La clave del ADN hallado en la víctima permitió dar con el asesino 10 años después: era pelirrojo

Hay veces que una información tan precisa sobre el autor de un crimen supone que su identificación, paradójicamente, se vuelva más compleja. Algo así puede decirse que le ocurrió a los agentes de la Guardia Civil encargados de investigar el llamado «crimen de Cabanas». Se trata de una mujer, Elisa Abruñedo, violada y asesinada en este pueblo de Lugo en 2013 cuyo autor había dejado muestras de su ADN en forma de semen y saliva sobre el cuerpo de su víctima. Tras su análisis, dieron con un dato revelador: el asesino era portador del gen MC1R receptor de la melanocortina. Es decir, era pelirrojo. Pero, y ahora, ¿qué? ¿Se investiga a cada pelirrojo de la comarca? Evidentemente, no. Los agentes tuvieron que recurrir al Archivo Histórico Diocesano de Mondoñedo, en Lugo, y buscar entre decenas de miles de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. El volumen de trabajo, pueden hacerse una idea, era ingente. Tanto es así que tardaron 10 años en detener al responsable de la muerte de Elisa Abruñedo, una gerocultora de 46 años.

En contra de la creencia popular, la Guardia Civil solo puede cotejar en las bases de ADN con personas que ya hayan sido detenidas por delitos sexuales; es decir, no existe una base de datos con el ADN de toda la población y, por tanto, cuando se halla muestra genética en el escenario de un crimen no es sinónimo de identificación inmediata del autor.

En este caso, en el Archivo de Lugo, tuvieron que ponerse a buscar, una a una, sagas familiares que les permitiesen acotar el área donde podría residir el autor y finalmente decidieron centrarse en el norte de Ferrol (Coruña). Después, la suerte estaba echada: se hizo un llamamiento general a la ciudadanía para una toma de muestras voluntaria de ADN. Afortunadamente, el plan dio sus frutos y un pariente lejano del asesino (que desconocía totalmente lo que había hecho) fue uno de los voluntarios. Los agentes lograron, gracias a esa clave genética, unir el resto de las piezas del puzzle y todo comenzó a encajar de forma repentina: el coche utilizado, el arma empleada... Así, en 2023, diez años después de la violación y asesinato de Elisa, llegaron hasta Roger Serafín, que estos días se sienta ante un jurado popular que evaluará su culpabilidad en la Audiencia Provincial de Coruña. Después de tantos años de trabajo, la Guardia Civil pudo detener al autor del crimen en su propio puesto de trabajo, en el astillero de Navantia Ferrol, donde era operario de una empresa auxiliar.

Todo ocurrió en septiembre de 2013, cuando la mujer salió a pasear por el entorno de su casa y fue abordada por este individuo, un cazador de la zona.

Según el escrito de acusación, entre las 20:45 y las 21:00 horas del 1 de septiembre de 2013, el hombre conducía su vehículo cuando vio caminando a la víctima por la carretera provincial DP-1503, en las inmediaciones de su domicilio. Luego se desplazó a un camino de tierra de la zona, detuvo su coche y se dirigió a la mujer «abordándola por la espalda, agarrándola fuertemente con un brazo y golpeándola en la cara, en la zona de la mandíbula». Acto seguido, según el Ministerio Fiscal, el encausado se introdujo en el terreno situado al lado de la carretera «en el que había pinos y abundante vegetación de monte bajo», arrastrando a la víctima marcha atrás mientras la sostenía fuertemente de espaldas a él, «recorriendo aproximadamente 17 metros hasta el interior de la parcela, donde no podía ser visto desde la carretera». A continuación, la violó en este lugar e inmediatamente después, el procesado «sacó repentinamente una navaja o cuchillo del bolsillo de su pantalón y la apuñaló, propinándole dos cuchilladas en el torso y una en el cuello», tras lo cual huyó del lugar monte a través hasta alcanzar su vehículo, en el que abandonó la zona, provocando la muerte de la mujer de manera inmediata.

