Condenan al Imserso a pagar 800.000 euros a una afectada por la talidomida

La Audiencia Nacional ha ordenado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) indemnizar con 748.000 euros a una víctima de la talidomida, después de que el Tribunal Supremo eliminara la obligación de someter a los afectados, previamente reconocidos como tales, a nuevas evaluaciones para recibir las ayudas. El pasado junio, la Sala de lo Contencioso del Supremo emitió dos sentencias que anularon varios artículos de un real decreto aprobado en julio del año anterior por el Gobierno, que regulaba la concesión de ayudas a los perjudicados por este medicamento,responsable de causar malformaciones en fetos entre 1950 y 1985. Este decreto establecía como condición para recibir la ayuda que la persona afectada estuviera inscrita en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, con un informe de validación positivo.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), junto a cinco afectados, habían impugnado el decreto ante el Supremo, argumentando que la nueva revisión exigida ponía en riesgo el reconocimiento oficial de su condición de afectados. El Supremo falló a su favor, lo que según Avite permitirá acerca de cien afectados iniciar reclamaciones contra el Imserso. La primera de estas sentencias ha llegado esta semana: el Juzgado Central de lo Contencioso número 4 de la Audiencia Nacional ha dictaminado que el Imserso debe compensar a una afectada con 748.000 euros, más los intereses legales. El abogado Ignacio Martínez, de la Asociación El Defensor del Paciente y Avite, llevó el caso.

El fallo judicial, al que ha accedido EFE, aclara que la condición de afectado por la talidomida no solo se certifica mediante la inscripción en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, sino también a través de otros actos administrativos, como la jubilación anticipada o el reconocimiento de la discapacidad causada por el fármaco. La Audiencia Nacional deja claro que la demandante cumple con todos los requisitos para recibir las ayudas. Desde Avite han celebrado el fallo, calificándolo como un avance importante en el proceso jurídico que ha durado ya 14 años, resultado de las secuelas que la talidomida ha dejado en España.