente. Hasta el pasado viernes, cuando la incertidumbre terminó de evaporarse y su periplo judicial escribió su último episodio con el juicio que le ha devuelto el derecho al sufragio. Antes del litigio, una entrevista con el médico forense confirmó los resultados obtenidos por las pruebas preceptivas cuando inició el proceso hace año y medio. Su cometido era el de comprobar el interés de Dolors por la política para así respaldar su reivindicación. «El forense me preguntó qué partidos había y qué filosofía seguía cada uno. Y me esperaba preguntas más complicadas, como quién es el presidente del Senado, algo que la gente normal no suele saber». Bien por los diarios, la radio, la televisión o internet, ella vive continuamente informada y sigue todos los debates. Su curiosidad por las noticias le hizo convertir el encuentro en un trámite más. «Dolors se ganó ella misma el derecho a voto, fue muy fácil defenderla en el juicio», reconoce Grinyó. Tras la vista, el beneplácito tanto del juez como del fiscal fue patente. «Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Valoro mucho la lucha que he emprendido. Ahora estoy feliz y tranquila», cuenta la nueva votante. Su abogado también recalca el cambio de dirección de la Justicia: «Cuando se incapacitó a Dolors era otro tiempo. No existía tanta concienciación social. La sociedad cambia y el sistema jurídico con ella. Entre todos lo vamos logrando». Así, en los últimos años las incapacitaciones tienen en cuenta todos los aspectos de cada persona, lo que rompe con la aplicación tradicional de esta medida, que se hacía de forma completa y restringía el ejercicio de plena ciudadanía, al tiempo que intentaban garantizar su protección.
Sin embargo, Dolors no cree que la legislación pueda cambiar «de golpe» y reclama un cambio integral dentro del ámbito judicial, de manera que no sólo las leyes sino también los magistrados y abogados «tendrían que ponerse al día y modernizarse». Y su contribución no ha sido algo menor. «Mi principal finalidad no era votar, sino luchar para conseguir esta reivindicación. Que lo que he hecho sirva como ejemplo para muchas personas que están en la misma situación que yo», admite. «Porque las personas con discapacidad tenemos todo el derecho a opinar y a reivindicar. Incluso aquellos a los que les cuesta expresarse. Tiene que haber inclusión para todos». Su discurso no está dirigido sólo a las 80.000 personas en España que están privadas del voto debido a su discapacidad, sino a todos los sectores de la sociedad que «tienen que que ser más sensibles».
Dolors entendió que ahora más que nunca su voto es necesario porque «no veo un Gobierno claro. Me gustaba aquel tiempo en el que había pocos partidos y nos entendíamos mejor que ahora», reconoce. Desgraciadamente, su logro ha llegado tras el toque de bocina. La sentencia, aún por publicarse, necesitará 20 días para hacerse firme y volver a disponer de tarjeta censal. Dejará pasar de largo el tren del 20-D, pero en el calendario ya tiene marcado en color rojo la fecha de las próximas elecciones catalanas.
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