El curso escolar arranca con menos alumnos en las aulas y con un profesorado en tensión

El curso escolar 2025-2026 arranca esta semana para más de ocho millones de alumnos en toda España con nuevos desafíos sobre la mesa. Las cifras del Ministerio de Educación y FP reflejan una realidad incontestable: el sistema educativo pierde alumnos. Ya el año pasado hubo 14.726 menos y los datos oficiales del Ministerio, que se conocerán en los próximos días, no harán más que constatar esta tendencia a la baja.

De momento, ya en la última década, la Educación Infantil ha perdido el 15% de su alumnado y para 2050 podrían faltar 800.000 estudiantes de entre 3 y 15 años por el invierno demográfico. De ello da fe Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, quien ha alertado de que «en Madrid, donde nunca habíamos tenido problemas de alumnado, algunos centros empiezan a tener dificultades para llenar aulas. En Asturias la situación es dramática». Sin embargo, la Educación Infantil es la gran damnificada. «Donde más se nota es en la etapa no concertada, como el 0-3. Se están creando plazas públicas gratuitas, lo que está hundiendo a las escuelas infantiles privadas», añade Centeno. Es por esto por lo que el sector reclama un modelo de concertación que evite el cierre masivo de centros.

De momento, el curso escolar arranca con una natalidad que empieza a desplomarse, con políticas educativas que navegan entre los desencuentros territoriales y las exigencias del sector educativo con un profesorado cada vez más desmotivado. El Ministerio de Pilar Alegría asegura que no hay grandes novedades este curso escolar con la Lomloe ya implantada. Pero bullen otros conflictos en el sector: la regulación de las pantallas, la desmotivación de la escuela concertada y la queja unánime de sindicatos y patronales de la «parálisis ministerial».

Las pantallas, sin regulación estatal

Después de que el Ministerio haya invertido millones en digitalizar aulas, comunidades como Madrid, Galicia o Aragón han empezado a prohibir el uso de dispositivos en clase. El Ministerio rechaza de plano entrar en una regulación estatal, como sí hizo con los teléfonos móviles: «el uso en los colegios se hace con supervisión y control de los profesores», argumenta un portavoz ministerial. Por eso considera que cualquier regulación tiene que provenir de las comunidades autónomas o de los consejos escolares. Pero la medida ha generado cierto caos: «Hay incoherencias evidentes en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid», denuncia Centeno. «Si las pantallas son perjudiciales, ¿por qué la medida solo afecta a la pública y concertada, y no a los colegios privados, a los que sí se permite el uso de dispositivos digitales?». Más aún, Escuelas Católicas, sin ir más lejos, no descarta ir a los tribunales en Madrid por la regulación que se ha hecho sobre el uso de pantallas porque, a su juicio, «atenta contra la autonomía de los centros y desmantela inversiones hechas con fondos europeos».

Francisco Venzalá, presidente del sindicato independiente de profesores ANPE, coincide en la idea de que «prohibir sin más el uso individual de dispositivos significa poner trabas al aprendizaje cooperativo».

CSIF, a través de su presidente Mario Gutiérrez, va más allá: «Algunas reformas han negado el valor del esfuerzo y la memoria. Pero es imposible analizar o resolver problemas sin una base sólida de contenidos». Es por esto por lo que ANPE y CSIF exigen un marco estatal que evite «prohibiciones arbitrarias».

Crisis en el profesorado

Mientras, los sindicatos alertan de una crisis sin precedentes en la profesión. «Nunca había visto al profesorado con tanta desesperación y ganas de jubilarse», afirma Gutiérrez (CSIF). La falta de atractivo de la profesión es ya un drama: «En las últimas oposiciones se quedó sin cubrir el 24% de las plazas. Los nuevos titulados ya no quieren ser docentes», sentencia Gutiérrez.

Venzalá (ANPE) exige «un marco común para la profesión docente» que iguale condiciones en todas comunidades: «No puede ser que en una comunidad haya refuerzos de PT, por ejemplo, y en otra no».

Carrera profesional del profesor, pendiente

Uno de los frentes abiertos que más preocupa al profesorado es la negociación de su carrera profesional y condiciones laborales.

El Ministerio de Educación ha convocado el próximo martes 23 de septiembre la segunda reunión del grupo de trabajo 4, que tiene que ver con condiciones laborales del profesorado (ratios, burocracia, horario lectivo...).

Venzalá advierte de que «no será una mesa de negociación, sino una reunión de trabajo. Sin embargo, la desconfianza es palpable tras meses de retrasos. «Llevamos meses esperando. El curso pasado todo quedó paralizado el 30 de abril sin avances». El sindicato exige un marco común estatal que homogeneice unas condiciones que hoy son un «batiburrillo» de normas dispersas, con diferencias abismales entre comunidades en horario lectivo, recursos de apoyo u orientadores. «Somos realistas: un estatuto del profesorado es inviable con esta aritmética parlamentaria, pero al menos que fijen unas bases homogéneas», reclama Venzalá. De momento, la promesa del Ministerio de hacer de ésta una legislatura dedicada al docente parece que empezará a coger ritmo la semana que viene, mientras el reloj político corre.

Desilusión en la concertada

La escuela concertada, en la que estudian uno de cada tres alumnos tampoco pasa por su mejor momento. Se siente abandonada por el Gobierno central. Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, no duda al afirmar que para el Ministerio de Pilar Alegría, «la enseñanza concertada no es ninguna prioridad».

Y se ampara para hacer esta afirmación en un incumplimiento: la no constitución de la comisión de estudio del coste del puesto escolar, un compromiso recogido en la LOE y reforzado en la Lomloe. «Tanto la ministra como el secretario de Estado nos confirmaron que iban a citar a las organizaciones... Pero pasó septiembre, octubre, noviembre, Navidad… y nada», relata Centeno con frustración. Este estancamiento no es casual, a su juicio, sino deliberado: «En un acto público, el secretario de Estado de Educación reconoció que la prioridad del Gobierno es la enseñanza pública. Hasta que no avanzaran en el estatuto docente y otros temas, no iban a iniciar los trabajos de la comisión del módulo», lamentó. A esta queja se une el hecho de que tampoco se han celebrado reuniones de la mesa de enseñanza concertada. De ahí la sensación de «abandono institucional total» e incluso de «desánimo» en el sector, según relata. La situación se agrava con el debate sobre la segregación y el alumnado inmigrante.

Centeno desmiente rotundamente la narrativa que acusa a la concertada de no acoger a inmigrantes o de usar las cuotas como barrera: «Es falso. Tenemos alumnado inmigrante y queremos más, pero reclamamos recursos para atenderles adecuadamente». En su opinión, el verdadero problema es que «se están reubicando alumnos para forzar equilibrios entre pública y concertada», una medida que va en contra de la libertad de elección de las familias y de la autonomía de los centros. «La ideología se ha metido demasiado en la educación, y las decisiones no se toman pensando en el rendimiento escolar».

El curso empieza, así, con los problemas de siempre. «La educación es como una casa vieja que nadie cuida: al cabo de unos años acaba cayéndose», visualiza Gutiérrez, quien avisa de que los próximos informes educativos no traerán buenas noticias para España. En lo que todos están de acuerdo es en que España necesita un pacto educativo estable. Pero como dice Centeno, «hoy eso es más difícil que colonizar Marte».