Religión

Cremades entrega (por fin) su auditoría antiabusos a los obispos

El cardenal Omella recibe el informe con diez meses de retraso y con malestar por la actitud del bufete

Javier Cremades entrega el informe sobre abusos en la Iglesia al cardenal Juan José Omella.CEE20/12/2023
Cremades entrega en persona al cardenal Omella el informe sobre abusos sexuales a menores en la IglesiaCEEEuropa Press

El presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, se ha desplazado hasta la sede de la Conferencia Episcopal Española para hacer entrega de la auditoría independiente que busca radiografiar la crisis de los abusos a menores en el seno de la Iglesia. Se trata de un encargo realizado por los propios obispos en febrero de 2022 y que tenía prevista una duración aproximada de un año. Sin embargo, las constantes demoras en la entrega por parte del bufete ha propiciado que su finalización se haya demorado diez meses más.

Además, la recta final de recepción del estudio se ha topado con no pocos imprevistos. Entre ellos, las desavenencias entre el propio equipo de Cremades que acabó desencadenando la salida del despacho del que llegó a ser coordinador del trabajo, Alfredo Dagnino, letrado del Consejo de Estado y un referente del laicado eclesial, en tanto que ha sido presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU.

Desde las diócesis y las congregaciones también se ha extendido la sospecha en estos meses sobre la rigurosidad de la metodología y la calidad del trabajo de campo realizado por el equipo dedicado a esta cuestión, sobre todo, cuando lo han comparado con la profesionalidad mostrada por los expertos delegados por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para el mismo fin: investigar el trabajo que viene realizando la Iglesia en materia de justicia restaurativa y de prevención.

A estas críticas se suman las quejas de las víctimas sobre la atención recibida, cuando desde Cremades & Calvo-Sotelo abrieron una línea de comunicación para recabar sus testimonios para incorporarlos al informe. En este tiempo también ha trascendido que los gastos generados durante la investigación habrían ascendido al menos a 1,2 millones de euros, tal y como desvelaron en su momento a LA RAZÓN fuentes de la Conferencia Episcopal. En esta cifra no se incluiría el trabajo gratuito en sí de la investigación, puesto que el propio Cremades anunció el día de la firma del contrato que no cobraría.

Entre el Episcopado el malestar fue todavía mayor cuando constataron diferencias entre los diferentes borradores o avances informativos sobre las conclusiones recibidas y, sobre todo, por los constantes aplazamientos solicitados. No gustó entre los obispos que se culpara al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma y a las propias diócesis en la entrega de datos para justificar su tardanza. Este argumentario ha sido tachado por algunas mitras como «meras excusas».

Esta desconfianza se ha acrecentado hasta el final. Prueba de ello es que entre algunas mitras y báculos se llegó a plantear la posibilidad de romper directamente con Cremades y desvincularse del informe. A tal efecto se convocó una Asamblea Plenaria Extraordinaria semipresencial, en la que se acordó dar una enésima oportunidad al despacho.

En estos días, un nuevo sobresalto ha vuelto a quebrar la relación. El pasado viernes 15 de diciembre, fecha marcada por el propio Cremades para entregar el informe, se generó cierta tensión en la cúpula eclesial por las maneras en las que se llevó a cabo el envío telemático. Finalmente este miércoles ha recibido físicamente la auditoría el presidente del Episcopado, el cardenal Juan José Omella. El acto tuvo lugar a puerta cerrada en la denominada Casa de la Iglesia. El rostro del purpurado en las imágenes oficiales distribuidas parece reflejar el trance por el que atraviesa el negociado entre Cremades y Iglesia. El propio Omella, hace una semana, manifestó públicamente en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa que el estudio «llega un poco tarde», en tanto que los obispos ya han hecho suyas las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, publicado hace dos meses. Los obispos trabajan incluso en su propio plan de reparación integral a las víctimas, que incluiría indemnizaciones incluso para aquellas cuyos caso no hayan pasado por la justicia civil.

Una vez entregado, se espera la publicación del informe en los próximos días para que sea escrutado por los medios de comunicación y la opinión pública.