Cómo detectar un criadero ilegal

Los responsables contactan con los clientes a través de Internet y venden cachorros menores de tres meses sin las vacunas obligatorias y con cartillas veterinarias falsificadas.

Después de darle vueltas durante meses, una joven universitaria decidió adoptar un perro. Ahora comparte piso en Madrid con «Gus», un yorkshire terrier toy. Sara (nombre ficticio) optó por acudir a un criador particular por las amplias condiciones y largos trámites que exigen las protectoras. Hasta ahí todo normal, pero los problemas empezaron después. Sara asegura que sufrió un «calvario» tras la adopción: «Gus» estuvo a punto de morir. Tras darse de frente con el problema, la joven descubrió que el criador no contaba con los permisos necesarios. «El dueño me dijo que tenía dos meses.

En la cartilla, que estaba sellada ponía que venía desparasitado y con la primera vacuna», explica. Pero el veterinario al que acudió desmontó esa versión: «Gus» no tenía más de tres semanas y los papeles eran falsos. «Contacté con el dueño de “Gus” a través de un foro. Le comenté que estaba interesada y me dijo que si lo quería tenía que ir ese mismo día a por él», relata Sara. Aunque reconoce que le pareció que tenía «prisa» por venderlo, la joven aceptó porque estaba «muy emocionada» y no le dio «importancia». En el momento de la entrega Sara reclamó la factura. «Me dijo que no porque era un particular, que le llamase si tenía algún problema». «Gus» pasó su primera noche junto a Sara con diarrea. Su dueña se preocupó aún más cuando vio que había sangre en las heces y lo llevó al veterinario. Allí le dijeron que el cachorro no estaba desparasitado y recomendaron su ingreso. ¿La factura? 500 euros. Sara no disponía de tanto dinero y decidió tratar a «Gus» un poco «a ojo». Funcionó, y el can sobrevivió. «El vendedor me dijo que le enviase un informe para comprobar que lo que decía era cierto.

El veterinario me recomendó que no me gastase los cien euros que vale porque no iba a servir para nada; me iba a engañar otra vez», lamenta. En España no hay ninguna entidad que cuantifique las denuncias por criaderos ilegales. Aún así, el Seprona de la Guardia Civil actúa con asiduidad contra estos negocios que operan al margen de la normativa. «Para que la venta sea legal el vendedor debe emitir una factura y el animal tener más de tres meses», advierte Mati Cubillo, miembro de Justicia Animal. Esta asociación sin ánimo de lucro se ocupa de dar voz al maltrato animal.

La razón de que el cachorro no puedan tener menos de doce semanas es que ese es el momento en que se vacuna a los canes contra la rabia. También deben tener chip identificativo y una cartilla oficial sellada por un centro veterinario. Cubillo explica además que el criadero debe disponer de una zona de paridera y de un «núcleo zoológico». Es decir, un lugar en el que se sientan protegidos y que cuente con unas condiciones de higiene óptimas. Además, la empresa debe estar dada de alta como criadero. Los primeros en documentar las condiciones de los criaderos ilegales fueron los responsables de «Veggie for Animals», que encontraron un centro en la localidad madrileña de Tres Cantos con casi un centenar de canes: «Hasta hemos visto una chimenea en la que había perros ya sin vida». El Seprona ya se ha hecho cargo de la investigación.

La nueva Ley de Protección de Animal endurecerá las penas contra estas malas prácticas. La normativa obligará a los establecimientos a contar con un veterinario y todo el personal deberá hacer un curso de formación. En la actualidad, nueve de cada diez cachorros que viven en criaderos proceden de Europa del Este. «Los compran a cuarenta euros y los venden a más del doble», advierte Cubillo, que recuerda que la importación no es ilegal.