Ministerio de Educación

Curso 2016-2017: con reválidas y sin selectividad

Más de ocho millones de alumnos de Primaria y Secundaria arrancan el nuevo curso en un año que culmina la implantación de la Lomce. 4º de ESO y 2º de Bachillerato tendrán pruebas finales

El número de alumnos en el curso 2015-2016 aumentó en más de 20.000
El número de alumnos en el curso 2015-2016 aumentó en más de 20.000larazon

Más de 8.000.000 de alumnos de enseñanzas no universitarias comienzan a partir de septiembre el nuevo curso escolar que supondrá la casi plena implantación de la Lomce. 2º y 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato eran los últimos cursos que faltaban por adaptarse a la nueva normativa, con lo que los alumnos ya dispondrán de libros acordes con la nueva ley.

La otra novedad es que en este curso se aplicará, por primera vez, la reválida de final de Secundaria, esta vez sin efectos académicos con lo que, aunque no aprueben, podrán seguir estudiando. También se implanta la de final de Bachillerato, que servirá para entrar en la universidad, aunque no para obtener el título este curso –aunque sí el próximo–. Ambas, no obstante, tendrán carácter experimental.

En el caso de la prueba de final de la ESO, los alumnos tendrán que examinarse de siete materias: Lengua, Lengua Extranjera, Matemáticas, Geografía e Historia, dos troncales de opción y una específica. No habrá un día concreto para que se realice en toda España, sino que las comunidades autónomas serán las que pongan la fecha. El examen de cada asignatura tendrá una duración de 60 minutos con un descanso mínimo de 15 entre ellas. La prueba del último curso de Secundaria contendrá preguntas abiertas y semiabiertas y de tipo test. Estarán contextualizadas en entornos próximos al alumnado: situaciones familiares, escolares, sociales... El número máximo de preguntas será de 15 y podrá realizarse tanto en soporte papel como en digital. No servirá para hacer ranking e incluye cuestionarios de contexto anónimos, como ocurrirá también en la prueba de Bachillerato, dirigidos a alumnos, padres, profesorado y dirección de centro. En el caso de la ESO las reválidas computarán un 30% de la nota final y no podrán presentarse a la prueba con más de dos asignaturas suspensas.

De la prueba final de Bachillerato tendrán que examinarse este curso académico cerca de 300.000 alumnos. Los rectores solicitaron al Ministerio de Educación el pasado marzo la prórroga de la selectividad que se venía realizando, pero no se podía contravenir la aplicación del calendario de la ley, con lo cual se llegó a un acuerdo de tal manera que la prueba de final de Bachillerato se transformase únicamente en una prueba de acceso a la universidad. En ese momento, el presidente de los rectores, Segundo Píriz, lo consideró la «solución menos mala porque no rompe el distrito único y permite la movilidad. Además da certidumbre a los padres, alumnos y profesores». Los contenidos los desarrollarán las comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio, pero la prueba, tal y como está diseñada, será similar a la selectividad que se ha celebrado hasta ahora.

También entrará en vigor la nueva fórmula prevista para el nombramiento de los directores de los centros que se prevé hacer con criterios «públicos y objetivos» y tendrán que rendir cuentas del trabajo realizado. Por otra parte, pierde peso el Consejo Escolar como órgano de representación a favor de una comisión mixta entre el centro y la administración.

La implantación de esta ley orgánica sigue adelante a pesar de la falta de consenso que existe en torno a su implantación, pero lo cierto es que los intentos de frenarla a través de distintas iniciativas parlamentarias han sido en balde. Y es que «para derogar una ley orgánica es necesario que exista una ley alternativa que tardaría en tramitarse en el Parlamento al menos ocho meses. Los currículo y el calendario están blindados al tratarse de una ley orgánica que necesitaría la mayoría absoluta de la cámara para una modificación», asegura Mario Gutiérrez, presidente de CSIF. El presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández Guisado, considera que pese al pacto de investidura, no es tan fácil derogar una ley orgánica como la Lomce: «No podemos hablar de paralización, pero puede que en el futuro los cambios afecten a las evaluaciones» precisamente sobre la que existen muchas discrepancias y espina dorsal de la Lomce. Fernández Guisado considera que en 3º de la ESO «no se puede condicionar a un alumno para que elija entre enseñanzas profesionales y académicas, porque puede que no lo tenga claro», por ello reclama una «mayor flexibilidad» .

La paralización también perjudicaría notablemente a los editores que han realizado una inversión de 200 millones de euros en todas las adaptaciones que ha exigido la Lomce. «El retorno de esta inversión no se producirá hasta pasados cuatro años».