Por estos hechos, Fiscalía pide para Roger una pena de 12 años de prisión por el delito de agresión sexual, a lo que hay que sumar otros 20 por asesinato y una indemnizados los dos hijos de la mujer fallecida con 200.000 euros, 100.000 para cada uno de ellos.

Las acusaciones particulares, por su parte (una por cada hijo), elevan la de asesinato a 25 años y piden una indemnización de 300.000 euros para cada uno.

La defensa de Roger, quien se ha negado esta semana a declarar, ha pedido al jurado una sentencia «justa» y, sabedor de que las pruebas contra el autor son implacables, ha argumentado «disociación de la realidad» por parte de su cliente pensando al día siguiente que había sido otra persona la autora. Frente a ello, las acusaciones sostienen que sí era consciente de los hechos, según recoge Europa Press.

Entre otros argumentos, para pedir una sentencia condenatoria con las penas que reclama, el Ministerio Público ha insistido en que la víctima «no pudo defenderse» y que la atacó sexualmente «de una manera brutal» para luego «de forma repetitiva acuchillarla».

Y, sobre todo, su silencio posterior. «En más de diez años no dijo nada y se jactó de que no iban a dar con él», añadió la fiscal sobre la ardua investigación que la Guardia Civil tuvo que realizar a partir del ADN hallado en el cuerpo de la víctima.

Así, los abogados de la acusación particular incidieron esta semana, entre otras cuestiones, sobre la «memoria selectiva» del procesado e hicieron hincapié en el hecho de que durante «más de diez años» hiciese una «vida normal», igual que hizo la representante fiscal.

«A parte de golpearla y maltratarla con fuerza desproporcionada, que deja a la víctima sin posibilidad de defenderse, la arrastra», señaló el pasado martes uno de los letrados de la acusación al incidir en la alevosía que pide como agravante, junto al ensañamiento. Y es que las acusaciones particulares piden un total de 37 años de cárcel, por agresión sexual y asesinato, frente a los 32 que reclama Fiscalía.

En relación a lo sucedido, y en su exposición ante el Tribunal del Jurado, han argumentado que hubo «un aprovechamiento del lugar y del tiempo» por la hora y la zona en relación a unos delitos que, según recordaron, se produjeron cuando el acusado venía de caza. «La arrastró 17 metros hacia dentro en una zona con abundante vegetación», sostuvo la letrada de la otra acusación particular, para quien el procesado le provocó «un deliberado sufrimiento». «La abandona», expuso su compañero al explicar porque piden el agravante de género. La defensa entiende, por su parte, que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y otro de homicidio y ante el Jurado ha insistido en solicitar «una pena justa». También incidió en que los hechos se produjeron a plena «luz del día» y argumentó que era una zona por donde pasaba gente, para descartar algunas de las agravantes planteadas. «Disoció la realidad», insistió.

Desde octubre de 2023, el procesado está en prisión preventiva, donde fue directo tras su arresto en el astillero. El tipo siempre confesó ser el responsable de la violación y muerte de la vecina de la comarca de Eume diez años atrás. Sus hijos han declarado padecer secuelas psicológicas desde entonces.

El hombre que localizó el cuerpo de Elisa Abruñedo explicó en sede judicial que se la encontró en el monte y que lo hizo durante una búsqueda, con un familiar, y al llamarle la atención «la maleza aplastada», decidió entrara «por intuición».

Primero vio los pies de un cuerpo y luego distinguió que era una mujer. «Desnuda de torso para arriba y con el pantalón bajado y manchas de sangre».

«Había evidencia clara de que se había pasado por allí, había una zona hundida», insistió sobre el lugar. Pero no fue el único testigo de la escena. Otra persona que declaró en la Audiencia de Coruña esta semana sostuvo algo crucial. Que ese día oyó a una mujer que decía !déjame en paz» y a un hombre, del que no pudo precisar qué escuchó, aunque en declaración inicial ante la Guardia Civil dijo que era «quieta, quieta».